“Si eras afectado por el aceite de colza te señalaban y te estigmatizaban”
Tres víctimas de la enfermedad causada por ingerir el aceite adulterado reviven el doloroso proceso
Jesús Lozano vivió su sexto cumpleaños dentro de una “especie de pecera”. Era 1981 y no entendía lo que pasaba. Compartía habitación con otros diez niños que lloraban de dolor. Todos víctimas de una enfermedad entonces desconocida, provocada por el aceite de colza adulterado vendido a granel que muchas familias compraban por su bajo precio. “Con 10 años ya te das cuenta de que tu madre lleva tres años en el Hospital 12 de Octubre y que no sale, empiezas a echar de menos a tu abuelo que ha fallecido y a tu hermano que se fue con tu tía a 55 kilómetros y no lo ves desde hace cuatro años”, recuerda hoy, todavía con las secuelas de la enfermedad. “No me planteo tener una familia, no me veo capacitado para mantenerla. Me veo totalmente decaído, inválido, perdido”.
Lozano es el secretario adjunto de “Seguimos Viviendo”. Carmen Cortés creó esta plataforma para reivindicar los derechos de las víctimas del síndrome del aceite tóxico (SAT). Cortés, de 51 años, también sufrió los efectos del aceite tóxico. A los 14 años dejó por primera vez su hogar porque fue ingresada en el Hospital Clínico San Carlos. Estuvo 10 meses con importantes afectaciones orgánicas, neuromusculares y perdió más de 20 kilos. “Muchos pacientes morían. Los profesionales y las familias nos lo ocultaban para que no decayésemos”.
Cortés trabajó de auxiliar de enfermería hasta que en 1992 una hernia discal le impidió continuar. Debido a eso, cobra una pensión por incapacidad laboral de 750 euros. En el 2000 cobró una indemnización por una incapacidad menor provocada por el aceite tóxico (150.250 euros, de los que se le descontó aproximadamente el 20% por las ayudas que se le habían otorgado previamente).
Actualmente, Cortés no recibe ni ayuda económica familiar complementaria ni ayuda a domicilio. “El Estado no ha protegido a las víctimas y estamos sufriendo una segunda victimización”, reivindica. La madrileña asegura que lo único que quieren conseguir es reconocimiento y reparación de la dignidad para fallecidos y víctimas. “Todo el mundo habla de enfermedades raras menos del síndrome tóxico”, asegura.
Mercedes García, contrajo la enfermedad mientras estaba preparándose para unas oposiciones a las que nunca pudo presentarse. “Tenía calambres, no podía dormir, era incapaz de darle a una tecla de una máquina de escribir”, recuerda. Cuenta indignada lo que ocurrió con las indemnizaciones que recibieron algunas familias afectadas después del juicio. “En este país una víctima fallecida no recibió 15 millones de pesetas (90.150 euros). De ahí el Estado les descontó gran parte, incluso lo otorgado para las prótesis y sillas de ruedas que tuvieron que utilizar antes de fallecer”, afirma.
“Si esto hubiese ocurrido hoy, el juicio sería muy distinto”
La cantidad de afectados —25.000 en 20 provincias— y la obligatoriedad de hacer público el proceso judicial por el caso del aceite de colza obligó a que, por primera vez, las sesiones salieran de la sede de la Audiencia Nacional trasladándose a la Casa de Campo. Los miembros de Seguimos Viviendo lo recuerdan desde sus distintos contextos.
En 1985, cuando arrancó el juicio, García estaba embarazada de cinco meses. Aún se lamenta de que solo pudo acudir un mes y medio a las sesiones para no perjudicar al feto con el detector de metales de los juzgados.
Lozano apenas recuerda el proceso. “Yo veía todo en casa por las noticias de la televisión. No me enteré de gran cosa porque mis abuelos me protegían. Lo poco que se me viene a la mente es el macrojuicio en la Casa de Campo, ese pabellón lleno de gente y las botellas de aceite que iban y venían”, afirma. Confiesa que en aquel momento si eras afectado del síndrome tóxico “te señalaban y te estigmatizaban”.
PSOE, Podemos y Ciudadanos recibirán a la plataforma este jueves en el Congreso. “Este es un problema de hace 36 años. Vamos a agilizar la Proposición No de Ley (PNL). No queremos que ningún grupo político venda nuestra situación, buscamos unidad parlamentaria”. Después de intervenir en el Congreso acudirán a la Audiencia Nacional para pedir los expedientes médicos de todas aquellas personas que están afectadas por el síndrome tóxico.
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