Iglesias acusa al Gobierno de dar “directrices” para “politizar delitos” como la agresión de Alsasua

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Podemos discrepa de que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016 deba ser juzgada como terrorismo, pero además cree que esa calificación jurídica responde a "directrices" del Gobierno. Así lo ha manifestado este viernes el líder, Pablo Iglesias, que ha vuelto a defender que este caso "banaliza al terrorismo", por "llamar terrorismo a cualquier cosa". Podemos se reunió este miércoles con las familias de los agresores de Alsasua y calificó a los procesados también de "víctimas", al estar sometidos a un juicio "injusto y desproporcionado" por juzgarse los hechos como terrorismo en la Audiencia Nacional.

"Cuando ETA ha dejado de actuar, que la Audiencia Nacional actúe más que nunca creo que responde a unas directrices que se están dando desde el Ministerio de justicia y del Gobierno que no son sensatas, y que tratan de politizar algunos delitos que son delitos comunes. Agredir a alguien es un delito y un hecho moralmente reprobable. Convertir cualquier agresión en un delito de terrorismo creo que es un error", ha argumentado el líder de Podemos en una entrevista en Onda Cero. Fue la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien calificó el pasado noviembre en su auto los hechos como terrorismo, con apoyo de la Fiscalía, así como la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que conoció del recurso y mantuvo esa calificación jurídica. Iglesias ha reconocido no haber leído el auto de procesamiento.

"No es sensato juzgar una agresión desde la excepcionalidad", ha insistido el líder de Podemos, que considera que la Audiencia Nacional "no está para intervenir en todos los casos en los que se produce un ilícito civil o penal". Ahora bien, el líder de Podemos no ha respaldado otras palabras de su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, que redujo los hechos a una "pelea de bar". "Lo tendrá que establecer un juez", ha apostillado Iglesias.

Podemos ha suscrito esta semana un manifiesto junto a otros grupos como ERC, EH Bildu, PDeCAT y PNV en el que reclaman la puesta en libertad a los tres jóvenes que permanecen en prisión por la agresión de Alsasua, así como la "eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo". El manifiesto provocó malestar en algunos diputados de Podemos, que se desmarcaron del mismo, como el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos y el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido este viernes que se deje trabajar a la juez que instruye la causa y ha avisado de que "descalificar" el trabajo de un magistrado desde esferas de "relevancia política" es presionarle, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER.

La agresión ocurrió en octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua (Navarra). Los dos guardias, un teniente y un sargento, estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes procesados, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según el relato de la juez, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar. Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó el pasado noviembre auto de procesamiento contra nueve los supuestos autores, de entre 19 y 24 años, por delitos de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio. Además, la juez envió al Juzgado Central de Menores la causa contra dos de los supuestos agresores, que no han cumplido aún los 18 años. De los nueve procesados, tres permanecen en prisión.

La magistrada afirma en su auto que todos los procesados “conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”. La agresión se produjo, según Lamela “dentro del ambiente del movimiento Alde Hemendik! (¡Fuera de aquí! en euskera), cuyo objetivo principal desde sus inicios es la negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Fuerzas Armadas, en Navarra y el País Vasco”.

La noticia provocó en su día debate sobre si podía haber un delito de terrorismo sin una organización activa detrás. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la sala de lo Penal de este tribunal entienden que sí. Otros penalistas discrepan de esta interpretación y consideran que la agresión debería sancionarse de otra forma.