El exconsejero Alavedra admite la acusación de corrupción urbanística en el ‘caso Pretoria’

El exalto cargo de la Generalitat obtuvo comisiones de 3,24 millones de euros

Juicio por la trama de Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña. En el vídeo, declaraciones del exconsejero Alavedra.Vídeo: Fernando Villar EFE

Macià Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997, durante la presidencia de Jordi Pujol, ha reconocido y aceptado este jueves las acusaciones de la fiscalía en el caso Pretoria de corrupción urbanística. El expolítico y empresario, de 82 años, ha admitido que percibió comisiones de 3,24 millones de euros –el 4% del precio final– por intermediar en la venta de terrenos en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, cuyo desarrollo urbanístico controlaban gracias a la influencia de Luis Andrés García, Luigi, exdiputado autonómico del PSC metido a conseguidor inmobiliario. Estas ganancias, pagadas por las empresas adjudicatarias de las operaciones urbanísticas, fueron ocultadas a través de un entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales.

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La confesión de Alavedra le valdrá una rebaja en la petición de pena cuando la fiscal Ana Cuenca emita su informe de conclusiones definitivas. El ministerio público le reclamaba hasta ahora una pena de seis años y diez meses de prisión y multas de 10,3 millones de euros. Tras la confesión, la fiscal ha anunciado que pedirá una pena "que no implique el ingreso en prisión" -aunque mantiene las multas, todavía pendientes de pago- y se ha mostrado a favor de que el expolítico, de 82 años, no tenga que seguir acudiendo a las sesiones del juicio.

En Sant Andreu, Alavedra y Prenafeta, secretario de Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, intermediaron en la adquisición de dos fincas afectadas por el proyecto Can Riviere, para luego venderlas, a cambio de una comisión del 4% del precio de adquisición a la empresa que desarrolló finalmente el proyecto.

En el caso de Badalona, Alavedra ha reconocido que se concertó con Prenafeta y Luigi para intermediar en la venta de unos terrenos públicos, propiedad de antiguo Instituto de Crédito Oficial, a cambio de una comisión, también del 4% del precio final de venta. Según la fiscalía, “la situación de dominio” que ostentaban los tres socios en el ámbito de las adjudicaciones públicas, y “lo notorio de la influencia que ejercían sobre los cargos públicos” relacionados con las mismas, provocó que el concurso de venta de estos terrenos públicos quedara inicialmente desierto, lo que les permitió quedarse con las parcelas después financiando a la entidad pública Marina Badalona, que posteriormente los vendería a un inversor privado que pagaría la comisión.

Alavedra ha reconocido en su declaración tener una relación estrecha de amistad con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su sucesor Artur Mas. La fiscal sostiene que el exconsejero se sirvió de la cercanía con Pujol para sus negocios privados.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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