Ciberacosador, reincidente y sin castigo

En los foros de Internet para adolescentes a veces se hacía pasar por la embaucadora Elisa o Lisha. Otras se identificaba como Benji y adoptaba una actitud más amenazante. En realidad, siempre era Benjamín Cabello Sánchez, un hombre de 30 años de la localidad de Puerto Real (Cádiz), al que la policía detuvo el pasado 14 de marzo acusado de ciberacosar a 30 menores españoles. No era la primera vez. En 2008 y 2009 ya fue arrestado por hechos similares, destaca la Policía Nacional. La primera de ellas, a petición de Estonia, donde se le relacionaba con el suicidio de un menor por las presiones a las que supuestamente le había sometido para que le enviara fotografías y vídeos de contenido sexual. Por aquella detención, iba a ser juzgado en junio de 2013, pero la vista aún no se ha podido celebrar por dificultades para que declaren los testigos desde el país báltico.

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Ahora, Cabello ha sido arrestado dentro de una investigación iniciada en septiembre de 2016 por el Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza tras la denuncia presentada por un padre que descubrió que su hijo adolescente y sus amigos intercambiaban fotografías íntimas con una supuesta chica de 14 años. Las indagaciones policiales permitieron identificar a seis víctimas —con dos de las cuales el ciberacosador había intentado concertar una cita— y determinar que detrás estaba presuntamente Cabello. En el momento de su arresto, los agentes localizaron a través del ordenador que intervinieron en su domicilio 2.000 fotografías y vídeos de menores que ocultaba en un espacio de almacenamiento virtual. Según la policía, en las imágenes aparecen más de 30 víctimas, lo que hace prever más denunciantes. Tras tomarle declaración, el juez de Puerto Real ordenó su ingreso en prisión acusado de corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil.

Es la tercera vez que Cabello ingresa en prisión. La primera fue en octubre de 2008, tras ser detenido a instancias de las autoridades de Estonia. Entonces, la policía española encontró en sus equipos informáticos 17.952 archivos con vídeos y fotografías ordenados en carpetas con el nombre de cada una de sus víctimas o bajo epígrafes más genéricos como “noruegos”. En ellos, aparecían cerca de 70 menores, 43 de los cuales fueron identificados como estonios.

Un mes después de aquella detención, el magistrado del Juzgado de Instrucción de Puerto Real dejó al presunto ciberacosador en libertad con cargos. Los padres del sospechoso accedieron a la recomendación de la policía y le retiraron todo acceso a Internet. Sin embargo, Cabello se hizo con un móvil y presuntamente volvió a contactar en foros con menores. En septiembre de 2009, las autoridades de Estonia volvieron a alertar a la Policía española de que el presunto ciberacosador continuaba con sus amenazas y que, incluso, había proporcionado a sus víctimas tanto su dirección postal como su número de teléfono para que contactasen con él. Fue detenido y, por segunda vez, ingresó en prisión. El 7 de diciembre de 2010 fue excarcelado después de que su abogado alegase que no existía riesgo de fuga y que aún no había fecha para juzgarle.

Coacciones e injurias

En noviembre de 2011 finalizó la instrucción de la causa y el juez ordenó abrir juicio oral contra él por 48 delitos de utilización de menores para elaborar material pornográfico, 13 delitos de coacciones, dos delitos de abusos sexuales, cuatro de injurias graves y dos más de injurias graves con publicidad. Tanto el juez como la fiscalía eludieron incluir la acusación de inducción al suicidio al no tener “pruebas suficientes”, como reconocieron entonces fuentes judiciales al diario Público.

El Juzgado Penal 3 de Cádiz fijó la vista para junio de 2013. Sin embargo, la misma tuvo que ser suspendida “por las dificultades a la hora de tramitar comisiones rogatorias para localizar a más de 40 testigos en Estonia (su filiación y domicilio), y ante los obstáculos encontrados para obtener estas testificales a través de videoconferencias”, según han detallado ahora fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Un retraso que suma ya más de tres años a pesar de que, según estas mismas fuentes, los juzgados de Cádiz han solicitado “en más de cinco ocasiones a las autoridades de Estonia y a la Interpol su auxilio para localizar a los testigos, con el fin de poder convocar de nuevo el juicio, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta”. La última vez, en noviembre de 2016.