Condena de 38.000 euros al Tribunal de Cuentas por el enchufe del hermano de un jefe
El Supremo ordena por sexta vez al órgano fiscalizador que convoque la plaza
Cuatro sentencias y dos autos ha tenido que dictar desde 2014 el Tribunal Supremo para que el Tribunal de Cuentas le haga caso y vuelva a convocar con todas las garantías la plaza que otorgó en 2013 a Enrique Medina, hermano de Javier Medina, vicepresidente de facto de este organismo y presidente de la Sección de Fiscalización. El Supremo acaba de dictar un auto, su sexta resolución sobre este asunto, en el que censura el favoritismo del órgano fiscalizador y convoque esa plaza de acuerdo con la ley. Además, y debido al reiterado incumplimiento de sus seis resoluciones, le ha impuestos costas que ascienden ya a 38.000 euros, dinero que deberá pagar el tribunal de sus arcas. En este asunto, el Tribunal de Cuentas modificó sobre la marcha la bases para excluir a una candidata del propio tribunal que reunía todos los requisitos y ajustarlas a los méritos del hermano de su número dos.
EL PAÍS destapó el 23 de junio de 2014 que los lazos de parentesco dentro del tribunal afectaban a un centenar de los aproximadamente 700 trabajadores de que dispone el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos políticos. Y que había nepotismo en numerosos casos de familiares de consejeros, altos cargos y representantes sindicales. El presidente, Ramón Álvarez de Miranda, se vio forzado en julio de 2014 a dar explicaciones en el Congreso sobre este asunto.Allí anunció modificaciones en los tribunales de la oposición para evitar los casos de nepotismo que sacudían a su tribunal.
El último auto dictado por la Sala III de lo Contencioso-administrativo del Supremo sobre la plaza de subdirector dada a dedo a Enrique Medina está fechado hace ocho días. E impone más costas aún al Tribunal de Cuentas, otros 10.000 euros (y ya van 38.000 euros).
Se da la circunstancia de que el hermano de Enrique, Javier, número dos del tribunal de cuentas, tiene en el tribunal a su esposa y a otra hermana, y a una pariente de su mujer. Tras el escándalo sobre los casos de nepotismo en este organismo y las primeras sentencias del Supremo sobre el caso de Enrique Medina, este dejó el puesto y ahora trabaja como alto cargo en otro organismo público, Mercasa. Y la plaza fue ocupada provisionalmente por un letrado procedente del Tribunal Constitucional. El Supremo ordena que esa plaza sea convocada de nuevo con todas las garantías de equidad y legalidad.
El indiscreto correo electrónico
En julio de 2012, Javier Medina renovó por otros 9 años su cargo de consejero, esta vez a propuesta del PP. Ocho de los 12 consejeros del Tribunal convocaron en 2014 un pleno para tratar, entre otras cuestiones, la remisión de un correo electrónico enviado de forma unilateral y sin consenso al Gobierno por uno de los consejeros. Había un pantallazo que indicaba que el remitente era Medina, y le exigieron explicaciones por su contenido, que él negó y atribuyó a que alguien se habría metido en su ordenador. El correo contenía una propuesta legislativa para modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y aparentaba ser una demanda de todos los consejeros. Medina aspira el próximo año a la presidencia del Tribunal de Cuentas.
En su penúltima resolución del 25 de abril de 2016, el Supremo anula la plaza otorgada a dedo a Enrique Medina y declara que el Tribunal de Cuentas ha cometido "una desviación de poder”, y le impone 9.000 euros en costas. En este último auto, en el que el Supremo rechaza por “contradictorios” los argumentos de la secretaria general del Tribunal, Ana Puig, en el sentido de que la sentencia ya ha sido cumplida, subraya que los incumplimientos de sus fallos denotan una “finalidad desviada de conceder el puesto de trabajo en litigio favoreciendo a un funcionario determinado”.
Las irregularidades de procedimiento que ha descubierto el Supremo en este largo proceso nacen en 2012. Enrique Medina, funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (del Ministerio de Agricultura), fue apartado como gerente del Tribunal de Cuentas. Y recolocado, en comisión de servicios, como subdirector técnico, adscrito a la Presidencia del Tribunal. Para ese puesto se dictaron unos requisitos. El aspirante debía, señalan las bases, tener "experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informes”. Otro punto de las bases imponía el dominio de los idiomas "de inglés y francés, y experiencia en el desempeño de un puesto similar”. En su currículo, Enrique Medina afirmaba que, en lengua extranjera, su conocimiento se limitaba a “un nivel medio de inglés”. Nada de francés.
El 15 de marzo de 2013 fue cuando el tribunal convocó la citada plaza. De los 16 solicitantes, tres ya estaban destinados en el organismo. Y solo había una auditora del Tribunal de Cuentas entre esos tres. Solo ella podía acreditar experiencia en un puesto similar, como recogían las bases. Y también acreditaba ella en su currículo el dominio de ambos idiomas. Justo al presentar ella la solicitud, la Presidencia del Tribunal de Cuentas, el 4 de abril de 2013, modificó la convocatoria y quitó el requisito de tener que conocer los citados idiomas. Y, además, excluyó de la convocatoria a los integrantes de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas, al que pertenecía la citada aspirante. Tras estos descartes, solo Enrique Medina cumplía los requisitos. Y accedió a la plaza. Un funcionario del Tribuna de Cuentas llevó tales irregularidades al Tribunal Supremo, que una y otra vez le ha dado la razón ante los distintos incidentes que han ido demorando el proceso hasta este último auto del pasado 8 de febrero.
“Acordamos”, señala el ponente del auto, el juez del Supremo Jorge Rodríguez Zapata, “que el Tribunal de Cuentas debe convocar de inmediato el puesto en litigio de Subdirector técnico, nivel 30, de la Presidencia del Tribunal, por el sistema de libre designación, indicando en forma expresa que lo hace en ejecución de la sentencia 897/2016, de 25 de abril para que, posteriormente y, tras la tramitación legal, se produzca su adjudicación en favor de quien en Derecho corresponda”. Y añade: “No aceptamos que la sentencia (…) haya sido ejecutada por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas (…)”.
La citada comisión la integran el presidente, Ramón Álvarez de Miranda, el ya citado vicepresidente, Javier Medina, hermano de Enrique (estos dos nombrados a propuesta del PP), y el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García, a propuesta del PSOE. El órgano fiscalizador de las 600 administraciones públicas de España tiene mayoría de consejeros propuestos por el PP (siete de los 12).
La absolución de Álvarez del Manzano por hacer regalos con dinero público
Javier Medina lleva 16 años como consejero del tribunal. Su hermano Enrique arribó al Tribunal de Cuentas cuando él era un alto cargo en el organismo pero antes de ser consejero, en 2001. Lo hizo en el marco de un procedimiento de libre discreción; es decir, a dedo. Procedía del Ministerio de Agricultura. En una carta remitida por Medina a El Confidencial, que se hacía eco de los enchufes destapados por este periódico, Medina indicaba que su hermano había llegado mediante “un concurso de méritos”. El BOE de 23 de enero de 1990 le desmiente.
En su primer mandato de nueve años, en 2003, Javier Medina, el actual vicepresidente, votó a favor de la absolución del antiguo alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, investigado por el supuesto uso indebido de fondos del Ayuntamiento por importe de 103.776 euros. El alcalde había hecho donativos con ese dinero a entidades religiosas, regalos y viajes privados. Un consejero del PP y Medina impusieron la absolución a la entonces presidenta de Sección de Enjuiciamiento, la Consejera Pérez Tórtola, designada a propuesta del PSOE, partidaria de la condena. La entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, arremetió contra la credibilidad del tribunal. También criticó el fallo la entonces la portavoz de IU, Inés Sabanés. Lo tachó de “desastre”.
investigacion@elpais.es
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