El comisario del ‘caso Villarejo’ deja la investigación y pasa a ser acusación

El comisario Marcelino Martín-Blas, máximo responsable policial de la investigación sobre la supuesta participación del también policía José Villarejo en una grabación ilegal del caso del Pequeño Nicolás, ha comunicado formalmente al juez que instruye la causa, Arturo Zamarriego, que ha solicitado “ser apartado de la comisión judicial” que se encargaba de las pesquisas para poder personarse en la causa como acusación particular al considerarse “perjudicado” del aquel suceso.

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En el escrito, que entró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid el pasado 3 de marzo, el alto mando policial plantea al magistrado varias diligencias “para determinar si existió connivencia de concretas autoridades policiales y personas relacionadas con determinados medios de comunicación en la interceptación, manipulación y difusión” de la conversación que él mantuvo con agentes de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuyo origen se investiga dentro de la pieza separada número 2 del caso Nicolay. Previsiblemente, el juez Zamarriego no será quien decida sobre el asunto ya que abandona la causa la semana que viene porque ha ascendido a la Audiencia Provincial.

Martín Blas, que se jubila el 11 de abril, pide la declaración como imputados de tres policías, entre ellas el ya investigado comisario Villarejo, y de seis periodistas y responsables de medios de comunicación. Uno de los primeros es el también comisario Eugenio Pino, quien hasta su jubilación el pasado verano era el máximo jefe de la Policía desde su puesto de director Adjunto Operativo (DAO). En su caso, el hasta ahora responsable de la investigación quiere que se le tome declaración como imputado por "las contradicciones que se observan entre su declaración en sede judicial y la denuncia" que puso contra el propio Martín Blas dentro del sumario del Pequeño Nicolás. Según destaca el escrito, Pino aseguró que él había dado el responsable de las pesquisas "su beneplácito para reunirse con personal" del CNI para posteriormente manifestar " todo lo contrario".

También considera que el antiguo DAO admitió en su declaración como testigo un supuesto delito de vulneración de comunicaciones "al reconocer que a finales de 2014 sin autorización judicial habilitante escudriñó el tráfico telefónico" de la antena que daba cobertura a la zona donde está situada la sede de Asuntos Internos "al objeto de descubrir los autores de las llamadas" que supuestamente facilitaron que se grabara la conversación en dicho edificio entre Martín Blas y los agentes del CNI. El comisario también quiere que el que fuera su jefe directo detalle ante el juez "sus relaciones y conversaciones y reuniones" con Villarejo sobre dicho suceso "cuando tenía pleno conocimiento" de la vinculación de este último con el diario digital Información Sensible. En el escrito destaca que a través de este medio de comunicación "se había filtrado numerosa información confidencial incluso estando bajo secreto las presentes diligencias así como información laboral y personal" del propio Martín Blas.

Por último, el alto mando policial quiere que el comisario Pino detalle el puesto de trabajo y "funciones específicas" del comisario Villarejo, así como las "dependencias policiales que ocupaba" ya que este último señaló que ejercía como "adjunto al entonces director Adjunto Operativo". Para aclarar este punto, Martín Blas también quiere que vuelva a ser citado a declarar como investigado el propio Villarejo al considerar que dicho puesto "no existe en el catálogo de la Policía Nacional". El comisario Martín Blas también solicita que su antiguo compañero aclare si desde ese puesto tuvo acceso "a la grabación ilícita o información relativa a la misma puesto que se filtró información confidencial y sujeta al secreto de actuaciones" a través del diario digital que "controla". En el escrito reclama la celebración de un careo entre Pino y Villarejo "a los efectos de aclarar las contradicciones de sus declaraciones respecto a los puestos de trabajo y funciones así como respecto a las reuniones relativas a la grabación ilícita que mantuvieron".

El tercer policía al que el hasta ahora responsable de la comisión judicial quiere que el juez Zamarriego cite como imputado es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Eugenio Pino en la DAO. Pretende que este aclare quién fue la persona que le remitió a su cuenta de correo electrónico personal una copia de la grabación ilegal "y por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades judiciales". Según detalla en su escrito, Martín Blas pretende con ello saber "cuándo se tuvo en la Dirección Adjunta Operativa conocimiento" de la misma ya que fue posteriormente reenviada por este inspector jefe desde la dirección de email corporativa que tenía a terceras personas.