Amnistía Internacional aconseja acercar a los presos de ETA a su lugar de arraigo

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El informe contrasta las iniciativas y estudios realizados por las instituciones vascas con el Gobierno central así como la falta de colaboración de éste con el Ejecutivo autónomo. Llama la atención sobre las deficiencias en la investigación de las víctimas del terrorismo, tanto de ETA como de otros grupos; la ausencia de investigación sobre torturas y la inadecuación de la política penitenciaria, media década después de final del terrorismo.

Sobre las víctimas de ETA. El informe denuncia que existen víctimas de ETA cuyos casos no han sido suficientemente investigados y resalta cómo las fuentes no coinciden en sus cifras. Mientras la Audiencia Nacional admite que hay 224 casos sin esclarecer —de 12 de ellos, incluso, se desconoce el estado procesal de la causa—, el Gobierno vasco lo fija en 197 mientras la Fundación de Víctimas del Terrorismo lo eleva a 326.

El informe resalta, también, cómo desde el País Vasco se han promovido numerosos estudios para conocer el alcance de las vulneraciones de derechos humanos por parte de ETA y otros grupos armados, algo que no ha hecho el Gobierno central. Sorprende la ausencia de datos oficiales a nivel estatal sobre el número de personas fallecidas por la violencia de ETA, el de heridos, de quienes sufrieron extorsión o han visto otros derechos vulnerados. Interior se limita a informar de las víctimas indemnizadas mientras el Informe Foronda atribuye a ETA 803 asesinatos; el Gobierno vasco eleva la cifra a 849 y la Oficina de Atención de Víctimas, a 856.

Sobre las víctimas del GAL y el BVE (Batallón Vasco Español). Buena parte de sus atentados y sus 67 asesinatos han quedado impunes. Los GAL cometieron 27 asesinatos y no se han esclarecido el 37% de sus atentados. Tampoco existió investigación judicial sobre 24 asesinatos del Batallón Vasco Español (BVE) y grupos afines de los 40 cometidos. Asimismo, el informe muestra su preocupación porque a algunas víctimas de los GAL y del BVE se les deniegue la indemnización a la que tienen derecho por su supuesta vinculación a organizaciones terroristas sin que se haya probado dicha vinculación. Las víctimas han presentado 25 recursos ante el Tribunal Supremo e instancias europeas.

Sobre las víctimas de la tortura. El informe asegura que ha documentado casos de tortura y malos tratos en España en dependencias policiales y en el contexto de la lucha antiterrorista por las Fuerzas de Seguridad desde hace décadas. Resalta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España siete veces, desde 2010.

Un informe reciente del Gobierno vasco recoge 4.009 denuncias de tortura. El Instituto Vasco de Criminología eleva a 21 las sentencias condenatorias con 50 condenados. Amnistía Internacional, tras estudiar 450 sentencias, expresa su preocupación ante sentencias firmes y condenatorias por delitos de torturas, cuyos responsables habían sido absueltos por prescripción o en las que no se había identificado a los autores. Una situación de impunidad, según el informe.

El escrito aconseja a las autoridades españolas que procuren que todas las personas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo siempre que sea posible y lo soliciten individualmente. Esta advertencia coincide con una petición ampliamente mayoritaria de los partidos vascos a favor del acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi para favorecer su reinserción.