El Gobierno no recurre al Constitucional el reglamento para la desconexión exprés de Cataluña

El Gobierno, tras consultar a la Abogacía del Estado, no cree que la decisión acordada por la mesa del Parlament catalán deba ser recurrida ya al Tribunal Constitucional. Piensa que aún no ha llegado ese momento porque la medida no se puede ligar directa y únicamente a una presunta desconexión de Cataluña en el proceso independentista. La respuesta se delegó así este martes en el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que anunció en el Senado que intentará consensuar con los parlamentarios catalanes de Ciudadanos, Cataluña Sí que es Pot y PSC un recurso de amparo a sus derechos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió la respuesta específica sobre qué puede hacer el Gobierno ante este nuevo reto en el proceso separatista y optó por el aviso político: “No irán a ningún sitio por mucho que corran”. Y acusó a la Generalitat de huir hacia adelante “en una realidad paralela” sin los catalanes detrás. Al ser interrogada por el posible recurso al Constitucional la número dos del ejecutivo ha dicho que el Gobierno ya ha dado hasta ahora todas las respuestas "políticas" y "jurídicas" a los "desafíos" que impulsa la Generalitat.

Soraya Sáenz de Santamaría ha incidido este martes, en el Senado, en la crítica política al nacionalismo: "Lo que tiene una gran relevancia es que ni siquiera quieran someterse a un debate en Cataluña. Eso es lo que les importa la opinión del conjunto de los catalanes". La vicepresidenta reseñó así que las autoridades y partidos nacionalistas catalanes han hecho caso omiso hasta ahora a las advertencias del Gobierno español, del Tribunal Constitucional, de la Unión Europea, del Consell de Garantías catalán y ahora de su propio parlamento.

Santamaría reforzó sus respuestas de argumentos políticos tras recalcar que "la legitimación de todo este proceso brilla por su ausencia". Y añadió: "Creo que cuantos menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso, negando un debate en el Parlamento en una situación de tantísima envergadura". El argumentario del Gobierno y del PP es que todas estas iniciativas no van a ningún sitio y son una tapadera. La vicepresidenta acusó así a la Generalitat de huir hacia adelante en una realidad paralela: "No van a ningún sitio por mucho que corran y el problema es que están corriendo, pero lo que están dejando es a Cataluña los problemas de los catalanes detrás".

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, aprovechó su comparecencia en el Senado para destacar "la línea de locura" a la que cree han llegado los responsables del proceso independentista: "Se demuestra que en Cataluña los grupos mayoritarios del Parlament han perdido la vergüenza y no tienen ningún complejo en poner en riesgo la democracia y el parlamentarismo. Una decisión de este tipo es una vulneración clara de los derechos de los diputados".

Su compañera parlamentaria del PP en Cataluña y vicesecretaria nacional de Estudios y Programas, Andrea Levy, fue la primera que respondió ayer a esa decisión de la mesa del parlamento en Cataluña para "dejar muy claro que lo no va a ninguna parte desde luego no va a avanzar en el camino de la ilegalidad". Levy añadió que los independentistas de Junts pel Sí “pueden intentar hacer subterfugios a la legalidad que no lo van a conseguir y lo saben y por eso están tan nerviosos intentando dar pasos a ninguna parte". Y avanzó: "El Gobierno de España responderá a cada ilegalidad con la ley, con el Estado de derecho y los independentistas van a tener los planes muy cortos si lo que quieren es llevarnos a ilegalidades”.

Por parte del PSOE la réplica llegó en la voz del líder del PSC, Miquel Iceta: “Pretender cambiar el reglamento de Cataluña para que lo que ellos dicen que será la ley más importante en 300 siglos de historia se apruebe de tapadillo, con nocturnidad o por la puerta de atrás nos parece indigno para los que lo proponen e insoportable para los que en teoría se nos va a imponer”.

El primer secretario del PSC agregó sobre sus intenciones ahora: “Vamos a trabajar para que eso no suceda con todos los instrumentos de la legalidad (…) Si se empeñan en mantener la disposición adicional 31 del proyecto de ley de presupuestos será el PSC el que se plante a la puerta del Tribunal Constitucional para pedir que eso sea anulado”. El artículo citado prevé “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”.

“No se pueden romper las reglas de juego”, insistió Iceta. “En Cataluña el Gobierno independentista ha decidido saltarse todas las reglas (…) Ya no es el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Abogado del Estado o el Fiscal General del Estado sino que es el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña el que dice que la Generalitat no puede organizar un referéndum como el que el Gobierno se ha comprometido a realizar”, señaló el dirigente socialista catalán en una línea de contraataque muy parecida a la del Gobierno de Mariano Rajoy y del propio PP.

“La secesión tiene un componente político y un componente jurídico. Desde el punto de vista político, el Gobierno debe intentar llegar a acuerdos políticos que preserven la unidad del Estado y solucionen el problema de Cataluña; desde el punto de vista jurídico se ha saltado la ley y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar que se vulneren las leyes”, ha apuntado el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. “Nosotros estamos en sintonía con la negociación y en absoluta discrepancia con que se hayan sobrepasado el marco legal del país”, ha reiterado.