Obsesionada por ser madre a la edad de ser abuela

A Mauricia Ibáñez ya la conocían en el hospital Recoletas de Burgos cuando atravesó sus puertas hace cinco meses. Tras someterse a un proceso de fecundación en una clínica de Nueva York, esta exfuncionaria se plantó el pasado otoño en las Urgencias del pequeño centro privado castellano-leonés y comunicó a los doctores su embarazo. "Estoy de cuatro meses y este es el tratamiento que me han puesto en EE UU", le dijo a los médicos, mientras insistía en que deseaba dar a luz allí. Como había hecho solo seis años antes, cuando nació su primera hija. "Y esta vez, como entonces, el parto ha transcurrido sin ninguna incidencia", subraya el coordinador asistencial y jefe de la UCI, Sergio Ossa, que lleva dos días acribillado a preguntas de los periodistas. Pero no le importa. Entiende que no es un caso más. Ibáñez ha tenido mellizos con 64 años después de que le quitaran a su primogénita por "desamparo" en 2014.

"Desde que llegó, nosotros hemos seguido todos los protocolos habituales. Nuestra obligación y compromiso es atender a todos los pacientes", continúa Enrique Martín, jefe médico de este hospital burgalés, de apenas 100 camas y ubicado junto al río Arlanzón. Aquí, el pasado 14 de febrero, nacieron los dos pequeños. El primero, a las 16.08 horas, era un niño de 2,420 kilos. Un minuto después, a las 16.09, le tocó el turno a su hermana: de 2,200. "Los dos están estupendamente y en planta con la madre", prosigue Ossa, que remacha: "Descansando y recuperándose. En cuatro o cinco días podrán recibir el alta". La previsión es que salgan a principios de la semana que viene.

Pero, mientras la tranquilidad reina en su habitación, fuera se vaticina marejada. La trascendencia pública de este parto se ha multiplicado. Por la edad de la madre, sometida a un tratamiento cuyo precio puede superar los 65.000 dólares (61.234 euros) en Estados Unidos, y por el enfrentamiento judicial que mantiene con la Junta de Castilla y León. El Gobierno regional consiguió que un magistrado le retirara la custodia de su primera hija, con la que vivía en Palacios de la Sierra, un pequeño pueblo de 750 habitantes a unos 70 kilómetros de Burgos.

Según consta en una sentencia de la Audiencia Provincial, los servicios sociales concluyeron que la menor sufría "cierto aislamiento", vestía de forma "inadecuada", presentaba una "higiene deficitaria" y residía en una vivienda sin las "condiciones higiénicas mínimas y saludables". "La madre tiende a evitar relacionarse con otras personas. Tiene un comportamiento asocial y de rechazo al apoyo familiar, que provocan que la menor viva en un hogar aislado del mundo exterior", apostillaron los técnicos en sus informes, donde insistían en que Ibáñez rechazó los planes de ayuda y no enviaba a su hija a la escuela "pese a las indicaciones realizadas por los profesionales".

Toda una batería de acusaciones que rechaza Juan Carlos Sáiz, abogado de la sexagenaria, que explica que la mujer no ha tenido pareja estable en las últimas décadas y no se planteó ser madre hasta que ya era mayor. Preguntado sobre cómo financió la fecundación hasta en dos ocasiones, el letrado explica que vive de su pensión como alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y procede de una familia adinerada —su padre tenía una empresa maderera—.

Por otra parte, según el letrado, las afirmaciones de servicios sociales responden exclusivamente a una estrategia de acoso de la Junta para quitar la custodia a Ibáñez por motivos "éticos y morales". "No aceptan que una mujer de esa edad tenga esa vocación de maternidad", afirma Sáiz, antes de destacar que un auto de la Audiencia Provincial obligó a la Junta a "agotar todas las posibilidades" antes de separar a madre e hija: "Pero no lo han cumplido, ya que no le han prestado ninguna ayuda a Mauricia para que, en el caso de fuera necesario, adquiriese las habilidades para ejercer la patria potestad". La Junta sostiene que todo lo que ha hecho es legal.

"Desde el Ayuntamiento creemos que la decisión que se ha adoptado no es la correcta, ya que está fundamentada en denuncias antiguas y no se ha tenido en cuenta la situación actual de la menor", subrayaba también Estíbaliz Llorente, alcaldesa de Palacios de la Sierra, en una carta donde señalaba que la sexagenaria ya contaba con el apoyo familiar suficiente en el pueblo para atender a su hija, que fue entregada por servicios sociales a una prima que vive en Canadá con su pareja. Contactada por este diario, la regidora no ha querido hacer declaraciones. En el pueblo también recogieron medio centenar de firmas de apoyo a Mauricia.

"Todas las decisiones que se han tomado sobre la niña han sido avaladas por los tribunales", responde un portavoz de la Consejería de Familia, apenas unas horas después de que la Junta haya anunciado la puesta en marcha de un protocolo de "seguimiento permanente" de los mellizos. El Gobierno autonómico, a su vez, contactó con el hospital burgalés para interesarse por los recién nacidos, dados los antecedentes.

Mauricia Ibáñez lleva años queriendo ser madre. De hecho, en 2009, cuando ya se encontraba incapacitada laboralmente por un trastorno paranoide de personalidad, su hermana recurrió a los tribunales para intentar que la declararan en "estado de incapacidad total", le prohibieran viajar al extranjero y proseguir con un tratamiento de fertilidad al que se había sometido. Pero el juez desestimó la demanda en base a las conclusiones de los psicólogos; que determinaron que su estado "no le impide cuidarse de sí misma, ni cuidar de un niño". "Puede dificultarle para ser madre, pero no le impide ejercer funciones maternales", concluyeron los técnicos hace casi una década. Desde entonces, la mujer no ha cejado en su intento de tener hijos. Y esta semana volvió a conseguir su objetivo.