Las fiscales de Púnica atribuyen al exculpado presidente de Murcia un “plan criminal” para desviar fondos

No han podido actuar contra él por imperativo jerárquico —sus superiores, empezando por el fiscal general de Estado, José Manuel Maza, no ven delito—, pero ellas lo tienen muy claro. Las dos fiscales que investigan el caso Púnica de corrupción, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, consideran que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), “elaboró”, junto a otros supuestos miembros de la trama, un “plan criminal” para “desviar” a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro “fondos públicos” de la consejería autonómica de Educación, que dirigió desde abril de 2014 hasta julio de 2015, cuando alcanzó la presidencia.

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Así lo hacen constar las fiscales en un informe al juez Eloy Velasco sobre la senadora del PP Pilar Barreiro, la otra aforada de esta causa. El documento, pese a su estilo oficial, deja traslucir las diferencias de criterio entre las fiscales, que llevan el caso desde 2014, y sus jefes.

Gálvez y García Cerdá no han podido pedir al juez Velasco, que atribuye a Sánchez delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que ponga la causa en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al ser este aforado. Sin embargo, las dos fiscales sostienen sin rodeos que el político se concertó con De Pedro para sufragar, con cargo al presupuesto público, el “gasto personal” de una serie de trabajos para mejorar su imagen en Internet y las redes sociales. El acuerdo también contemplaba, las fiscales no albergan duda de ello, que el conseguidor usara sus “influencias dentro del PP nacional” y “promocionase políticamente” a Sánchez en su carrera hacia la presidencia murciana.

El criterio fijado por el fiscal general Maza, que recabó para ello informes de dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica y de cuatro fiscales de Sala del Supremo, dejará a Sánchez sin más molestia que la acusación popular, que ejerce la asociación Adade. Pero Gálvez y García Cerdá no se apean de afirmar que el presidente murciano, siendo consejero, acordó con De Pedro realizar un “contrato de cobertura” por el cual los trabajos de limpieza de su imagen pública quedarían camuflados como labores de “formación”, un concepto genérico pero que se puede atribuir sin levantar demasiadas sospechas a un departamento como el de Educación.

El proyecto para relanzar con dinero del contribuyente la marca personal del político duraba siete meses, desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015, tras los comicios autonómicos, a razón de 4.600 euros mensuales. La detención y encarcelamiento de De Pedro el 27 de octubre de 2014 en la Operación Púnica desbarató el “plan criminal” antes de que la consejería hubiera librado los fondos. Sánchez logró su objetivo político sin las artes del conseguidor: el 3 de julio de 2015 fue elegido presidente de Murcia en primera votación con los votos de PP y Ciudadanos.

Los entrecomillados citados hasta ahora y referidos a Pedro Antonio Sánchez –“plan criminal”, “desviar fondos públicos”, “contrato de cobertura”- figuran en un informe de las fiscales Gálvez y García Cerdá sobre la otra aforada de la trama, Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, y que también participaba y se iba a beneficiar del plan de De Pedro con Sánchez. Contra ella, las fiscales sí que han recibido luz verde para actuar. El informe, remitido el lunes al juez Eloy Velasco, instructor de la Púnica, pide al magistrado que envía la causa contra Barreiro al Tribunal Supremo, a quien le corresponde investigarla por ser parlamentaria nacional.

Perjuicio no consumado

La diferencia que aprecian el fiscal general Maza y los fiscales de Sala –la élite de la carrera- entre ambos políticos es técnica. Mientras que en el caso de Pedro Antonio Sánchez el gasto ilegal en la Consejería de Cultura no se llegó a consumar, pese a que ya estaba todo acordado, en el caso de Barreiro sí que se llegaron a desviar fondos del Ayuntamiento de Cartagena para mejorar la imagen de esta y se produjo un perjuicio efectivo a las arcas públicas.

El informe contrario al traslado de la causa contra Sánchez al tribunal superior de Murcia no lo firman las dos fiscales del caso, sino su superior jerárquica Belén Suárez, teniente fiscal Anticorrupción. Esta fiscal, que aspira a dirigir el departamento en la renovación que está pendiente de culminarse este mes, fue la que en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dio parte a Maza de las posibles acciones contra el presidente murciano. El fiscal general consultó con los fiscales de Sala de su Secretaría Técnica y del Supremo, quienes se mostraron unánimemente en contra de elevar el caso de Sánchez al tribunal superior.

Sin embargo, en su informe sobre Barreiro, las fiscales Gálvez y García Cerdá, al analizar el delito de fraude, recuerdan que “como señala la jurisprudencia (…), la mera maquinación para despatrimonializar al Estado realizado por un funcionario” ya encaja en el tipo penal. Las fiscales recuerdan una sentencia del Supremo en la que se castigó un “proyecto delictivo, [de fraude] que no pudo ser concluido” y, por si quedara alguna duda, dicen a continuación: “Ejemplo, el concierto para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia”, el caso del actual presidente Sánchez.

Al analizar este “concierto”, las fiscales del caso recuerdan el “sólido informe” de la Guardia Civil, en el que se refleja que Barreiro y Sánchez se reunieron hasta en tres ocasiones en hoteles de Madrid con Alejandro de Pedro y con el exalcalde de Cartagena por el PSOE José Antonio Alonso Conesa, mediador en estos acuerdos.

En cualquier caso, la última palabra sobre el futuro procesal de Sánchez quedará en manos del juez Eloy Velasco, que deberá pronunciarse en los próximos días.