Anticorrupción pide reabrir el caso de la caja b del PP
Las acusaciones particulares pidieron la reapertura tras las revelaciones del líder de la Gürtel
![Fernando J. Pérez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F63c76102-b506-49c3-9d55-996d3913fb4f.jpg?auth=f89e780cc248a9c413ea877fb3a202139132cbe98bfd1b3363e63d4bec357309&width=100&height=100&smart=true)
![Francisco Correa, en la Audiencia Nacional.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QJKPLRXVGEIXXAD4LGB6NYXANI.jpg?auth=d1eed56ce1794528d894647c16711c5e06c285467527eb0f46a83fd55b104529&width=414)
La fiscalía solicitó este viernes al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que reabra la causa sobre la caja b del PP, concluida en marzo de 2015 y pendiente de juicio. La acusación quiere que se investiguen en esa pieza las declaraciones de Francisco Correa en el juicio del caso Gürtel, en las que el cerebro de la trama aseguró que se repartió comisiones con el extesorero popular Luis Bárcenas por mediar en la concesión de contratos del Estado a grandes constructoras.
El llamado caso Bárcenas vuelve a estallarle al PP cuatro años después de que EL PAÍS publicara los manuscritos de la contabilidad paralela de la formación conservadora entre 1990 y 2008. El pasado 13 de octubre, durante su declaración como acusado en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el cabecilla de la red, Francisco Correa, aseguró que desde la llegada del PP al poder en 1996 cobró sobornos de entre el 2% y el 3% de grandes empresas del sector de la obra pública —entre las que citó ACS y OHL— por mediar en la concesión de contratos del Estado.
Correa se refirió en especial a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, los de mayor capacidad inversora, y dijo que se repartía los beneficios con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según su declaración, el encargado de las finanzas populares le dijo que destinaría los fondos al partido.
Tanto Bárcenas, también acusado en Gürtel, como el PP negaron haber participado en estas supuestas mordidas. Y las constructoras citadas por Correa en la vista oral anunciaron que presentarían querellas contra él por calumnias. Sin embargo, las acusaciones particulares encabezadas por Izquierda Unida y la asociación de abogados Adade, pidieron al juez José de la Mata, instructor del caso de la caja b del PP en la Audiencia Nacional, que reabriera este caso ante la gravedad y la novedad de las confesiones de Correa.
El magistrado instructor pidió un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre esta posible reapertura. El fiscal Antonio Romeral, que aspira a suceder al recién jubilado Antonio Salinas al frente de esta fiscalía especial, remitió este viernes al magistrado su dictamen favorable a revocar la conclusión del sumario, decretado por el juez Pablo Ruz en marzo de 2015, e investigar las revelaciones de Correa.
La fiscalía solicita, al igual que las acusaciones particulares, que, una vez reabierta la causa, declaren como investigados tanto el propio Correa como el empresario Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez, supuesto comisionista que participó, según Correa, en la recaudación de los fondos opacos.
El 24 de marzo de 2015, el juez Ruz concluyó la investigación sobre los papeles de Bárcenas y consideró acreditado que el PP dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008. Con los 7,5 millones de euros que llegó a acumular se sufragoron campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid.
En aquella resolución, redactada tras dos años de investigación, Ruz proponía juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos del magistrado.
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