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“Si los jueces hubiesen actuado ni mi nieta ni su madre estarían muertas”

El Poder Judicial ve un desamparo jurídico en el doble asesinato de una madre y su hija de nueve años

La vida ha sido extremadamente cruel con la niña dominicana Argelys Leonela. Estando en el vientre de su madre, a su padre lo mataron de un tiro durante un atraco en Santo Domingo (República Dominicana). Su abuela materna la crío en sus primeros años y cuando cumplió los siete la envió a España (al cuidado de una azafata del avión) para que se reuniera con su madre. Lo que sigue fue un infierno para ella: los dos años y seis meses que pasó en Madrid fue continuamente maltratada por el novio de su madre, que acabó arrojando a ambas, madre e hija, a las agua de un pozo de agua fecales de Zamora el 1 de julio de 2014. No está claro si ya estaban muertas. Algo debió pasar la víspera de ese día en la casa de Vallecas donde vivía la niña con su madre y el novio de esta. Cuando la policía irrumpió en ella, no halló excesivo desorden, pero faltaba el colchón de una cama. Y ellas estaban desaparecidas.

La abuela de la niña exhibe la pancarta que utilizó para buscar a su nieta y su ex nuera Ampliar foto
La abuela de la niña exhibe la pancarta que utilizó para buscar a su nieta y su ex nuera

Las acosaba a las dos. Su único consuelo era cuando él no estaba. Y algunos fines de semana de paseo por las calles del barrio de Arganzuela con su abuela paterna, Lorenzana Sánchez, conocida como Ayda, dominicana de 60 años. Ella también cambió Santo Domingo por Madrid tras la muerte violenta de su hijo. Ayda llevaba muchos meses presintiendo lo peor: "Veía a la niña nerviosa, atemorizada; me confió que la pareja de su madre se ponía como loco, les pegaba y rompía muebles a patadas"). Pero durante mucho tiempo Adolfina, la madre de la niña, restó importancia al asunto y regañaba a la menor cuando le contaba cosas a la abuela. "Oye, pon cuidado en mi nieta, que me cuenta cosas muy feas...", , le recordaba Ayda a su ex nuera. "No hagas caso, son cosas de niñas...". En realidad, Adolfina, de 30 años, también estaba atemorizada. En un diario que intervino la policía en la casa, Adolfina dejó escrita, entre oraciones, la siguiente petición: "Dios, te ruego que alejes a este hombre de mí y mi hija; es muy malo...". 

El juicio contra el doble asesino de Vallecas comenzará el próximo día 13 con un jurado popular en la Audiencia de Madrid

Cuando Raúl Álvarez, de 34 años, el novio, iba a recogerla, a Ayda se le descomponía el cuerpo. Se evitaban la mirada. Un día Ayda no aguantó más y denunció el calvario de su nieta en los juzgados de plaza de Castilla. En su escrito, a mano y con muchas faltas de ortografía, pedía ayuda a los jueces y describía la gravedad de lo que estaba ocurriendo con su nieta. La deficiente atención del juzgado ante la denuncia resultó fatal. "Si los jueces hubiesen actuado ni mi nieta ni su madre estarían muertas, y Raúl en la cárcel; es una pena lo que ha sucedido a mi niña con tan poquitos años", se enfada la abuela.

Raúl Álvarez, asesino confeso de la madre y su hija dominicanas.
Raúl Álvarez, asesino confeso de la madre y su hija dominicanas.

Argelys era una niña que llamaba la atención en el barrio. Amplios rizos y rostro dulce. Estaba interna de lunes a viernes en un colegio y sacaba notas espléndidas. Pero sus esporádicas sonrisas, cuando él no estaba, ocultaban angustiosos secretos. “Ahí viene otra vez mi pesadilla, abuela...”. Esta frase no se le va de la cabeza a Ayda. Se la decía su nieta cuando la pareja de su madre iba a recogerla para llevarla al piso de Puente Vallecas donde vivían, en la calle Sancho Panza. Ayda le advirtió varias veces a Raúl que no se le ocurriera tocar a su nieta; y su respuesta fue amenazarla.

Cuando Argelys y su madre fueron halladas muertas el 25 de noviembre de 2014 dentro de un pozo del término municipal de San Vicente de la Cabeza (400 habitantes, Zamora), limítrofe con Portugal, la abuela se retorció de rabia. Su presentimiento se había cumplido. El pozo, rodeado de abundante vegetación, estaba a 200 metros del pueblo, del que era oriundo Raúl y que solía visitar en vacaciones. Ayda ignora aún cómo y donde las mató (no han querido darle detalles, aunque las autopsias tampoco dan excesivas pistas). Y exige que Raúl sea condenado a más de 60 años de cárcel por dos asesinato y maltrato habitual. La abuela cree que su nieta fue violada, y eso lo conecta con la ausencia del colchón. "Se deshizo del colchón para que no hubiera vestigios de nada", indica Ayda.

El juicio contra este doble asesino confeso (tras marear a la policía durante cinco meses finalmente, acorralado por las pruebas, accedió a indicar a la policía el lugar donde había ocultado sendos cadáveres) se celebrará a partir del 13 de febrero en la Audiencia de Madrid. Hasta el momento se ha negado a declarar en sede judicial. No queda claro en la autopsia cómo las mató. Los forenses alegan que los cuerpos, arrojados a un pozo de aguas fecales, fueron hallados con un alto grado de descomposición. Su caso lo tramitó un juzgado de violencia machista de Madrid. En la causa no consta ningún informe psiquiátrico de Raúl. Se le considera totalmente cuerdo.

"Si los jueces hubiesen actuado ni mi nieta ni su madre estarían muertas, y Raún en cárcel; es una pena lo que ha sucedido con mi niña", sostiene la abuela.

Desde el minuto cero Ayda supo, según cuenta EL PAÍS, que “el asesino era Raúl”. La pequeña estaba a punto de regresar a Santo Domingo. Tenía billete para el 30 de junio de 2014. Al otro lado del Atlántico la esperaba su abuela materna. Nunca llegó. “Nos llamamos la otra abuela y yo porque la niña no había llegado, luego supimos que ni siquiera subió al avión”, describe Ayda.

La maleta se quedó hecha encima de la cama de la casa de Vallecas. “Ha sido Raúl, ha sido Raúl”, repetía a la policía. Poco antes de desaparecer la niña, la abuela recibió un premonitorio mensaje desde un teléfono oculto. “No volverás a ver a la niña jamás”. Como se ha negado a declarar y las únicas testigos están muertas, no está claro el móvil que guió su instinto asesino. La abogada de Ayda y su nieta en este proceso, María Ángeles Jaime, de la Asociación Mujeres Juristas, Themis, sostiene que no está claro, pero que pudo existir un móvil económico, robar los 20.000 euros que tenía ahorrados Adolfina, en la creencia de que ella quería abandonarle. Lo que sí tiene claro la abuela es que "no fue por celos".

Los cadávares fueron arrojados a un pozo de aguas fecales de la provincia de Zamora

La policía puso la lupa sobre él casi desde el principio, pero Raúl negaba una y otra vez saber nada de ellas. Fueron cruciales los posicionamiento de su teléfono para detenerle. Los agentes detectaron que se había desplazado desde Madrid a Zamora al día siguiente de la fecha del viaje de vacaciones que iba a realizar a Santo Domingo. pero se guardaron esa baza para el final. Cuando se vio acorralado, confesó que las habían enterrado en un colector del barrio madrileño de la Dehesa de la Villa. Los agentes buscaron sin éxito los cadáveres. Finalmente, se derrumbó y les llevó hasta el pozo de Zamora. “En los cinco meses en que estuvieron desaparecidas, el asesino tuvo tiempo de buscar y estar con otras tres mujeres; se reía de la policía", se lamenta. Ayda cree que por su aspecto ("porque somos negras") no le hicieron apenas caso los medios de comunicación en los cinco meses que estuvo buscando a su nieta y a su ex nuera Adolfina.

“Que se pudra en la cárcel por lo que ha hecho a mi nieta, tan pequeña y no dejarla vivir. Lo denuncié, pero no me hicieron caso", se emociona Ayda pensando en su nieta. Llevará al juicio un millar de firmas para que "Raúl cumpla íntegramente la pena que se le imponga". Ayda llevó la inacción judicial ante su denuncia al Consejo del Poder Judicial, que le ha dado la razón. En este asunto se produjo "un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", sostiene el órgano de gobierno de los jueces, que da luz verde a una eventual indemnización por parte del Estado español.

125.000 euros de indemnización

El día que se presentó en el juzgado de guardia de la plaza de Castilla de Madrid no sabía que tendría que escribir ella la denuncia. [Antes, los ciudadanos podían acudir al juzgado de guardia y un funcionario tomaba nota de la denuncia en su monitor o máquina de escribir; pero desde hace unos años el juzgado de guardia se limita a recoger denuncias ya escritas, o remiten a los denunciantes a cualquier comisaría para interponerlas]. Esto resultaría fatal a la postre.

Ayda apenas sabía juntar tres palabras. Y pidió ayuda a otra mujer que había en los juzgados y entre ambas redactaron allí mismo la denuncia, sobre un papel formulario que les facilitó el agente judicial. “Temo por mi nieta, la niña tiene mucho miedo (...) Raúl convive con mi ex nuera, la niña no es su hija; hasta a mi me ha amenazado con cortarme la cabeza si ella lo deja". En la denuncia abundaban las faltas de ortografía y se deslizó un maldito error. Puso como su domicilio el número dos de la calle "Debino Valles" en lugar de "Divino Valles" de Madrid. Fuentes del juzgado al que le correspondió por reparto la denuncia de Ayda aseguran que “lamentan profundamente” lo ocurrido, pero que la denuncia fue archivada "tras dos requerimientos negativos a los domicilios de la abuela y de la madre para tomarles declaración y que remitidos a los domicilios que indicó la denunciante, y que resultó ser un bar". Ayda no está satisfecha con esta explicación: “Es cierto que hubo ese error, pero también constaban los teléfonos".

El Consejo del Poder Judicial ha analizado este caso una denuncia de la abuela. El órgano de gobierno de los jueces ha concluido que la “administración de justicia” ha fallado ante el auxilio pedido por la abuela. Parte de que el juzgado debió realizar más gestiones para localizar a la denunciante dada la gravedad de los hechos que se exponían, y mostrar aun mas interés teniendo en cuenta la fragilidad de la denunciante a juzgar por su propia dificultad para redactar la denuncia. Ayda reclama al Estado 125.000 euros de indemnización. El Consejo ha informado al Ministerio de Justicia que se ha producido “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, que debe ser indemnizado.