El aspirante a relevar al rector de los plagios se saltó la ley de incompatibilidades

Javier Ramos, el único catedrático que se perfila hasta el momento para relevar al rector autor de plagios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), compatibilizó durante cuatro años su puesto de funcionario con el de director de una empresa privada, radicada en el Reino Unido y con sede en Madrid.

Ramos es el candidato oficialista señalado por Fernando Suárez en las elecciones en las que se debe elegir a su sustituto tras ser descubiertos una docena de plagios a una veintena de académicos. En la actualidad es el decano de Telecomunicaciones. Entre mayo de 2004 y abril de 2008, cuando ya era funcionario de la URJC y ejercía de director del departamento de Telecomunicaciones, Ramos fue también 'director' (en español, consejero) de Redsoft Solutions, una consultora de software, según consta en el equivalente al Registro Mercantil de Reino Unido con su firma.

La Ley de Incompatibilidades, que rige para los funcionarios, establece que "no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas incluidas las de carácter profesional [...] que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviese destinado". Y añade que estos no pueden tener una participación en acciones “superior al 10%” en una empresa. Además, es incompatible la dedicación exclusiva con un puesto ejecutivo que exige horas de esfuerzo.

Redsoft se creó a finales de 2003 en Bristol y en mayo de 2004 Ramos tomó el mando, que dejaría en abril de 2008. En ese periodo fue nombrado profesor titular, director de departamento y decano de la Escuela de Telecomunicaciones de la URJC. Ramos, que en una primera versión negó haber dirigido la empresa, detalla en un correo electrónico: “Mi función era orientar científicamente en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas”. Añade que no tuvo “relación laboral alguna” con la firma y que “el puesto de director no tenía ningún tipo de remuneración”. La definición que el Gobierno británico hace de ese puesto es la siguiente: “Son los responsables legales de administrar la empresa y cerciorarse de que las cuentas y sus notificaciones se preparan adecuadamente”.

El candidato a rector asegura que en 2007 finalizó su relación con la entidad, aunque en los documentos británicos figura un año más como director. En ese periodo, según Ramos, “esta empresa no recibió dinero de ninguna administración pública española y no habiendo relación laboral no existe incumplimiento de la ley de incompatibilidades”. Ramos califica de “error” que en su perfil de LinkedIn aparezca escrito “owner” (propietario) de Redsoft entre 2004 y 2007 y asegura no se explica que el teléfono de contacto en España sea su móvil. El LinkedIn de la empresa, por otro lado, remite a un negocio en India.

El rector de la URJC, Fernando Suárez, ejercía como vicerrector de Profesorado esos años, por lo que era responsable de revisar las incompatibilidades. A través de un portavoz, asegura que se hizo "una consulta verbal sobre este asunto y se vio que no incurría en ninguna cláusula o principio contemplado en la ley de incompatibilidades, por lo que no se tramitó ningún procedimiento administrativo o de instancia”. Por su parte, el consejero de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken, ejercía entonces como vicerrector de Investigación de la URJC. A través de un portavoz, aclara que él no era el encargado de revisar las compatibilidades, pero añade que la participación de Ramos en esta empresa no era ilegal. La ley citada rechaza que la supervisión de incompatibilidades se pueda resolver “verbalmente” en la universidad y además “corresponde al Ministerio de la Presidencia” emitir la resolución tras varios informes.

EL PAÍS ha consultado a cinco expertos universitarios que coinciden en que el procedimiento que siguió la URJC no es el adecuado. El catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, Julio González, subraya que “la legislación de funcionarios prohíbe cualquier tipo de desempeño de actividades privadas, salvo que se tenga una compatibilidad por escrito. La ley prohíbe actividades privadas más allá del hecho de cobrar o no. Todos los procedimientos administrativos tienen que resolverse por escrito”. Mientras Xavier Boltaina, profesor de Función Pública de la Universidad de Barcelona, añade: “No prejuzgo este caso en concreto, pero si no se ha solicitado esa resolución de compatibilidad el funcionario incurre en falta grave, aun en los supuestos en que sí sea compatible”.