La segunda vida de los Estacio y los Palate

“Aún me cuesta hablar. Duele. Son 10 años, pero es como si fuera ayer. Llegan estas fechas, estás con la familia, pero está ahí”. Carmen Estacio habla del atentado en el Aeropuerto de Barajas con el que ETA asesinó el 30 de diciembre de 2006 a su hermano Diego Armando y a Carlos Alonso Palate, dos ecuatorianos emigrados a España. La explosión reventó la tregua anunciada nueve meses antes. Llenó las calles de Quito de manifestantes. Y obligó a las familias de Estacio y Palate a un ejercicio de supervivencia: huérfanos de quienes proporcionaban parte de sus ingresos, hoy siguen luchando por salir adelante.

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De la soledad a los focos

Todo empieza en enero de 2007. Los bomberos tardan días en recuperar los cadáveres de entre los escombros del aparcamiento de la T-4. Cuando los encuentran, dos aviones militares los trasladan para ser enterrados en Ecuador. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se reúne de urgencia. Los familiares directos de los fallecidos obtienen la nacionalidad española. De la cincuentena de allegados a los que el Ejecutivo concede el visado y ayuda a viajar desde Ecuador, muchos reciben el permiso de residencia. Se les proporcionan también viviendas, atención psicológica, formación y oportunidades laborales. Entonces, llega la crisis financiera. El choque cultural de pasar de América a Europa, del Ecuador rural a la España urbanita. Y, con el paso del tiempo, comienza la diáspora: hoy muchos de aquellos familiares viven lejos de España, repartidos entre Ecuador e Italia.

“Estuvieron trabajando y viendo cómo es la vida aquí, un poco dura. Y se fueron, porque no se acostumbraron”, lamenta Carmen, que intenta organizar una misa en Madrid a la que acudan todos esos familiares que se han distribuido por medio mundo. “El modo de vida aquí es muy ajetreado, rápido. La gente va siempre deprisa”, sigue la hispanoecuatoriana, que trabaja como esteticista. “Mi padre dice que está todo duro, muy difícil. Que aquí cuesta más sobrevivir, son más cosas a pagar. Las cosas le vinieron un pelín duras”.

Diego Armando tenía 19 años. Le habían bautizado así en honor de Maradona. Tenía novia. El día del atentado, madrugó para ir al aeropuerto y se quedó esperando en el coche. Le enterraron en el cementerio del Parque de la Paz de Machala (Ecuador), mientras se lanzaban al cielo globos blancos para pedir la paz en el mundo y condenar el terrorismo. Hoy, en el décimo aniversario, la familia cuenta que su padre ha comprado la parcela contigua en el camposanto. Que el dolor no cesa. Que tuvieron que pleitear para que la Comunidad de Madrid registrara a su nombre una de las casas que les entregó como víctimas del terrorismo. Y que están agradecidos a las autoridades, que “cumplieron con todo”.

Palate, la otra víctima, fue al aeropuerto a acompañar a un amigo, Wilson Hernán, que tenía que recoger a su esposa. Mandaba 300 euros mensuales a su familia. Ese era el principal ingreso de su madre y de sus tres hermanos, a los que el Gobierno ayudó a trasladarse hasta España. La gran ciudad supuso un choque para ellos. María, su madre, recuperó la vista tras ser operada de cataratas. Sus hijos, Luis Geovanni, María Elvira y Luis Jaime se trasladaron junto a ella a Valencia. La joven trabajó en la recogida de la naranja. A Luis Jaime, con un déficit visual en un ojo, le ayudó a formarse la ONCE. Encontró trabajo y le despidieron con la crisis. Hoy es el único Palate que reside permanentemente en España, donde lucha su día a día en Almería, instalando cables de fibra óptica.

“Estoy buscándome la vida como cualquier persona”, cuenta. “La verdad es que ya no nos ayudan”, lamenta sobre las autoridades españolas. “Cada persona, su vida”, sigue, siempre con el recuerdo de su hermano presente. “Olvidar, no, porque siempre está. Prefiero no saber nada de ETA. No sabía la historia y mejor así. Como cualquiera, pido buen trabajo y apañar la vida como se pueda”.

Dos placas recuerdan a las víctimas en el nuevo aparcamiento del aeropuerto. Los familiares evocan al presidente Zapatero, cuyo equipo les siguió mandando cartas y preguntando por ellos durante años; al entonces príncipe Felipe, que acudió a una misa en recuerdo de las víctimas en Quito; o a las autoridades madrileñas y valencianas.

Sin embargo, el tránsito de estos 10 años ha sido duro. Los más de 200.000 euros que recibió del Estado cada familia como indemnización atrajeron a bancos españoles y ecuatorianos. Tuvieron que decidir entre invertir en su país y en España. Muchos no se adaptaron. Los pisos en los que se instalaron se convirtieron en una jaula de oro. Y la soledad también asfixia.

“Mucha gente quería aprovechar la coyuntura”, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de emigrantes Rumiñahui, que apoyó a los Palate. “Eran bastante pobres. La otra familia no tenía tantas dificultades. Su situación sociológica era un poco más estable”, sigue. “El hermano era el que sostenía a la familia. De la noche a la mañana se quedaron sin sustento. Eso les desestabilizó. Fueron a vivir a Valencia. Allí a veces estaban absolutamente solos”, lamenta. “Eso hizo mucha mella y llevó a que regresaran [a Ecuador]. Desconocían lo que era ETA. Después, se enteraron un poco. Y ya. Bastante tenían con lo suyo. Era el drama de la pura supervivencia: ¿Y ahora quién me va a mandar el dinero para comprar la comida? Se les hundió el mundo”.