Veinte colectivos piden al Congreso que la Iglesia devuelva los inmuebles inmatriculados

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La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que agrupa a 26 colectivos de todo el país, llevará al Congreso de los Diputados la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó al Estado por no defender los derechos de propiedad de una empresa ganadera frente al Opispado de Palencia. A través de la petición, la coordinadora exige al Congreso de los Diputados la creación de una comisión que determine el procedimiento más adecuado para restaurar la que consideran “legalidad conculcada por esta violación continuada de los derechos humanos” y la publicación del listado de todos los bienes que Iglesia Católica inmatriculó a su nombre antes de la reforma de la ley hipotecaria de 2015. Es decir, cuando los diocesanos podían inscribir las propiedades a su nombre sin otro requerimiento que un certificado del mismo Obispado.

El fallo de Estrasburgo, conocido el pasado 20 de diciembre, condena al Estado a indemnizar en 600.000 euros a la Sociedad Anónima del Ucieza por no haber llevado a cabo un juicio equitativo en la querella, durada casi dos décadas, entre la empresa y el Opispado de Palencia que, en 1994, inscribió a su nombre una capilla que se encontraba en la propiedad de la sociedad. "Tenemos derecho a saber y a reclamar", explica el portavoz de la coordinadora, Jorge García, "la sentencia representa un hito extraordinario después de años de opacidad" y representa "un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles", entre ellos la Mezquita Catedral de Córdoba.

Según un comunicado difundido por la coordinadora, la semana pasada el Ejecutivo volvió a negar la información requerida por el senador de Compromís, Carles Mulet, sobre inmatriculaciones en dos preguntas escritas. En su respuesta, el Gobierno defendió que "el Ministerio de Justicia no dispone de los datos relativos a las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia Católica [...]" y tampoco la tienen los decanatos Autonómicos o Territoriales. García, sin embargo, afirma que cuanto declarado por el Gobierno "es mentira".

El portavoz de la plataforma defiende que en Navarra y País Vasco la información se tramitó a través de los decanatos territoriales de los registradores, a raíz de las peticiones de los parlamentos autonómicos. La coordinadora considera que los tribunales españoles están obligados a aplicar la sentencia de Estrasburgo conforme al principio de Convencionalidad, que se desprende del artículo 96 de la Constitución Española. "Es inadmisible que un Estado como España tenga que responder de la violación de derechos humanos a Estrasburgo", concluye García.