La Xunta mantiene en sus puestos a los cargos sanitarios imputados por homicidio

Los dos altos cargos sanitarios de la Xunta de Galicia imputados por homicidio imprudente, por negar o retrasar la dispensación de fármacos contra la heptatisis C a enfermos que murieron sin recibirlos, permanecerán en sus cargos. El exdirector general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, tienen todo el respaldo del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña.

Feijóo adelantó la semana pasada su defensa absoluta hacia la actuación de los dirigentes a los que mantiene como pilares del sistema sanitario público. Tras conocer el auto de la Audiencia de A Coruña que obliga al juez a imputarles a ambos el supuesto delito de homicidio imprudente —hasta el momento estaban siendo investigados solo por prevaricación administrativa por los mismos hechos— el presidente gallego advirtió que no los cesaría. Feijóo basa su respaldo en su interpretación del auto judicial que, sostiene, “no se pronuncia sobre el fondo y en ningún caso hace una valoración desfavorable de la conducta de los investigados”. En su opinión, el auto ha sido dictado para “proteger y mejorar los derechos de los investigados”, por lo que no le causa “ninguna preocupación”. “Es un auto en beneficio de los investigados” concluyó el presidente de la Xunta.

Por su parte, el consejero de Sanidad ha incidido este lunes en la “profesionalidad” de los dos investigados y ha precisado que retirarlos de los cargos que ostentan supondría “un demérito” para la sanidad pública gallega.

En una entrevista en la Radio Galega, Almuíña ha defendido que Rubial y Gómez- Criado son “dos magníficos profesionales” y ha precisado que de lo que se les acusa “no es de que muriese gente, sino de que hubiese un retraso en el tratamiento” farmacológico. El consejero de Sanidad asegura que la Xunta demostrará que “no hubo retraso”. Feijóo y Almuíña afirman que ha habido muertes “antes de los tratamientos, en ese período y en el actual”.

En su declaración judicial el pasado abril, los dos investigados reconocieron que la comisión creada para controlar la dispensación de los costosos fármacos no excluía a pacientes a los que su médico especialista les había recetado el Sofosbuvir, sino que "priorizaba" a afectados cuyo grave estado cumplían ciertos requisitos. Ambos atribuyeron las decisiones a médicos designados por la Administración.