Nuevo puente, mismo origen y destino

Resulta mal negocio que el PP y el PSOE acometan por sí solos una reforma constitucional, como lo hubiera sido que uno solo de ellos se hubiera lanzado a tal empresa hace cinco o diez años. Y es igual de inconcebible que eche a andar una tarea tan delicada sin que los dos principales partidos del país acuerden unas bases mínimas sobre las que trabajar.

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Juntos representan el voto de trece millones y medio de españoles, pero el resto de fuerzas en la Cámara son la voz parlamentaria de diez millones de votantes. Unidos Podemos representa a cinco de ellos; Ciudadanos, a más de tres; las fuerzas nacionalistas o independentistas tienen el respaldo de un millón y medio de electores.

Una reforma constitucional —que no un proceso constituyente— es como la construcción de un nuevo puente entre el pasado y el futuro, sin que el viejo puente sea inutilizado en ningún momento. El objetivo es que sea adecuado para las nuevas necesidades y resuelva los problemas detectados por el uso, pero sin que entren en discusión ni el origen ni el destino de la obra.

Las lagunas y deficiencias de la Constitución del 78 han sido detectadas y debatidas hace ya mucho tiempo por académicos y políticos: desde la insostenible prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona a la falta de una clara delimitación de las competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas; de la escasa definición de los mecanismos previstos para resolver un bloqueo político como el ocurrido durante el último año a la necesaria incorporación de nuevos derechos sociales que el tiempo ha consolidado en la práctica.

Hay asuntos en los que se intuye de antemano que su inclusión en un debate sobre la reforma de la Constitución provocaría un empantanamiento y la subsiguiente frustración. PSOE y PP (y también Ciudadanos) los tienen ya más que identificados: la unidad de España, el derecho de autodeterminación o la Monarquía. Cualquier partido tiene derecho a cuestionarlos, evidentemente, pero todos son conscientes de que llevarlos al primer plano es garantía segura de fracaso.

Es responsabilidad de todos, pero especialmente del PP y del PSOE por haber dado el primer paso, buscar la mayor utilidad de los posibles cambios, adoptar posiciones flexibles y asegurarse de que al final del proceso, nadie sienta que, en mayor o menor medida, el nuevo texto no contiene algo de su huella. Que el nuevo puente también sea suyo.