La disputada fortuna de los Sala-Martínez

La expresión latina cui prodest (¿a quién beneficia?) es el argumento subliminal de las pesquisas en el crimen de Mari Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ejecutada el 9 de diciembre en un concesionario de su propiedad y protagonista involuntaria de una investigación cada vez más restringida al ámbito familiar.

¿A quién beneficiaba el crimen? La respuesta no implica ninguna responsabilidad penal, pero coloca de relieve la ventaja financiera de las tres hijas de Martínez que se habían enemistado con ella por los negocios familiares tras la muerte en 2011 del patriarca del clan.

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La muerte de Martínez supone que Mar, Fanny y Tania asumen el 60% del accionariado del emporio Samar. E implica, claro, que la difunta madre no puede ejercer la acción de oro con la que vetaba cualquier decisión contraria a sus intereses y a los de su hijo, pues Vicente Sala júnior, titular de otro 20%, era su aliado en la disputa y el responsable ejecutivo de las decisiones fundamentales. Por eso quiso delegar en él la acción de oro. Y por la misma razón, las tres hermanas recurrieron con éxito al Registro Mercantil para impedirlo, llevando más lejos un litigio familiar cuyo verdadero origen proviene del momento en que Vicente Sala II, amparado por su madre, decidió que la próspera empresa familiar —químicos, automoción, inmobiliaria...— no iba a repartir más dividendos entre los hermanos.

Semejante giro en el negocio tuvo un efecto traumático y las tres hermanas abandonaron la finca de las afueras de Alicante donde su padre había construido un chalet a cada hijo al abrigo del caserón familiar.

El único contacto se producía en los litigios judiciales. Las tres hermanas recurrieron al despacho Uría, mientras que Mari Carmen y su hijo se encomendaron a un abogado que había trabajado en el bufete Garrigues, José Martín de la Leona, tratando de preservar la posición dominante en las decisiones.

Factura profesional

Este es el contexto en el que han sobrevenido la sorpresa y el drama de un crimen de factura muy profesional. La investigación policial necesita de mayores evidencias antes de precipitar un vínculo con la crisis doméstica —¿por qué iba a inducirse un asesinato si las disputas estaban ya en los tribunales?—, y una de las versiones, todavía preliminar, apunta al papel que podrían haber desempeñado los miembros de la familia política.

Se explica así que haya perdido bastante consistencia la hipótesis según la cual la ejecución de Martínez había sido un ajuste de cuentas relacionado con la actividad del holding empresarial en Latinoamérica. Samar está arraigado en Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y México, pero uno de los rasgos distintivos del crimen consiste en el perfecto conocimiento que el sicario tenía de los movimientos de la víctima. Esta fue sorprendida a punta de pistola en el túnel de lavado de uno de sus concesionarios alicantinos. Y se valió el homicida de una pistola con silenciador, cerciorándose previamente de que no había cámaras de vigilancia.

Martínez fallecía a los 72 años. Acostumbra a presentársela como la mujer de Vicente Sala y como beneficiaria consorte del emporio familiar. Pero la fortuna, en origen, no proviene de su marido, sino de su padre, Rafael Martínez, cuya audacia en los negocios tiene su origen en la industria del reciclaje de neumáticos. Martínez confió la gestión de las empresas a su yerno. Y es cierto que Vicente Sala les proporcionó prosperidad, incluso mantuvo un perfecto equilibrio en su patriarcado. Tanto por el esfuerzo de mantener la familia unida como en la estabilidad financiera.

A su muerte, el emporio quedó dividido en seis partes. Cuatro de ellas correspondieron a sus hijos (20%). Un 2,5% a su cuñada. Y el 17,5% a su esposa y hermana de esta, Mari Carmen, aunque dotada de la baza decisiva de la acción de oro.