El Supremo rebaja la pena a los anarquistas que atentaron contra El Pilar en 2013

La sentencia del alto tribunal da la razón parcialmente a la defensa de Solar, que había pedido que su cliente —y también la pareja de este— fueran absueltos o, alternativamente, que los delitos de daños terroristas y lesiones terroristas no se computaran por separado como si fueran fruto de dos acciones distintas, como hizo la Audiencia Nacional, sino que se entendieran como concurso ideal. Esta figura penal, que finalmente les ha sido aplicada, es el supuesto que se produce cuando un solo hecho realizado por un mismo sujeto constituye dos o más delitos y la pena se calcula aplicando en su mitad superior la pena correspondiente al más grave de los delitos que concurren.

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El tribunal atiende el recurso de Solar, que adujo que cuando instalaron el pequeño artefacto de fabricación casera pretendían atentar contra un símbolo religioso como elemento del poder establecido, pero que no tenían intención de causar lesión a ninguna persona. Para reforzar esta tesis, la defensa alegó que a la hora del atentado se cerraba esa zona de la basílica al público y que, además de que el artefacto no tenía metralla, avisaron de su colocación antes de que detonara.

El artefacto, colocado en la nave central del altar mayor, estaba compuesto por dos kilos de pólvora negra y una bombona de gas licuado. La deflagración produjo heridas en el oído a una mujer y se produjo en un momento en el que, además de cuatro trabajadores de la Basílica, se encontraba de visita un grupo de 50 turistas norteamericanos con su guía. El Supremo cree que los dos autores podían apreciar que su acción entrañaba un riesgo para la integridad física de quienes se pudieran ver afectados por la onda expansiva. Sin embargo, aplica el concurso ideal, más favorable, al estimar que la composición de la bomba no era tan potencialmente dañina como para justificar “la punición separada de los resultados de ésta”.

La Sala también rebaja de 182.601 euros a 143.317 euros el importe de los desperfectos causados en la basílica zaragozana al considerar que no hay prueba de que los daños se proyectaran sobre bienes de valor histórico o cultural.

La acción fue avisada minutos antes en una llamada telefónica efectuada a un centro de estética cercano llamado "A cuerpo de Reina". Los empleados creyeron que se trataba de una broma y no avisaron a las Fuerzas de Seguridad.

Para la condena por el atentado de Zaragoza fueron fundamentales las grabaciones de las cámaras de seguridad que les captaron tanto en la estación de autobuses de Barcelona, como en el metro de la capital catalana y en la estación de autobuses de la ciudad aragonesa. En ellas se ve a los dos autores del atentado portando "una especie de nevera de playa muy llamativa" en la que supuestamente iba montado el artefacto explosivo.

La Audiencia Nacional consideró que ambos anarquistas actuaron “de manera autónoma” y sin que conste que estuvieran encuadrados ni en la organización informal FAI/FRI ni en la plataforma Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Tampoco aparece “acreditado”, señalaba la primera sentencia, que Cariñoso y Moniquita “hubieran decidido ejecutar acto alguno tendente a atentar contra la basílica de Montserrat”.

Durante el juicio, celebrado el pasado 8 de marzo, Solar, de 36 años, aseguró que no tuvo "ninguna responsabilidad" ni "colaboró" en la colocación del artefacto en la basílica zaragozana, reivindicado en la web Contrainfo.com por el autodenominado Comando Mateo Morral, en homenaje al anarquista que atentó contra el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en su boda en 1906. Por su parte, Mónica Caballero, de 27, sostuvo que el 2 de octubre de 2013, fecha del atentado, estuvo todo el día en su casa de Barcelona. De hecho, afirmó que nunca ha estado en Zaragoza y que durante su estancia en Barcelona solo salió de Cataluña para una "visita turística" al País Vasco.

Solar y Caballero, que eran pareja en Chile, se casaron en España en prisión en 2014. Ambos llegaron a Barcelona en 2012 después de haber sido absueltos en su país en el llamado caso Bombas, una investigación sobre una serie de atentados de corte anarquista por el que pasaron casi un año en prisión preventiva. Según manifestaron ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, salieron del país andino huyendo del "hostigamiento policial y mediático" tras aquel proceso judicial.