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El soberanismo catalán ignora el veto del Constitucional al referéndum

"¿Irán con los tanques a quitar las urnas?", desafía el portavoz de Convergència, Francesc Homs

Madrid / Barcelona

El Tribunal Constitucional paralizó este miércoles el acuerdo del Parlamento de Cataluña para convocar un referéndum unilateral de independencia antes de finales de septiembre de 2017, y advirtió a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las responsabilidades —“incluida la penal”— de ignorar esa prohibición. Las entidades y los partidos soberanistas replicaron que el referéndum se celebrará y el Gobierno catalán aseguró que mantiene la cumbre sobre la consulta anunciada para el próximo día 23.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite por unanimidad un recurso del Gobierno central contra dos resoluciones del Parlament aprobadas el pasado 6 de octubre, por las que se insta al Gobierno de la Generalitat a “celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria”.
En otro punto de la resolución se reclamaba al Ejecutivo de Puigdemont la convocatoria inmediata de una cumbre de las fuerzas favorables a la autodeterminación para preparar la consulta. Esa reunión ha sido convocada por el president para el próximo 23 de diciembre. Un portavoz de la Generalitat aseguró que se mantiene la cita pese al veto del Constitucional, al amparo de otra resolución que también aprobó el Parlament el mismo 6 de octubre y que no fue impugnada ante el Constitucional.

El texto al que se acoge el Gobierno catalán para mantener la cumbre por el referéndum fue presentado por Catalunya sí que es Pot (Iniciativa per Catalunya, Podemos y Esquerra Unida i Alternativa) y apoyado por Junts pel Sí. En esa resolución se aboga por “agrupar alrededor de la exigencia de la celebración de un referéndum el mayor número de fuerzas políticas y organizaciones sociales”, y se insta al Gobierno de la Generalitat a “la construcción de este espacio transversal”.

Bloqueo a la propuesta de candidatos

El Parlament no propondrá por primera vez candidatos para suplir las vacantes de magistrados en el Tribunal Constitucional, tras el bloqueo de Junts pel Sí y la CUP, que este miércoles hicieron valer su mayoría y se negaron a plantear ningún nombre.
El Senado pidió hace un mes al Parlament y al resto de Cámaras autonómicas que propusieran dos nombres para cubrir cuatro plazas de magistrado que quedarán vacantes en los próximos días, al expirar su mandato, y que toca cubrir por votación en la Cámara alta. Se trata de un procedimiento que se aplica desde 2008 y, hasta este miércoles, el Parlament siempre había presentado candidatos.
El PSC era el único partido que había propuesto dos nombres que debían votarse en la comisión de Asuntos Institucionales, pero el veto de Junts pel Sí y la CUP lo impidió. Esos dos candidatos eran Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, y Félix Azón, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En esa misma resolución, el Parlament “alienta y hace suyos todos los esfuerzos encaminados a la celebración de un referéndum” que tenga “garantías de inclusión” y que busque “el reconocimiento previo de la Unión Europea y la comunidad internacional”. Finalmente, se insta a impulsar “todas las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Estado español” para hacer posible el referéndum.

La mera admisión del recurso del Gobierno por parte de Constitucional implica su suspensión cautelar por un máximo de cinco meses (artículo 161.2 de la Constitución) antes de confirmarla o levantarla como paso previo a decidir sobre el fondo del asunto, para lo que no hay plazo.
Las dos resoluciones suspendidas este miércoles fueron aprobadas por la Cámara catalana durante el debate de política general. El Parlament dio luz verde a esas disposiciones después de que el Constitucional ya suspendiera, el pasado 2 de agosto y también a instancias del Gobierno, otro acuerdo del 27 de julio que aprobó las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente.

Como ha vuelto a hacer ahora, el Constitucional advirtió entonces de las “responsabilidades, incluida la penal”, que se derivarían de incumplir sus resoluciones. Tras aquel acuerdo del Parlament, el Constitucional trasladó a la fiscalía la actuación de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que derivó en una querella por desobediencia por la que ha sido citada a declarar mañana como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ejecución de sentencia

Las entidades soberanistas ignoraron este miércoles la decisión del Constitucional y reiteraron el objetivo de celebrar el referéndum. “Tenemos un horizonte democrático, el referéndum, y allí los ciudadanos hablarán”, dijo Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana. “Las instituciones del Estado deberían saber ya a estas alturas que no van a poder silenciar la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo”, añadió Sánchez a las puertas del Parlament, arropado por el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch; la de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El origen del que derivan todas las decisiones del Constitucional es la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anuló la declaración soberanista del Parlament del 9 de noviembre de aquel año que proclamaba el deseo de “desconectar” de España.

Desde entonces, todos los recursos del Gobierno contra decisiones del Parlament tienen la misma forma jurídica: el incidente de ejecución de sentencia. El Ejecutivo pretende que el tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos haga cumplir aquella resolución de 2015.
En la providencia dictada este miércoles por el Constitucional se vuelve a advertir tanto a Forcadell y a la Mesa del Parlament, como a Puigdemont y su Ejecutivo, de su “deber” de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión. También les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir” si insisten en incumplir las resoluciones del alto tribunal.

Este miércoles, el portavoz del Partido Demócrata Catalán —sucesor de Convergència— en el Congreso, Francesc Homs, redobló su desafío, informa Fernando Garea.“¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida, porque esto no tiene recorrido”, afirmó.

 

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