Qué hacer (y deshacer) en el modelo
Los expertos llevan años proponiendo reformas para superar las disfuncionalidades como la participación autonómica en la legislación estatal
Los expertos llevan años proponiendo reformas para superar las disfuncionalidades del modelo autonómico. Una de ellas es la escasa participación autonómica en la legislación estatal. El órgano que debería representar los intereses regionales —el Senado— ni los representa ni tiene un papel esencial en la aprobación de leyes que afectan a las comunidades autónomas. Así, los partidos políticos han sido hasta ahora los principales encargados de canalizar internamente, a través de sus estructuras, las demandas de las regiones. La reforma del Senado es más urgente que nunca porque la mayor fragmentación en el sistema de partidos actual va a dificultar esa coordinación indirecta de los intereses territoriales.
Otra disfuncionalidad es el elevado conflicto competencial entre la Administración central y las autonómicas, que ha otorgado al Tribunal Constitucional una responsabilidad desproporcionada en la resolución de problemas que a menudo requieren de una solución política, no jurídica. El reparto competencial debe revisarse no sólo para reducir el conflicto. También para que los ciudadanos puedan identificar con mayor claridad las responsabilidades asumidas por cada nivel de gobierno. El deficiente conocimiento actual, especialmente sobre las competencias autonómicas, lastra el control de los políticos.
Otros cambios en el modelo conllevan deshacer el camino emprendido durante los últimos años en algunos ámbitos, como el financiero. Simplificando mucho, una manera de incentivar que los gobiernos regionales se comporten de manera responsable es otorgarles suficiente responsabilidad fiscal para que ellos mismos moderen sus incrementos de gasto y el déficit, siempre que el Gobierno central adquiera un compromiso de no rescate si tienen problemas. Por el contrario, la opción adoptada por el Gobierno durante la crisis ha sido intensificar su fiscalización sobre los presupuestos y el déficit regional. Esta recentralización debería revertirse progresivamente y sustituirse por reformas que persigan cuentas públicas sostenibles sin menoscabar la autonomía financiera.
Por último, la cuestión más importante y urgente no son las disfuncionalidades del Estado Autonómico, sino el problema político en Cataluña. La próxima reforma de la financiación regional, pendiente desde hace años, quizás sea la última oportunidad para atraer al marco institucional autonómico a un sector del independentismo, comenzando por aquellos que apoyan la secesión por cuestiones económicas, no identitarias. Se trata de individuos favorables a la secesión pero con identidades duales (se sienten tan españoles como catalanes), como señalan los análisis de Jordi Muñoz y Raül Tormos. La canalización del conflicto a través de la negociación dependerá, una vez más, de si algunos partidos quieren renunciar a los beneficios electorales de la polarización del debate.
