El Poder Judicial investiga a la juez Rosell por actuar en una causa mientras estaba recusada
El expediente responde a una comunicación de la Fiscalía del Supremo que denuncia a la exdiputada por los delitos de falsedad y prevaricación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este lunes un nuevo expediente disciplinario a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales. El expediente responde a una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo presentada el pasado 8 de abril ante Consejo General del Poder Judicial. El documento denuncia a la magistrada —en ese momento diputada al Congreso— por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.
Antonio Jesús Fonseca-Herrero —promotor de la acción disciplinaria del Consejo General— ha acordado la incoación del expediente a la magistrada como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. Las faltas muy graves pueden suponer desde la suspensión del juez en sus funciones, hasta el traslado forzoso o incluso la expulsión de la carrera judicial.
Rosell ya fue investigada por el CGPJ por supuestas dilaciones en la instrucción de una causa en la que estaba implicado un empresario amigo de su pareja. El expediente abierto ahora por la autoridad disciplinaria del Consejo corresponde a un caso de presunta apropiación de fondos por parte de un abogado que instruyó Rosell en su juzgado. La juez fue recusada en septiembre de 2013 y acordó apartarse del procedimiento mientras la Audiencia Provincial de las Palmas resolvía la recusación. Sin embargo, antes de que la Audiencia rechazara apartar a la juez, Rosell practicó diligencias en la causa.
La Fiscalía del Supremo, tras analizar la denuncia, no apreció indicios de delito suficientes para abrir diligencias y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria. Tras estudiar el contenido de la denuncia, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha concluido que la juez Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, la juez Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.
La recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó y que tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
El Promotor de la Acción Disciplinaria señala en su acuerdo que entre los días 6 de noviembre de 2013 –fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 –fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado- “la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.
Esa intervención se produjo “concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014”, añade el Promotor.
La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
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