La infancia sin derechos

Los expertos en derechos de los menores coinciden en que la pobreza es el gran reto de la infancia en España. Uno de cada tres niños españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2015 — la quinta tasa más alta de la Unión Europea—, según los datos publicados esta semana por la agencia comunitaria de estadística Eurostat, antes del Día Universal del Niño, que se celebra este 20 de noviembre. En concreto, 2,9 millones de menores de 18 años, un 34,4% del total, se encontraba en esta situación el año pasado, una cota por encima de la media europea (26,9%). 

Son niños que no pueden comer carne, pollo o pescado tres veces a la semana, ni mantener la vivienda en una temperatura adecuada. Sus padres tienen dificultad de pagar el alquiler y no pueden afrontar gastos imprevistos, como comprar medicinas para tratar una enfermedad. No tienen teléfono, ordenador o televisión en color y, para ellos, las vacaciones no existen. Esos son los indicadores que construyen el perfil de la pobreza infantil en el país. 

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La inversión pública en protección a la infancia, de 1,3% del PIB, no alcanza la media de los países comunitarios, que se sitúa en el 2,4%. La ONG Save The Children denuncia que entre 2014 y 2015 el número de niños en situación de pobreza extrema aumentó en 80.000. "Nos preocupa que el ajuste fiscal perjudique todavía más a los niños. Los países que han tenido éxito se han tomado la pobreza infantil como un asunto de Estado y lo han corregido en el plazo de una legislatura", afirma Andrés Conde, director general de la ONG y miembro del comité español de Unicef.

El Congreso de los Diputados aprobó en marzo la creación de una Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, pero los especialistas y organizaciones cobran un pacto que permitiera aumentar progresivamente la inversión en protección social, hasta llegar a la media europea, y un fondo social para tiempos de crisis. "Es lo que se hizo con las pensiones", explica Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles. 

Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, defiende que hacen falta más que políticas asistenciales para cambiar ese panorama. "Hay ofrecer protección integral a las familias y combinar las ayudas económicas con políticas energéticas, urbanísticas, educativas. Es la única manera de romper el ciclo de transmisión de la pobreza", afirma.

"El derecho de ir a la clase no es igual para todos. La educación tiene que ofrecer una solución adecuada a cada niño. El sistema tiende a echar, por ejemplo, los que tienen discapacidad, trastornos de conducta o dificultad de aprendizaje", afirma Clara Martínez.

La jurista y los demás expertos hacen hincapié en que la garantía al acceso a un desarrollo educativo integral tiene que ver con el derecho a la convivencia familiar. Aldeas Infantiles denuncia que cerca de 42.867 niños no pueden vivir con sus familias por diferentes motivos y un número indeterminado está en riesgo de perder el cuidado parental. Martínez señala que la principal dificultad en ese aspecto es que además de la Ley de Protección a la Infancia, cada comunidad autónoma tiene sus propias directrices. "No todas son igual de claras y no todas priman el acogimiento por la familia extensa (tíos o abuelos), que sería la mejor alternativa", explica.

Martínez señala la participación política como otros de los derechos olvidados de los menores. La experta defiende que hay que dar una "autonomía progresiva" a los pequeños para que tengan posibilidad de actuación en los temas que les afectan directamente. En ese sentido, España avanza en la formación ciudadana de los niños: 170 municipios participan en el programa Ciudades Amigas de la Infancia, de Unicef, que enseña a los pequeños a plantear problemas y soluciones en sus comunidades.

Los niños y adolescentes se reúnen en Consejos de Participación para hablar de los temas que consideran prioritarios en sus vidas, como la educación. "Lo que más nos preocupa es el acoso escolar. Queremos que se trabaje ese problema no solo en los colegios, sino también en casa, desde pequeñitos, y con los médicos, por ejemplo, para saber si un niño tiene algún problema de adaptación", pide Edita, de 16 años, miembro del Consejo de Castelo, un pueblo gallego. 

En Carbajosa de la Sagrada, en Salamanca, el Consejo Infantil ha logrado que el Ayuntamiento pusiera buzones en los colegios para que los niños opinen sobre las decisiones de mejora del pueblo. "Hay que hacer eso porque los políticos no se acuerdan de cuando fueron niños, entonces no saben que es lo que queremos", dice Andrea, de 11 años.