Ya no es una población de paso

La población de origen inmigrante se ha mantenido estable durante la crisis, pasando de los 6,4 millones en el año 2009, el 13,8% de la población española, a los 6,6 millones en 2015, 14% del total. Así, a pesar de que se agitó el “fantasma” del retorno al comienzo de la crisis, los inmigrantes han apostado por continuar sus proyectos de arraigo en España, a pesar de las malas condiciones. Un dato representativo de esta situación es el crecimiento en el número de naturalizaciones en España. Así, si en 2008 el porcentaje de inmigrantes nacionalizados en España era del 17%, en el año 2016, ese porcentaje casi se ha doblado, y ya es del 33% (INE, 2016)

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Ahora bien, permanecen pero emergen de la crisis bajo diferentes condiciones sociales de integración. Por un lado, se ha acelerado el proceso de etno-estratificación social. La población inmigrante sigue estando concentrada en las posiciones más bajas del mercado de trabajo y de la sociedad española. Así, por ejemplo en la encuesta nacional realizada a mujeres inmigrantes por el Instituto de Migraciones (Univ. P. Comillas) y la OIM en el año 2015, un 84% de las mujeres ganaban menos de 999 euros mensuales, y un 54% menos del salario mínimo profesional (650 euros). Un 45% de las mujeres inmigrantes trabajaban en el sector de cuidados domésticos, y entre las que tenían trabajo, solo un 34% trabajaban con contrato indefinido. Parecidas situaciones, se hallaron en una encuesta similar a inmigrantes ecuatorianos del año 2015, realizada por Ikuspegui (UPV) e Instituto de Migraciones (Comillas).

La población inmigrante se asienta principalmente en los barrios populares de las grandes ciudades españolas. Barrios que acumulan muchas de las peores consecuencias de la crisis: altas tasas de desempleo, temporalidad y precariedad, recortes en el gasto social, ausencia de expectativas, etc.

Dificultades de convivencia

Finalmente, aunque la convivencia entre población nativa e inmigrante en España es hasta el momento, positiva, los estudios realizados durante la crisis muestran un cierto repunte de posiciones xenófobas y de dificultades de convivencia. Un repunte concentrado, precisamente, en los sectores populares nativos, que son los que más se han visto afectados por la crisis y el desempleo.

La combinación de estos dos elementos, arraigo y precariedad, plantea la necesidad de promover un nuevo ciclo expansivo en políticas de integración social. La inmigración en España ha dejado de ser una población externa, o de paso, y se ha convertido en parte consustancial de la sociedad actual, de su presente y de su futuro. Una población que está incorporada de lleno en sus principales instituciones sociales: mercado de trabajo, barrios, familia, escuelas, organizaciones, negocios, etc. Una realidad que conduce, no solo a cambiar la imagen tradicional que tenemos sobre nosotros mismos como sociedad, por otra más plural y diversa, sino también a asumir que la política de integración social, ya no es, solo, una política para inmigrantes, sino sobre todo una política de estado esencial para el futuro.

En materia de integración social son múltiples los retos, pero básicamente, en línea con el último plan nacional de ciudadanía e inclusión, PECI 2011-2014, se trataría de impulsar políticas de cohesión social y de gestión de la diversidad.

Por un lado, políticas con elementos específicos destinados a la población de origen inmigrante, como por ejemplo puede ser la protección de las trayectorias educativas de los hijos de inmigrantes. Y otros más generales o transversales, destinadas al conjunto de la ciudadanía, como puede ser la inclusión de la diversidad como competencia básica en el currículum educativo, o la mejora de las condiciones laborales. También políticas que tengan como ejes centrales de actuación la Escuela, el barrio y el mercado de trabajo, que es donde se está jugando la convivencia y la integración.

Y políticas finalmente que reciban el respaldo crucial del Estado, no solo en términos financieros, sino también estratégicos mediante el fomento de nuevas modelos de intervención y nuevas alianzas de la administración con las organizaciones sociales. Hay que recordar que el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y al refuerzo educativo (FAIIRE), clave en el transvase de recursos hacia los diferentes niveles de la administración del Estado, se ha visto recortado intensamente durante la crisis, hasta su práctica desaparición a partir de 2012.

Juan Iglesias es director de la cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.