Martínez-Pujalte y Torme, citados como imputados por cobrar trabajos inexistentes
Los exdiputados del PP están acusados de falsedad y cohecho a través de su empresa de asesoría
El Juzgado de Instrucción 49 de Madrid ha citado a declarar como investigados —figura que reemplaza a la de imputado— el próximo 23 de noviembre a Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme. Los exdiputados del PP están acusados de falsedad y cohecho por el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que eran socios.
La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que Torme denunciara ante la fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte. En su denuncia, Torme detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga XXI Asesores hasta que se desvinculó en 2001, mientras su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
El juzgado también ha citado a otras personas relacionadas con la causa. El 14 de diciembre tendrán que comparecer el exasesor de José María Aznar Jaime Miguel Marín, el exdiputado Alejandro Ballesteros y una tercera persona, María del Mar Benito. El 11 de enero acudirá al juzgado el empresario Alejandro Llorente.
En su denuncia, Torme aseguraba que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas vinculadas al PP o que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de estos.
Torme, que había sido diputada del Congreso entre 1996 y 2008, en el momento de la delación era senadora del Grupo Popular. Por esta razón tuvo contacto con varios diputados, entre los que citó a Pujalte y Jaime Ignacio del Burgo, que también figuraba en la denuncia posterior de la fiscalía.
Los músicos de Pujalte
Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio, para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", a los que llegó incluso a presentar.
La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.
En su denuncia, Torme señaló que el trabajo de captación de clientes fue asumido por el exdiputado y que entre las tareas en dicho ejercicio aparecieron estudios para la Confederación de Empresarios de Badajoz, asesoramiento a la empresa Corporación Llorente S. L., entidad con renombre en Valladolid.
Herencia de Trillo
Sobre esta empresa en particular, Torme señalaba que Pujalte no le dijo que anteriormente ese trabajo lo desempeñaba otro exdiputado del PP, Federico Trillo. Según la denuncia, Sirga emitió factura a Corporación Llorente el 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros. Torme asegura que no se le informó de que se trataba de un contrato mensual.
Otros trabajos que surgieron para Sirga XXI Consultores fueron la confección de un libro científico sobre las cajas de ahorro españolas, de cuya edición se encargó Aranzadi y cuyos directores fueron el propio Pujalte y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
Pujalte seguía captando otros clientes y subcontrató a Miguel Marín Cózar, quien luego se incorporaría como socio a Sirga XXI, y asesoró, entre otros, a Marcenado Economistas S. L. y Mind Talent Selection S. L. En 2011 la labor se ampliaría a Karistia S. L. Y a Scardovi, las empresas de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.
Cobros de Pujalte
Sobre sus retribuciones, Torme aseguró que Pujalte obtuvo en 2008 los 15.000 euros que procedían de Corporación Llorente porque él fue quien realizó la prestación profesional. Para evitar confusiones, se estableció que, dados de alta como autónomos, recibirían una retribución por dirigir la empresa y el exdiputado otra más por los servicios profesionales que prestara personalmente.
En 2009 Torme percibió un sueldo de 19.956 euros, mientras que en atención a su doble cometido Pujalte se embolsó 40.880. El reparto en 2010 fue de 27.456 euros para Torme y 65.706 para Pujalte, mientras que en 2011 el reparto fue de 35.380 para la primera y de 96.456 euros para su socio. Tormé decidió abandonar el proyecto en 2011 "viendo que la empresa estaba en manos" del exdiputado, por lo que vendió sus participaciones en noviembre de dicho año por 5.250 euros.
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