Homs pedirá al Congreso que pare su suplicatorio

Francesc Homs, diputado del Partit Demòcrata (la antigua Convergència), se apoyará en jurisprudencia del Tribunal Constitucional para pedir este jueves al Congreso que frene la petición de su suplicatorio. El Tribunal Supremo le acusa de prevaricación por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, desoyendo la resolución del Constitucional que suspendió el simulacro de referéndum. Homs considera incoherente el procedimiento penal que podría acaba con su inhabilitación.

El portavoz del Partit Demòcrata (PDECAT) en el Congreso, Francesc Homs, pedirá este jueves a la Cámara que no tramite la petición de suplicatorio del Tribunal Supremo contra él por participar en el intento de consulta del 9 de noviembre de 2014.

Homs comparece a puerta cerrada en la Comisión del Estatuto del Diputado y, según explicó a este periódico, alegará que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que la argumentación sea coherente. En este caso, según su opinión, no lo es. Asegura que al menos dos sentencias del Constitucional —la 90/1985 y la 206/1992— permiten que el Congreso rechace la petición sin tramitarla porque “se trata de dirimir si hay voluntad política de alterar indebidamente la composición o funcionamiento de la Cámara”. La concesión del suplicatorio es indispensable para que el Tribunal Supremo pueda proceder contra un diputado.

Tras la comparecencia de hoy, la comisión, que preside el popular Leopoldo Barreda, presentará un informe ante el pleno que será votado. Además de los soberanistas catalanes, encuadrados en el Grupo Mixto, se han pronunciado en contra y han anunciado su voto negativo en el pleno ERC y Unidos Podemos. El resto de grupos tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante con holgura.

Acusado de prevaricación

Además de la competencia de la Cámara para no tramitar el suplicatorio, Homs tiene previsto exponer hoy su rechazo a la acusación concreta de prevaricación que le imputa el Supremo por la consulta ficticia. Así, argumenta que hay una evidente contradicción en su opinión respecto a los supuestos autores del delito investigado. Por ejemplo, la entonces responsable de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ha sido acusada por prestar institutos públicos para la consulta. Sin embargo, de ella dependían solo 250 institutos, de un total de 947 en toda Cataluña, sin que la Justicia haya perseguido a los alcaldes responsables de 685 edificios públicos donde se instalaron urnas.

Según Homs, esa contradicción es consecuencia de que “sería inabarcable un procedimiento que inhabilitara a 685 alcaldes y descabezara esos Ayuntamientos” y por ese se actúa contra él, que entonces era conseller de la Generalitat. Otro argumento que utilizará hoy Homs es sobre el desarrollo del procedimiento. En concreto, el hecho de que en noviembre de 2014 no hubo actuación de la fiscalía y un juez rechazó en enero de 2015 una denuncia. Pero un año después la Fiscalía sí actuó contra él, lo que le lleva a preguntarse qué pasa entre una fecha y otra.

En ese periodo de tiempo se conoció una carta en la que, según la Justicia, se prueba que él participó en organización de la consulta independentista. Según Homs, ese argumento carece de sentido porque “era público y notorio” que como consejero de la Generalitat autorizó publicidad institucional en favor de la consulta.