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La Audiencia Nacional investigará como un supuesto delito de terrorismo la “brutal agresión” a dos guardias civiles fuera de servicio y a sus novias en un bar de Alsasua (Navarra) a manos de medio centenar de personas en la noche del 15 de octubre. La juez Carmen Lamela decidió el pasado martes —inmediatamente después de que se lo solicitara la fiscalía— asumir la competencia para instruir el caso, que hasta ahora se lleva en los juzgados ordinarios de Pamplona.

Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, no dejó pasar ni 24 horas para aceptar la investigación de la agresión de Alsasua, después de que el martes la Fiscalía de la Audiencia Nacional apreciara que el ataque sufrido por los dos guardias y sus parejas encajaba en un delito de terrorismo. El ministerio público argumentaba que el objetivo de los supuestos agresores coincide con los designios de la banda terrorista ETA, que busca la expulsión del País Vasco y Navarra de las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército.

En un auto —resolución razonada— fechado el mismo martes 25, la juez Lamela afirma que los “graves hechos delictivos contra la integridad física” de los agentes de Alsasua buscan “atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas” y generan “una grave alteración para la paz pública”. Estos objetivos entran en la definición más reciente del fenómeno terrorista de Naciones Unidas, y que se incorporó en 2015 en el actual Código Penal español.

Los hechos, de los que se hizo cargo inicialmente un juzgado de instrucción de Pamplona, partido judicial al que pertenece Alsasua, fueron denunciados ante la Audiencia Nacional por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordóñez, participó el pasado sábado en un “acto de rebeldía” en la localidad navarra frente a una marcha convocada contra la presencia de la Guardia Civil. Alsasua es uno de los grandes feudos históricos de la izquierda abertzale.

La juez Lamela pide “con carácter urgente” en su auto un informe a la Guardia Civil sobre la “campaña de acoso” a sus agentes en Navarra y particularmente en Alsasua. Tras el ataque del día 15, el instituto armado ya remitió a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona, María Paz Benito, que lleva el caso, un informe con tres “hitos de interés” ocurridos en la localidad este año.

En junio, componentes del movimiento Ospa! (que en euskera se puede traducir como ¡Largo!) trataron de boicotear unas jornadas de puertas abiertas en el cuartel de la Guardia Civil. En agosto, se celebró el Ospa Eguna (El día de la salida), donde la localidad apareció con pintadas con la leyenda “Alde Hemendik” (“fuera de aquí”). El 12 de octubre, día del Pilar, patrona del instituto armado, ocho miembros de Ospa! se pusieron delante de la iglesia de los Capuchinos, donde los guardias celebraban una misa para “intimidar a los vecinos que voluntariamente quisieron asistir” al oficio religioso, según el informe.

Igualmente, la juez pide a la Guardia Civil que identifique a quienes realizaron las declaraciones y aparecen en las fotografías publicadas para desmentir colectivamente “la versión oficial” de las agresiones, así como a los titulares y responsables de la cuenta de Twitter denunciada AltsasukoGaztetxea (@AtlsasukoGA).

La juez solicita también a la Policía Foral de Navarra que remita las actuaciones practicadas con motivo de tales hechos.

Por esta agresión fueron detenidos dos jóvenes pertenecientes al movimiento Ospa!. Este miércoles, seis jóvenes de Alsasua, también de la misma organización y que supuestamente estuvieron en la agresión acudieron a los juzgados de Pamplona para declarar voluntariamente sobre los hechos, aunque la juez Benito, que todavía lleva el caso, no se encontraba de guardia