La fiscalía ve terrorismo en la agresión a los guardias civiles de Alsasua

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la agresión que sufrieron dos agentes de la Guardia Civil, cuando estaban de permiso acompañados de sus parejas, en la noche del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra) a manos de medio centenar de vecinos del pueblo encaja en un delito de terrorismo. El ministerio público ha remitido este martes un informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que defiende la competencia de este tribunal para investigar los hechos. En su escrito, el departamento dirigido por Javier Zaragoza, pide a la magistrada que reclame “con carácter urgente” a la Guardia Civil un informe “sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra, y concretamente, en la localidad de Alsasua”.

El informe, elaborado por el fiscal José Perals, coincide con la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que entendía que la agresión a los dos agentes supone un delito de terrorismo, del que es competente en exclusiva la Audiencia Nacional. El escrito sostiene que el ataque se enmarca “dentro de la campaña de hostigamiento” que sufren los agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra.

La fiscalía recuerda que entre las exigencias históricas de la banda terrorista ETA, enmarcadas en la alternativa KAS de los años 70, se encuentra la “expulsión de Euskadi de la Guardia Civil”. Y que ya en los años 90, ETA ponía como primera condición para abandonar las armas la amnistía general de sus presos, y como segundo requisito “la salida de las Fuerzas Armadas españolas” del País Vasco y Navarra.

El escrito del ministerio público señala que en los delitos ligados a la actividad terrorista uno de los elementos que hay que tener en cuenta es la “motivación que mueve al delincuente”. En el caso del terrorismo, la definición actual recoge que el delito ha de ser cometido con alguno de estos fines: “intimidar gravemente a la población”; “obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” o “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país u organización internacional”.

“Examinada la denuncia formulada por COVITE a los efectos de investigar los hechos acaecidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016, se puede concluir que los mismos pudieran estar encuadrados en el delito de terrorismo en la nueva redacción dada por la Ley 2/2015 al artículo 573 del Código Penal”, considera la fiscalía. Por ello solicita a la juez Lamela que pida al juzgado de Instrucción de Pamplona que investiga los hechos que le envíe una copia íntegra de la investigación y que ordene a la Policía Foral de Navarra que le remita cuanto antes “todas las actuaciones practicadas” con motivo de la agresión.