Los partidos discrepan sobre cómo gestionar el fin de ETA

Ninguna formación defiende la negociación con ETA, pero todas ofrecen matices sobre cómo provocar su final y sobre cómo gestionar después la terrible huella que ha dejado en la sociedad.

PP. “Debe haber vencedores y vencidos”. “Tenemos muy en cuenta que el relato del fin de ETA se escriba con vencidos y con vencedores”, dice Pablo Casado, secretario de comunicación del PP. Este portavoz argumenta que en el proceso de disolución de la banda no hay espacio para hacer política. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha bloqueado la vía Nanclares y ha defendido la utilidad de la ley de partidos, que supuso la ilegalización de Batasuna. De hecho, Arantza Quiroga dimitió en 2015 como presidenta del partido en el País Vasco por proponer una ponencia para la paz apoyada por Bildu. “No se puede firmar ninguna paz porque no hay ninguna guerra. Solo terroristas que mataban a gente inocente”, dice Casado, que niega que los políticos deban impulsar cambios para favorecer el desarme: “No puede haber beneficios ni por matar ni por dejar de hacerlo. ETA está derrotada por una lucha sin cuartel en el ámbito internacional, financiero, policial y jurídico. No ha certificado su defunción. No admitimos que se hable de una banda que ya está extinta hasta que no se entreguen los arsenales, se digan dónde están los zulos y digan en una declaración que se disuelven”.

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PSOE. “Distensión en la política penitenciaria”. El diputado Eduardo Madina, víctima de ETA, describe tres “vías que la política podría explorar”. “El Gobierno central podría volver a abrir la mano con la vía Nanclares, que eran espacios de encuentros entre terroristas de ETA encarcelados y víctimas en procesos de conversación aceptados por las partes, que producían catalizadores positivos de cambio social en el País Vasco”, dice. “En segundo lugar, creo que la ponencia de paz en la que trabajó el Parlamento Vasco podría hacer un esfuerzo mayor en la vía de la memoria, para que no se vuelva a repetir en el futuro un proceso de terrorismo incardinado en la sociedad durante 50 años”, sigue. “Y promocionaría más las experiencias de víctimas que acuden a colegios a explicar su caso”, añade. “No le tendría miedo a que el Gobierno avanzara en dinámicas de distensión de la política penitenciaria. Sin tocar nada de la ley, podría avanzar”.

Además, Madina subraya: "Una de las grandes enseñanzas de Gesto por la paz fue la idea de la separación de violencia y política. No había una razón política en los asesinatos de ETA, sino que era violencia totalitaria ante una sociedad deliberativa, democrática. Seguiría en esa línea".

Podemos. “Hay que fomentar el desarme”. “El desarme es responsabilidad de ETA, pero los gobiernos tienen el deber de fomentar que este desarme se haga de la manera más ordenada posible y con el mayor diálogo posible entre administraciones”, argumenta el diputado Eduardo Maura. “Desempeñan una función a la hora de acelerarlo. Hay que hacer política ahí, con procesos perfectamente normalizados, estándar, de finalización de conflictos armados. El liderazgo debe ser del Congreso y del Parlamento vasco”. Y añade: "En la construcción de memoria hay trabajo político. Que toda violencia esté deslegitimada es la mejor garantía de no repetición".

Ciudadanos. “Presión policial y aislamiento social”. José Manuel Villegas, vicesecretario general, pide que los etarras sean tratados “como lo que son, delincuentes” cuando la banda se disuelva. “¿Hay trabajo político por hacer? Creo que no”, dice. "Hay que esperar y seguir actuando como se ha actuado siempre, con la vía judicial. Hay delitos por esclarecer, miembros de ETA que no están en las cárceles, que no han sido juzgados. Hay que seguir con la estrategia que nos ha llevado a que ETA abandonara las armas: presión policial y aislamiento social". Los políticos tampoco tienen que trabajar en la entrega del arsenal de ETA, según Villegas. “Esto no es un conflicto bélico en el que tenga que haber comisiones de paz, observadores internacionales… es una banda de delincuentes. Y los delincuentes, en los Estados de derecho, van a la cárcel”.

PNV. “Hay que adecuar la legislación excepcional”. “La política tiene camino por hacer todavía: consolidar la paz. Hay trabajo para hacer, para buscar un consenso, un encuentro de todos en ese cierre definitivo para que eso no vuelva a ocurrir en nuestro país”, dice Joseba Aurrekoetxea, miembro de la ejecutiva del PNV, que se impuso en las elecciones autonómicas de septiembre. “Queda legislación excepcional que se fue creando: ley de partidos, la política de alejamiento… debería adecuarse, como el reconocimiento de las víctimas, en el que hay que seguir avanzando”. ¿Debe haber vencedores y vencidos, como pide el PP? “No es el relato que nos lleve a convivir, no es el camino”.

EH-Bildu. “Los Gobiernos español y francés deben dejar hacer”. La izquierda abertzale, segundo en las autonómicas vascas del 25-S, reclama decisiones políticas. “Los llamados a realizarlas son ETA y los Gobiernos español y francés, en términos de dejar hacer para que haya un cierre definitivo y verificable”, dice Julen Arzuaga, diputado autonómico. "Hay que establecer algún tipo de mecanismo que permita que se lleve a buen puerto ese desarme. No digo que tenga que haber negociación, sino ver cómo se habilita un sistema, con la participación de algún mediador". Y subraya: "Nos queda el desarme de ETA, solucionar la situación de los presos, la reparación a todas las víctimas y enfrentar la desmilitarización del territorio vasco, que es el más militarizado de toda Europa occidental. Esto es como un ecualizador con cuatro bandas. Si se avanza mucho en víctimas y no se avanza en el resto, la melodía que va a surgir de ahí no va a ser buena".