Tres peritos coinciden ante el juez en que Adif debió evaluar el peligro en Angrois

La causa judicial sobre el accidente del Alvia en Santiago en julio de 2013, una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España, ha vivido este martes una jornada importante después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya ordenado reabrir la instrucción del siniestro en el que fallecieron 80 personas y resultaron heridas más de 140. Ante el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, han comparecido tres peritos para exponer su dictamen sobre las posibles responsabilidades que en la prevención del descarrilamiento pudo tener Adif, la gestora de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento.

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La clave está en si el organismo público evaluó o no correctamente la peligrosidad de la curva de Angrois antes de poner en funcionamiento la línea Ourense-Santiago de alta velocidad. La Audiencia de A Coruña revocó el pasado mayo el cierre de la instrucción decretado por el juez con el maquinista, Francisco José Garzón, como único encausado porque, a juicio del tribunal, este aspecto no fue adecuadamente investigado durante la instrucción.

Frans Heijnen y James Robert Catmur, peritos de QBE, la aseguradora de Renfe, han ratificado ante Lago Louro el informe en el que aseguran que el riesgo de la curva donde el conductor del Alvia perdió el control del tren por exceso de velocidad era "previsible y no tolerable de conformidad con la normativa aplicable y los estándares técnicos del sector" y debió ser analizado y mitigado antes de que la línea entrase en servicio. Así lo ha explicado a las puertas del juzgado el abogado del maquinista, Manuel Prieto, quien considera demostrado que en Angrois "la seguridad no existía, se había quedado exclusivamente en manos del maquinista".

Prieto ve una "clarísima" responsabilidad de Adif por "omisión de medidas de seguridad". Ha subrayado que en los nuevos documentos aportados por el gestor ferroviario a la causa, unos papeles importantes que según el organismo público no se incorporaron durante estos tres años a la causa "por error", "no existe ningún análisis de riesgo de la zona del accidente". El letrado del maquinista ha negado validez al documento 14 en el que según Adif se realiza ese estudio porque se trata de una evaluación referente al tramo anterior al de entrada en la ciudad de Santiago.

Según fuentes cercanas al caso, Enrique Castillo Ron, un catedrático universitario al que el perito judicial Juan Carlos Carballeira encargó un informe sobre el caso, también ha incidido en que Adif no realizó un estudio sobre la peligrosidad del tramo de Angrois, pese a que era obligado. Durante su declaración y la de los peritos de la aseguradora de Renfe, la abogada del Estado que representa los intereses del ente ferroviario dependiente de Fomento ha esgrimido que esa evaluación de riesgos no era obligatoria. En lo que sí difiere Castillo Ron de Frans Heijnen y James Robert Catmur es en el cálculo de las probabilidades de accidente en la zona donde descarriló el Alvia, ya que en opinión del profesor universitario no eran elevadas.

Tanto el abogado del maquinista del Alvia como los portavoces de las víctimas esperan que las declaraciones de los peritos este lunes propicien nuevas imputaciones en la causa. El juez que comenzó a investigar el caso, Luis Aláez, llegó a citar como investigados a cargos de Adif dos veces, pero esas imputaciones fueron revocadas por la Audiencia de A Coruña. "Aquí hay una responsabilidad grave de los que son los responsables de la seguridad en la circulación viaria de Adif y tienen que ser investigados en este procedimiento si queremos que la red ferroviaria española sea de verdad segura", ha concluido Prieto.