La Fiscalía se querellará contra Carme Forcadell por desobediencia

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, no tiene dudas ni da margen para que alguien las albergue: el ministerio público actuará contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por permitir una votación sobre el proceso independentista. Madrigal se valió ayer del principio de jerarquía que rige la institución para ordenar a la fiscalía catalana que elabore una querella contra Forcadell por los delitos de desobediencia y malversación. A diferencia de lo que ocurrió tras la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, esta vez no hay voces discrepantes en la fiscalía catalana sobre la necesidad de interponer la querella. El texto se presentará en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según fuentes judiciales.

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El pasado 27 de julio, el Parlamento autónomo dio un paso más en el proceso de ruptura con el resto de España. La presidenta de la Cámara permitió que se votaran las conclusiones de la comisión de estudio del llamado proceso constituyente. El Tribunal Constitucional había advertido directamente a los miembros de la Mesa de que debían “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que supusiese impulsar el proceso de “desconexión”.

Tras la votación, el Gobierno en funciones planteó un incidente de ejecución ante el Constitucional, que lo estimó de forma unánime el 6 de octubre. En su resolución, el TC puso los hechos en conocimiento de la fiscalía para que valorase si debía ejercer acciones penales contra la presidenta.

“Hablar de todo”

Forcadell replicó ayer mismo el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado: “Convencida de que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo, siempre defenderé la libertad y el derecho de participación de los diputados”, dijo a través de su perfil en Twitter.

Madrigal ha comunicado la orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que redactará la querella por dos delitos: desobediencia y prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia). Por esos mismos delitos van a ser procesados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y dos cargos de su Gobierno, Joana Ortega e Irene Rigau. Según el TSJC, Mas siguió adelante con la consulta independentista del 9-N pese a que, cinco días antes, el Tribunal Constitucional la había prohibido.

La respuesta penal a la consulta del 9-N provocó un cisma sin precedentes en el seno de la fiscalía. Los representantes catalanes no vieron indicios de delitos y se negaron a actuar contra Mas, Ortega y Rigau. El entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tuvo que recurrir al principio de jerarquía para ordenar la presentación de la querella.