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La instrucción de la pieza del caso de los ERE en la que están involucrados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, llega a su fin después de que la Junta de Andalucía y el PP, como acusaciones particulares, hayan agotado el plazo para la presentación de sus conclusiones. El Gobierno andaluz ha pedido el archivo de esta pieza al entender que no hubo trama organizada de corrupción, que los procedimientos eran legales y que los fraudes se circunscriben a casos particulares que se investigan en otras diligencias. El PP, por el contrario, se suma a las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y señala como responsables a los expresidentes y sus exconsejeros.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha adelantado su escrito de acusación, en el que ha pedido seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Manuel Chaves solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación. Además, reclama entre seis y ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Anticorrupción sostiene que 26 cargos de la Junta de Andalucía mantuvieron un sistema de ayudas que permitió la concesión de subvenciones a personas o entidades que no tenían derecho a ellas (los conocidos como intrusos) y que se pagaron sobrecomisiones de las que se beneficiaron otras empresas y responsables políticos. Este modelo se mantuvo pese a que la fiscalización de la Intervención General advirtió del descontrol en la concesión de ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.

El PP defiende que este procedimiento de subvenciones no solo fue permitido, sino que fue articulado desde la Junta de Andalucía, por lo que mantiene su petición de penas para los anteriores responsables del Gobierno andaluz.

Por el contrario, la Junta de Andalucía niega que esté acreditada la existencia, durante una década, de una trama criminal. El Gobierno limita los fraudes a casos particulares que se están investigando en distintas piezas y en las que se centrará su acusación para reclamar las cantidades que se demuestren que fueron objeto de fraude.

"No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la concesión de las ayudas, y aun en la hipótesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por sí solo no ampara una calificación propia del delito de prevaricación, pues debería ir acompañado del dictado de resoluciones administrativas injustas, aún en su modalidad omisiva", afirma la Junta.

Además, el Ejecutivo autonómico rechaza que en esta pieza se pueda juzgar a los responsables políticos de malversación al entender que sería necesario un ánimo de lucro del que, en su opinión, no existe prueba alguna.

El escrito de acusación cuestiona incluso la prueba pericial en la que se fundamenta el auto de procesamiento al considerar que "ha caído en clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez". "La existencia de una trama criminal, que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas".

Esta tesis de ausencia de trama general coincide con la esgrimida recientemente por la juez María Núñez Bolaños en el archivo de la causa por el ERE de Azucareras Reunidas de Jaén en 2006. Según la magistrada, entre los 57 trabajadores beneficiados no se hallaron "intrusos". "Durante una década y a través de un procedimiento cuestionado se han concedido numerosas ayudas, pero no todas carecen de causa justificada. Es evidente que el procedimiento es el mismo en todas, pero, más allá de esa coincidencia, la casuística es numerosa y dispar. Una correcta instrucción requiere de un análisis pormenorizado de cada una de las ayudas y una respuesta ajustada a derecho en cada caso y en relación con cada persona", apunta. "La posición contraria nos llevaría a afirmar que todos los actos de concesión de las ayudas son constitutivos de delito y, en consecuencia, todos los trabajadores que han percibido estas ayudas, al menos unos 6.000 trabajadores, deberían devolverlas trayéndolos al procedimiento, al menos, como beneficiarios a título lucrativo, lo cual hasta ahora no se ha verificado, ni creo que se deba hacer, salvo superior criterio", añade la magistrada.