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Las Cortes de Aragón han votado a favor de que el Gobierno autonómico reforme el Estatuto de la comunidad para eliminar el aforamiento de sus diputados. El peso institucional de Podemos y Ciudadanos impulsó decisivamente, el pasado lunes, una reforma que antes patrocinaron el PSOE o UPyD. Junto a otros tres Parlamentos —los de Madrid, Castilla y León y Andalucía— son los que más adelantado tienen el proceso para que cientos de políticos pierdan la protección jurídica de la que gozan. Tanto Podemos como Ciudadanos han hecho bandera de la desaparición de los aforamientos y por eso han incluido esta medida en los pactos de investidura o gobierno que han firmado con el PP y el PSOE en siete comunidades.

Los Gobiernos de Madrid y Castilla y León, ambos del PP, ya han hecho sus proyectos para quitar los aforamientos. Además, las Cortes de Aragón han instado al Gobierno regional a cambiar el Estatuto de autonomía y quitar los aforamientos. En ese punto está también Andalucía, donde el Ejecutivo del PSOE se comprometió a hacerlo a través de su pacto de investidura con Ciudadanos. Murcia y Cantabria han creado comisiones para la reforma del Estatuto. En ellas se tratará el fin de los aforamientos, como ocurrirá en Cataluña. No son casos aislados. La Rioja ha aprobado una proposición no de ley de PP y Ciudadanos comprometiéndose a incluir el fin de los aforamientos en la reforma del Estatuto. La anterior cámara del País Vasco instó al Ejecutivo autonómico a eliminarlos, pero fue justo antes de su disolución por las elecciones. Y el Parlamento de las Islas Baleares está pendiente de tratar una propuesta de Més, que incluyó la eliminación de los aforamientos en su pacto de gobierno con el PSOE y Podemos. El partido de Pablo Iglesias también se aseguró el apoyo de los socialistas a este cambio en su acuerdo para formar Gobierno en Castilla-La Mancha.

Gobierno de España

Ciudadanos, por su parte, asegura que próximamente presentará una propuesta para eliminar los aforamientos en Asturias y que defenderá la supresión de esta figura en las negociaciones para reformar los Estatutos extremeño y valenciano.

Además, si Mariano Rajoy es presidente antes de noviembre con el apoyo de Albert Rivera, el PP tendrá que apoyar la supresión del aforamiento de diputados y senadores.

La pérdida de la protección jurídica por parte de los políticos marcaría un punto de inflexión justo cuando comienzan algunos de los juicios por corrupción más importantes de la historia de España, supondría un cambio sin precedentes en el estatus de los cargos públicos españoles y les homologaría con sus colegas europeos.

En Alemania y Reino Unido no hay aforados. En Portugal e Italia solo lo está el presidente. En Francia gozan de esa condición el presidente, el primer ministro y los miembros del Gobierno. Pero en España hay más de 10.000 personas que no pueden ser juzgadas en tribunales ordinarios, incluyendo a jueces o fiscales, que están aforados para evitar la tentación de que sus compañeros más próximos les protejan en una querella. La diferencia numérica se explica porque en el resto de países no hay acusación popular y en España sí.