Armas ‘marca España’ en la guerra de Yemen

El pasado 8 de enero, Yemen Fights Back, una publicación online que refleja los puntos de vista de los rebeldes huthis yemeníes, aliados del expresidente Saleh, mostraba imágenes del armamento abandonado en su huida por los “mercenarios saudíes” en la localidad de Tuwal, en la frontera entre Arabia Saudí y Yemen. Como parte del botín de fusiles automáticos, munición y documentos personales, un lanzagranadas C90 fabricado por la empresa española Instalaza. Una semana después, la misma publicación exhibía imágenes más nítidas de otros dos C90, esta vez en Raboha City, también en la frontera saudí con Yemen. El 23 de febrero, difundía un vídeo en el que se veía a milicianos huthis celebrando la captura de un BMR-600, de la firma española Enasa, en la localidad yemení de Midi, cerca del Mar Rojo.

Eclipsada en los medios de comunicación por los conflictos de Siria o Irak, la guerra de Yemen ha provocado ya más de 6.700 muertos y al menos tres millones de desplazados. Las hostilidades estallaron en septiembre de 2014, cuando los rebeldes huthis, de confesión chií y próximos a Irán, tomaron la capital, Saná. Arabia Saudí, al frente de una coalición suní y con el respaldo de EE UU, intervino militarmente en marzo de 2015 para reponer en el poder al presidente Adi, sucesor de Saleh. Lo que debía ser una campaña relámpago se ha empantanado en una guerra de desgaste, con la imposición de un bloqueo aéreo, naval y terrestre que ha dejado al 80% de la población en riesgo de hambruna y a 1,5 millones de niños con problemas de malnutrición, según Unicef. Los dos bandos han sido acusados de crímenes de guerra por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

¿Cómo llegaron lanzagranadas y blindados españoles al campo de batalla yemení?

El régimen saudí es el mejor cliente de la industria militar española fuera de Europa. En 2015 compró armas españolas por 540 millones de euros (el 15% del total); una factura que corresponde, en su mayor parte, a aviones de reabastecimiento, pero también incluye granadas de mortero y munición de artillería. Y esta relación se remonta ya a varias décadas.

ARES (Armament Research Services), una consultora australiana especializada en armas y municiones, ha identificado dos productos de fabricación española en poder de los huthis: el ya citado lanzagranadas C90-CR y granadas de mano Alhambra, ambas de Instalaza. El informe de ARES concluye que lo más probable es que estas armas fueran capturadas por los rebeldes yemeníes en el campo de batalla, arrebatándoselo a las tropas saudíes o a las fuerzas leales al presidente Hadi, entrenadas y equipadas por Riad. Según la consultora, unos 5.000 lanzagranadas C90-CR fueron vendidos al Ejército saudí a principios de la década de los noventa. Respecto a las granadas Alhambra, pudieron ser vendidas en 2004 dentro de un paquete de municiones y granadas de 23,2 millones.

Yago Rodríguez, coautor del informe de ARES y experto en Oriente Próximo, añade a los C90 y las granadas Alhambra los vehículos Pegaso BMR-600, de los que al menos 140 fueron vendidos a Arabia Saudí en 1983 y otros 300 fabricados allí. “La mayoría de los BMR-600 capturados o destruidos estaban en el distrito de Harad, donde la Infantería de Marina saudí se desplegó y sufrió bajas a manos de los rebeldes en febrero pasado”, explica el investigador.

La lista de material militar español cuya presencia se ha confirmado en Yemen incluye también vehículos tácticos VAMTAC, de Urovesa. Rodríguez cree que tarde o temprano aparecerán en el escenario yemení armas españolas vendidas a los países del Golfo implicados en la coalición que lidera Riad: bombas de aviación, proyectiles de artillería y de carros de combate, morteros, etcétera.

El informe de Comercio sobre exportación de material de Defensa español en 2015 asegura que “todas las licencias de munición [para Arabia Saudí] fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país”. A la vista de los vídeos difundidos en redes sociales no parece que estas cláusulas se apliquen a rajatabla.

El pasado día 27, cuatro ONG (Amnistía Internacional, FundiPai, Greenpeace y Oxfam Intermon) integradas en la campaña Armas bajo Control, remitieron una carta al Ministerio de Economía en la que le pedían la apertura de una investigación independiente y exhaustiva sobre el desvío de armas españolas al conflicto de Yemen, cuyos resultados se hagan públicos, y la adopción de garantías legalmente vinculantes para controlar su empleo y sus usuarios finales. La carta aún espera respuesta.