Condenada la célula yihadista radicada en la mezquita de la M-30

Más información

Dos detenidos en Barcelona y uno en Melilla por difundir propaganda yihadista

Condenado a nueve años el yihadista juzgado por destruir patrimonio artístico

Detenido en Valladolid un yihadista que fue a Siria para volver a Europa a atentar

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre ocho y 11 años y medio de prisión a los nueve miembros de la Brigada Al Andalus, una célula de captación y adoctrinamiento yihadista que operaba en la mezquita de la M-30 de Madrid y que estaba liderada por el marroquí Lahcen Ikassrien, exrecluso del centro de detención de Guantánamo.

Según la sentencia, de 183 folios, la célula estuvo operativa desde principios de 2011 hasta su desarticulación en junio de 2014 captó, radicalizó y envió a Siria para enrolarlos en las filas del Estado Islámico a no menos de seis personas. Además, siete de los condenados, debidamente adoctrinados por su líder Ikassrien, estaban ya preparados para hacer la yihad en Siria, aunque su partida se vio frustrada por la operación policial en la que fueron detenidos.

Según la sentencia, de forma paralela al adoctrinamiento religioso y político, los condenados realizaban una “apología sistemática y continua” del Estado Islámico y de Jabhat Al Nusrah, la rama de Al Qaeda que opera en Siria y Líbano. A los miembros de la Brigada Al Andalus, todos de nacionalidad marroquí, excepto un argentino y un búlgaro, se les incautó numeroso material que incitaba a la práctica de la yihad.

Dentro del grupo, Lahcen Ikassrien ejercía de referente ideológico, al que el resto de los integrantes mostraba respeto. Este ciudadano marroquí, capturado en 2001 en Mazar-i-Sharif (Afganistán) por las tropas estadounidenses, fue trasladado a la prisión militar de Guantánamo, donde permaneció hasta 2005, cuando fue enviado a España. Según la sentencia, era “una pieza básica en la transmisión de ideas que justificaban y alababan la lucha armada por sus experiencias en el pasado”.

Ikassrien, junto a sus lugartenientes Omar el Harchi y Mohamed Amin El AAbou, desplazados a la zona de conflicto y procesados en rebeldía, se encargaba de seleccionar e integrar a los nuevos miembros, así de financiar al grupo. El Harchi “desempeñaba una importante labor como recaudador en el seno del grupo, encargándose de reunir dinero en la Mezquita de la M-30, y en los distintos Centros Culturales Islámicos”. Parte de esos fondos los enviaba a Mohamed Amin El Aabou a Egipto.

La sentencia relata cómo en el caso de algunos acusados ya tenían pensada y planificada su salida de España con dirección a Siria, enmascarando en su entorno familiar ese viaje por supuestos motivos laborales. Algunos estaban dispuestos a salir de forma individual y otros acompañados por sus familias, siguiendo las instrucciones difundidas por la red yihadista, para evitar ser detectados por los servicios de seguridad.

“Todos ellos —describe el ponente, Fermín Echarri— experimentaron un proceso de radicalización y adoctrinamiento, planificado en distintas fases, en la que en la última, llevada a cabo en diversas reuniones dirigidas por el acusado Lahcen Ikassrien, eran sometidos a un proceso de transmisión de ideas religiosas y políticas justificadoras del ideario y acciones de las organizaciones filiales de “Al Qaeda” en el conflicto sirio, así como la necesidad de participar activamente e incorporarse como integrantes de las mismas”.