Por tierra, mar y aire

La ofensiva del Partido Popular contra la juez Rosa María Freire avanza prácticamente en todos los terrenos. Nada más concluir las diligencias previas y avanzar hacia el procedimiento abreviado contra el PP y tres altos cargos del partido, el pasado 26 de julio, la diputada Celia Villalobos, acusó a la juez de tener un "primo hermano que es de Izquierda Unida".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atacó reiteradamente, días después, el contenido del auto judicial, siendo que no era firme y que los recursos contra la decisión, del PP y de la Fiscalía, estaban pendientes. Es decir, el ministro interfería claramente en la actividad de los jueces.

Y al reanudarse la actividad de los tribunales el 8 de septiembre, ha llegado la traca final. El denunciante, el extesorero Luis Bárcenas, retiró la acusación, dejándola en manos exclusivas de las acusaciones populares. La deserción de Bárcenas fue seguida de una recusación de la juez por parte del PP con información procedente de tertulias televisivas "donde se debatió sobre la imparcialidad" de la juez. Un incidente que la juez ha rechazado tramitar y a la que ha seguido una nueva recusación.

La decisión de la juez de rechazar la tramitación de la recusación ha originado una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del responsable de destruir materialmente el disco duro, José Manuel Moreno, y en paralelo, con la deserción de Bárcenas y la posición contraria a acusar de la Fiscalía, el PP ha solicitado ayer que se aplique -oh casualidad- la doctrina Botín, caída en desuso tras la decisión del tribunal del caso Nóos de juzgar a Cristina de Borbón.

En este contexto, la juez Freire resolvió ayer desestimar los recursos contra su auto del mes de julio. La Fiscalía ha recurrido en apelación, cosa que harán el PP y los investigados, a la sección cuarta de la Audiencia de Madrid.

Cuando se tramita una recusación, el juez o jueza que instruye tiene que apartarse del caso hasta que se adopte una decisión sobre los fundamentos de su parcialidad/imparcialidad. Por tanto, no debe seguir instruyendo la causa. Pero la juez Freire no ha tramitado la primera recusación y tiene pendiente pronunciarse sobre la segunda.

En este caso, la investigación ha concluido con el auto de julio y los escritos de acusación ya presentados, que serán reflejados en el auto de apertura de juicio oral. Lo que estaba pendiente era resolver sobre los recursos de reforma y apelación.

Y aun cuando la juez podía, como hizo, rechazar la tramitación, con el argumento de que fue presentada fuera de plazo, lo más transparente para despejar cualquier duda hubiera sido apartarse y alegar cuando otro tribunal, encargado de la recusación, se lo pidiera. Mientras tanto, lo aconsejable era no resolver ninguna cuestión pendiente a la espera del desenlace de la recusación.

Da toda la impresión de que el PP quiere volver a los tiempos de aquel estratega en el caso Gürtel llamado Federico Trillo quien buscaba giros copernicanos en los casos, a través de dar leña al mono, es decir, a los magistrados, tal como lo consiguió, finalmente, a través de sus intermediarios, mediante la inhabilitación del primer instructor, el juez Baltasar Garzón.