La juez Freire y el PP

La juez Rosa María Freire dictó el pasado 20 de septiembre un auto en el que rechaza admitir a trámite el incidente de recusación presentado por los investigados Partido Popular y José Manuel Moreno en la causa de destrucción del disco duro del ordenador que usaba el ex tesorero Luis Bárcenas. Según reza en la parte dispositiva, cabía recurso de reforma contra dicha resolución.

El PP ha presentado nuevo escrito con fecha 22 de septiembre alegando nueva causa de recusación en el propio auto de la juez Freire y pide que se tramite el incidente por pieza separada, se eleve a la Audiencia Provincial y que otro juzgado, al que por turno corresponda, se haga cargo del juzgado 32 mientras se tramite la recusación.

La juez Freire tenía los preceptos legales y constitucionales de su lado para inadmitir el incidente de recusación al ser presentado, según ha argumentado, fuera de plazo. 

Pero aún así, hubiera sido lógico que tramitara el incidente de recusación ante la sección correspondiente de la Audiencia Provincial, la cuarta, a fin de nombrar magistrada o magistrado para instruir el incidente. Ya en el trámite, la juez Freire tendría oportunidad para alegar los mismos argumentos que aporta en su auto de rechazo a la recusación. Y sería la Audiencia, a propuesta del instructor o instructora, la que resolviera el incidente.

Esto hubiera permitido que la resolución del conflicto, por más artificioso o fabricado que sea, quede en manos de un tercero, otro órgano, la sección de la Audiencia Provincial. En otros términos, no es juez la recusada, acusada de falta de imparcialidad, la que debe resolver sobre su propia recusación.

Aunque se puede inadmitir una recusación a trámite por las razones que invoca la juez Freire, ¿qué problema existía para que fuese un tercero el órgano encargado de adoptar la decisión tras oír todos los argumentos?

Máxime cuando la instrucción está terminada. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado ha sido recurrido por el PP en reforma y en apelación. Este recurso debe ser resuelto por la juez, pero no ha tenido efecto suspensivo sobre los escritos de acusación, que ya están presentados.

El PP ha presentado, como se ha apuntado, nuevo incidente de recusación a raíz de algunas manifestaciones de la juez Freire en su auto. En particular, el PP se agarra de una frase de la juez.

Dice así: "No es por tanto el momento de entrar en el fondo del asunto, no es esta la resolución que permite negar todas y cada una de las acusaciones de falta de imparcialidad de la que suscribe, y que me han convertido según el Partido recusante, en "un eficaz instrumento de la acción política del PSOE" — desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas ..."

El PP, que justificó en parte la primera recusación en que la imparcialidad de la juez Freire fue objeto de debate en tertulias de televisión, vuelve a usar a los medios. Arguye que esta frase pone de relieve "una preocupante predisposición peyorativa al poner de manifiesto que esta parte, por el mero hecho de ser el Partido Popular, ha tratado de "cosificarla" por el único motivo de ser mujer...". En apoyo de esta versión, según se ha apuntado, el PP cita titulares en los que se señala que la juez acusa al PP de "machismo".

Concluye el PP: "Es obvio que de acuerdo a la jurisprudencia sobre la apariencia objetiva a ojos de un observador imparcial, resulta clamoroso que todos los medios hayan entendido, como lo hace esta parte, que las afirmaciones van dirigidas a calificar de machista el ejercicio por el Partido Popular de su derecho a recusar a un Magistrado en quien concurra una causa legal de recusación". Según el PP, esto confirma la existencia de "enemistad manifiesta" de la juez con el PP.

Bien.

El PP ha considerado esta causa como muy relevante, aunque no es la única en la que figura como imputado (está presente en calidad de investigado también en Valencia). Pero es la más notoria. Por ello la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, abrió fuego contra la juez Freire a la que incriminó por tener un "primo hermano de Izquierda Unida".

La sobrevenida autopersuasión del extesorero Luis Bárcenas de desistir de la querella, por "no estar dispuesto a que se me señale y utilice con este tema como forma de atacar al PP y que España no tenga gobierno", según sus propias palabras, ya fue un hecho significativo. Porque el 8 de septiembre, la defensa de Bárcenas presentó escrito oponiéndose a los recursos del PP y de la Fiscalía para que se archive la causa. Y el lunes 12 en lugar de presentar el escrito de acusación... Bárcenas resuelve, contra la opinión de sus letrados, desistir.

Y a continuación, el PP recusa a la juez Freire.

El PP ha hecho una ofensiva en toda regla. Por un lado, la retirada de acusación del extesorero supone que el perjudicado directo por el daño de los ordenadores se echa atrás. Pero si a ello se suma que la Fiscalía de Madrid pide el archivo, el procedimiento queda a merced de la doctrina Botín, con el impulso exclusivo de la acusación popular. 

Y la recusación es la guinda.

Pero no la única: el PP pide que se aplique el turno y que del juzgado 32 quede a cargo el que por tuno corresponda. El PP sabe que eso " corresponde" al juzgado 5. Oh casualidad: será la juez Carmen Valcarce. Dicho juzgado se ocupó del caso de espionaje en el PP de Madrid, entre las bandas de Ignacio González y Francisco Granados, una investigación conocida por las dilaciones, para decirlo suavemente, y su viaje a ninguna parte.

En todo caso, es práctica que el juez o la juez que sustituye al titular mientras se tramita la recusación no adopta resoluciones a la espera del resultado del incidente. En este caso una de las decisiones pendientes es resolver el recurso de reforma del PP contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La juez Freire puede corregir su decisión de no tramitar la recusación ante el nuevo incidente planteado por el PP y elevarlo a la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Podrá volver a argumentar contra la recusación y dejar en manos de otro órgano la decisión final.