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La fiscalía denuncia al líder del PP en Almería por dar a su yerno contratos por 1,2 millones

El ministerio público acusa a Gabriel Amat de fraude y tráfico de influencias

Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería Ampliar foto
Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, en una feria local en Berja (Almería) en octubre de 2013.

La fiscalía ha denunciado al líder del PP en Almería, presidente de la Diputación en esta provincia andaluza y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, por fraude, tráfico de influencias, actividad prohibida a funcionario público y prevaricación, al adjudicar cinco contratos por 1,2 millones a su yerno y socio en una de sus numerosas empresas. La denuncia —basada en informes de la Guardia Civil— ataca al hombre fuerte del Partido Popular en Almería desde hace 12 años y miembro de la Junta Directiva Nacional del partido, le acusa de nepotismo, pero sobre todo hace hincapié en los contratos concedidos a un familiar con el que Amat comparte sociedades que componen su ingente entramado empresarial. La anterior imputación de Amat, en el caso Fabriquilla terminó en archivo.

La Fiscalía de Almería comenzó su investigación el pasado febrero después de una información de este diario sobre los tres contratos, a la que siguió una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Roquetas de Mar. Ahora el ministerio público acusa a Amat, a su yerno José Zapata y al técnico municipal Demetrio Navarro por la concesión de contratos entre 2008 y 2014. Tras la denuncia del fiscal, un juez el que estudie la concesión de 1.430.229 euros en cinco contratos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urbaser.

Tras estudiar los contratos, el fiscal concluye que existen "ciertas irregularidades" orientadas a que la firma de su yerno, Jarquil Verde SL, ganara diferentes contratos públicos "en detrimento de las otras empresas ofertantes y del erario público". "Los hechos narrados presentan apariencia delictiva", concluye el fiscal. Es decir, los indicios recabados indican que los contratos no se dieron a la mejor oferta y se trucó el resultado de las valoraciones de los técnicos municipales.

La pasada primavera la Guardia Civil investigó los contratos y la relación como socios de Amat y Zapata, y constató "las numerosas participaciones conjuntas (...) como representantes de determinadas sociedades, como fiadores/avalistas, prestatarios/deudores e, incluso, actuando uno como el representante legal del otro". Ambos comparten cargos en Sur Poniente SL

El contrato más llamativo se concedió a Urbaser por 401.570 euros para construir nuevas vías ciclistas y adaptar otras vías existentes, con irregularidades que subraya el fiscal. Los técnicos municipales concedieron a la UTE la máxima puntuación en el parámetro de mejores, "de carácter subjetivo y variable" y en cambio no se valoró el precio de las ofertas porque debieron ser "todas prácticamente idénticas", adivina el fiscal. A pesar de que la empresa decidió dejar de hacer unas mejoras prometidas en el proyecto por 35.316 euros, el Ayuntamiento no penalizó a la firma por este incumplimiento.

Amat preside el Comité Electoral del PP andaluz, donde se proponen los candidatos al Senado. Este diario ha intentado recabar la opinión del dirigente popular, pero este ha declinado ofrecer su opinión sobre la denuncia de la fiscalía.

La decisión de la Fiscalía se produce después de la investigación periodística de EL PAÍS sobre el presunto trato de favor cometido por este político del PP. Desde julio de 2015, este periódico ha denunciado las supuestas prebendas otorgadas por el popular desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige desde 1995, a un entramado de 103 empresas donde figuran 53 parientes. Los familiares del político se beneficiaron presuntamente de licencias para la construcción de viviendas, reparcelación de terrenos o adquisición de vehículos.

Amat, que también es líder del PP en Almería, otorgó desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 950.000 euros en contratos a su yerno, concedió 48.000 euros a sus empresas y autorizó que el Consistorio del que es alcalde comprara seis coches al concesionario de su familia. El popular se benefició, además, de un pelotazo urbanístico de cuatro millones de euros.

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