El juez del ‘caso Ausbanc’ reclama convenios a cuatro Gobiernos autonómicos y dos Ayuntamientos

Salto de calidad para desenmarañar la trama del caso Ausbanc. El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, sustituto este verano de Santiago Pedraz, ha ordenado a la policía que reclame a la Xunta de Galicia, la Generalitat valenciana, el Gobierno balear, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Salamanca, todos los convenios y subvenciones firmados y concedidos a Ausbanc Empresas y Ausbanc Consumo desde 2004 hasta la actualidad.

En junio Pedraz ya había pedido información al Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, por lo que ya son ocho las Administraciones sospechosas por el río de subvenciones que recibió la entidad en la última década. Solo el Gobierno que dirigió Esperanza Aguirre concedió 6,2 millones a Ausbanc entre 2001 y 2012.

Pedraz ha acusado de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa y administración desleal a ocho personas, y la policía a sus órdenes indaga la legalidad de los acuerdos entre la entidad y las consejerías de Sanidad y Consumo y Hacienda de los cuatro Gobiernos autonómicos y los dos Ayuntamientos con la entidad que presidía Luis Pineda. Además, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) analizará la compra de programas de televisión y derechos de emisión para Canal Sur y el patrocinio para un foro de la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta andaluza.

El magistrado estima "útil y pertinente" ampliar la investigación a las Administraciones públicas que contrataron con la asociación, supuestamente dedicada a la defensa de los consumidores pero con muchos otros negocios paralelos, tras solicitarlo la acusación popular personada en el caso, representada por Podemos. El escrito de este partido le pide al juez que analice "si la inclusión" de Ausbanc en los registros como asociación de consumidores, pese a ciertas irregularidades e incumplimientos como que tenía ánimo de lucro, "fue conforme a derecho o no".

La compra de derechos por parte de Canal Sur Televisión para retransmitir una serie de galas de Ausbanc será asimismo analizada por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional para comprobar su legalidad. La pasada primavera la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) destituyó al entonces director de Estrategias y Antena de Canal Sur, Antonio Ramírez, por beneficiarse supuestamente a través de un negocio familiar de las contrataciones con Ausbanc y su productora de televisión Agroeditora.

La providencia del juez Abascal está fechada el pasado 18 de agosto y completa una anterior del 1 de junio. Los Gobiernos autonómicos y los Consistorios deben "poner a disposición de la unidad policial investigadora toda la información relativa a las subvenciones y convenios en los que hayan participado, incluyendo la convocatoria de las mismas", reza la providencia del juez.

La Comunidad de Madrid ha detallado los 6,2 millones en subvenciones concedidas a Ausbanc entre 2000 y 2015 gracias a la petición de la Asamblea madrileña, según ha denunciado la asociación de consumidores Facua. María Teresa Cuadrado, esposa del presidente Luis Pineda, en prisión preventiva desde el pasado abril, fue directora de Consumo de la Comunidad de Madrid.

La investigación policial busca ahora analizar la letra pequeña de cada subvención pública, para entre otros detalles determinar si existió prevaricación al conceder esos fondos pese a que Ausbanc incumplía requisitos imprescindibles para optar a ellas.