La fiscalía reclama reformas legales y más medios contra el yihadismo

Las actuaciones de la Audiencia contra el terrorismo islamista superan por primera vez las acciones contra ETA

Redada antiyihadista en Crevillente (Alicante), en julio.Vídeo: JOAQUÍN DE HARO / ATLAS

La lucha contra terrorismo islamista se ha convertido en la parcela más importante de trabajo de la Audiencia Nacional. Por primera vez desde que este tribunal fue creado en 1977, las actuaciones contra el yihadismo superan las acciones contra la banda terrorista ETA, que cesó en su actividad armada en 2011. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama en su memoria de 2016 reformas legales para hacer más eficaz la lucha contra grupos como Estado Islámico y Al Qaeda, a los que considera “la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestras democracias”. El departamento dirigido por Javier Zaragoza ve “absolutamente necesario” disponer de más fiscales especializados en combatir al terrorismo.

Las investigaciones por delitos de terrorismo islamista crecieron en 2015 un 69% respecto a 2014. El año pasado se abrieron un total de 179 diligencias previas. “Por primera vez las investigaciones por terrorismo yihadista superan con creces a las iniciadas contra ETA y su entorno”, señala la última memoria de la Fiscalía, que pronostica que este fenómeno delictivo marcará su trabajo “a medio y largo plazo”.

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La fiscalía alerta de un “desplazamiento de un importante contingente de yihadistas” del Estado Islámico desde Siria e Irak hacia Libia. Y pone cifra a esta amenaza: unos 5.000 milicianos. La preocupación del ministerio público, ya expresada en varias ocasiones, es que desde este territorio sin apenas estructura de Estado se pueda producir un trasvase de terroristas a otros países del norte de África como Túnez, Argelia o Marruecos.

Este peligro coincide con una “aumento significativo” del número de menciones a España en la propaganda del Daesh y con la existencia de una estructura, denominada Al Andalus, que tiene como objetivo perpetrar atentados en España, según la memoria. En la actualidad, el Ministerio del Interior mantiene la alerta 4, de un total de 5, por un “riesgo altamente probable” de ataque terrorista.

Otro foco de peligro se encuentra en las prisiones. En las cárceles españolas están ingresados 101 presos islamistas, de los cuales 20 tienen condenas firmes —diez por los atentados del 11 de marzo de 2004— y el resto está pendiente de juicio. Además, se ha identificado a unos 150 combatientes desplazados desde España hacia las zonas de conflicto de Siria e Irak. De ellos, unos 25 se cree que han muerto, la mayoría en atentado suicidas, y una veintena ha retornado a España, ingresando en prisión la mayoría de ellos.

La lucha contra el yihadismo en España en los últimos años se ha centrado principalmente en las redes de captación de combatientes y en el adoctrinamiento, especialmente a través de Internet y las redes sociales. Sin embargo, las herramientas legales, modificadas en 2015, comienzan a quedarse cortas y la Fiscalía considera “muy probable” que la evolución de este fenó­meno terrorista “obligue a abordar más reformas legales en un futuro inmediato”. Entre estas medidas, el ministerio público señala incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no solo en financiación; aumentar las penas máximas para los dirigentes de las organizaciones terroristas, considerar terrorismo la falsedad documental cuando se realiza con fines terroristas y sancionar el traslado de combatientes a cualquier país, aunque no sea zona de conflicto dominada por grupos armados.

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Junto a esta reforma legal, el departamento que dirige Javier Zaragoza, ve “absolutamente necesario potenciar los recursos humanos y las capacidades del sistema judicial”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide “incrementar a la mayor urgencia” el número de fiscales especializados en yihadismo, algo que “no se ha producido pese a las continuas y reiteradas manifestaciones públicas de algunos responsables políticos”.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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