Dime de dónde eres y te diré lo que estudias

Más de ocho millones de alumnos de infantil, primaria y secundaria vuelven a partir de este lunes a clase. Es el último año de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La norma —desarrollada con la mayoría de las comunidades, los padres y los partidos de izquierdas en contra— tenía, entre otros objetivos, asegurar contenidos comunes en toda España. Pero en su último año de implantación, las diferencias se agudizan de una comunidad a otra.

Es el caso de las reválidas. Este curso se implantan estos exámenes externos que los alumnos de 4º de la ESO (15-16 años) y de 2º de Bachillerato (17-18) necesitan aprobar para obtener el título y poder seguir estudiando. Aunque este curso se trata de una prueba piloto (sin valor académico), en el caso de Bachillerato sustituye a la Prueba de Acceso a la Universidad, la PAU o Selectividad. Y hay comunidades autónomas que han manifestado que no piensan cambiarla.

“No hay problemas”, declaró el viernes la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle. La comunidad cuenta con “autonomía para mantener los mismos modelos llamándose reválida en vez de Selectividad”. Cataluña también se ha desmarcado del cambio y ha dado un paso más. Ha denunciado el decreto que regula las reválidas en los tribunales al entender que invade sus competencias.

Es cierto que el Ministerio de Educación ha reducido mucho los cambios de la reválida de Bachillerato (para el que llegó a barajar 350 preguntas tipo test) pero quedan diferencias, como muestra el cuadro que acompaña esta información. Así que un alumno andaluz o catalán que quieran ir a la Universidad hará menos exámenes obligatorios y durante menos días que uno de Madrid, por ejemplo.

Hasta 13 regiones (todas las que no gobierna el PP más Castilla y León, en la que sí hay un Ejecutivo popular) rechazan este tipo de evaluaciones. Ya ocurrió el curso pasado, en el que siete de cada 10 estudiantes no hizo las pruebas externas de primaria tal como fija la LOMCE y siete comunidades (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) acabaron ante la Alta Inspección educativa con requerimientos que aún no se han resuelto.

Los detalles de las reválidas de la ESO y el Bachillerato se tienen que cerrar antes de final de noviembre, según señala el decreto que las regula, pero puede que haya modificaciones de calado cuyo contenido llegaría aún más tarde a los estudiantes. Y ahí entra de lleno la realidad política del país, tras ocho meses con un Gobierno en funciones.

En los acuerdos con Ciudadanos y Coalición Canaria para intentar mantenerse en el Gobierno, el PP negoció con las reválidas. Acordaron que si se quedan en el Ejecutivo y no hay terceras elecciones “suspenderán” el decreto que regula estas pruebas externas (publicado el 30 de julio) y negociarán exámenes diferentes “en un plazo de seis meses”. Si es el PSOE el que llega a La Moncloa, su intención es derogar la ley y, con ella, las reválidas.

Un “galimatías”

“A fecha de hoy no sabemos cómo, cuándo, ni dónde serán esos exámenes”, señala Alberto Arriazu, presidente de la federación de directores de instituto, Fedadi. “Que alguien me diga en qué mejora la educación de los chavales este galimatías en el que nos hemos metido”, critica.

La otra novedad tiene que ver con cómo aprenden filosofía los alumnos, una disciplina a la que la LOMCE restó importancia hasta el punto de que hay estudiantes que pueden abandonar la educación obligatoria a los 16 años sin haber oído hablar de Platón. La ley educativa del PP refuerza lengua, matemáticas y ciencias, deja de lado tecnología y enseñanzas artísticas y prima el pensamiento empresarial por encima del filosófico. Este curso, la asignatura de Historia de Filosofía de 2º de Bachillerato deja de ser obligatoria, aunque la movilización de intelectuales y docentes a lo largo del último año ha dado la vuelta a la tortilla. Diez comunidades autónomas la han recuperado para sus estudiantes en el margen de decisión que les deja la normativa (ver mapa). Las otras siete, no, según el recuento elaborado por la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid.

“Eso crea desigualdades en sus estudios y ante las reválidas”, valora Enrique Mesa, profesor de Filosofía en un instituto madrileño, integrante de la asociación madrileña y miembro de la Red Española de Filosofía. “Tanto si la dan en 2º como si la ven solo en 1º de Bachillerato [donde se mantiene como materia obligatoria], les entra en la prueba final, lo que significa que un alumno de Madrid, donde no es obligatoria en 2º, parte con desventaja respecto a uno de Andalucía, donde sí lo es”, señala.

Gasto educativo, profesores y alumnos

A falta de cifras oficiales de este curso, la tendencia es que aumente el número de alumnos y no tanto el de profesores. En 2015 había 484. 293 docentes en los centros públicos, según las cifras oficiales. Son 6.000 más en un año pero aún 12.000 menos que los que había antes de la crisis. En Cataluña, que ya ha ofrecido los datos de inicio de curso, la Generalitat contratará 200 maestros menos de los que anunció para el nuevo curso.

El gasto educativo (el dinero que destinan a educación las comunidades y el Estado), que asciende a 46.000 millones pero ha perdido 7.000 desde 2010. Desde entonces, hay menos dinero para educación compensatoria (los alumnos más regazados), para formación del profesorado o para investigación educativa.

Cada familia gastará entre 125 y 500 euros solo en libros y material escolar, según estimaciones de las dos grandes asociaciones de padres de centros públicos y concertados (Ceapa y Concapa). Ambas alertan de que las familias siguen pasando dificultades para afrontar la vuelta al cole.

España perdió en el último curso 200.000 ayudas para libros, las que reciben las familias con menos recursos. Son 62% menos que el año anterior. El curso pasado hubo además 23.000 becarios menos en secundaria postobligatoria y Universidad, según el informe del Ministerio de Educación para el curso 2015-2016, que refleja una caída de 500 euros de gasto por alumno. Educación ha recuperado en los dos últimos años 25 millones anuales para libros de texto. En 2012, cuando se eliminó ese programa, su aportación ascendía a 100 millones.

Con información de Camilo S. Baquero (Barcelona) y Ángeles Lucas (Sevilla).