Defensa nombra altos cargos pese a estar en funciones

A principios de este año la Abogacía del Estado hizo una nota interpretativa de la Ley del Gobierno en la que dejaba claro que el nombramiento de altos cargos no figura entre las competencias del Ejecutivo en funciones. Así lo han aplicado todos los departamentos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, no ha nombrado a ningún embajador, por lo que ha mantenido en el puesto a los que se han jubilado y ha dejado en manos del ministro consejero (número 2) la jefatura de aquellas representaciones diplomáticas que han quedado vacantes por dimisión o fallecimiento.

El Consejo de Ministros del 17 de junio nombró a la secretaria general de Ciencia e Innovación y a la directora general de Política de Investigación, pero el departamento que dirige Luis de Guindos alega que no se trató de nuevos nombramientos, sino solo de cambiar la denominación de sus cargos por la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación.

La única excepción a la abstención general de nombrar altos cargos la ha protagonizado Defensa. El 8 de enero de 2016, menos después de un mes de las elecciones, nombró al jefe del Mando Aéreo General; el 12 de febrero, al Mando de Personal del Ejército de Tierra; el 19 de febrero al jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y al jefe de la Fuerza Terrestre, que sustituyó al anterior; el 22 de abril, al jefe de la Fuerza Logística Operativa; y el 6 de mayo, al director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden). Muchos de estos nombramientos fueron acompañados del ascenso del designado a teniente general.

Respecto al carácter de altos cargos de estos puestos no hay duda: el portal de la transparencia, web oficial del Gobierno, incluye los currículos de todos ellos entre los altos cargos del Ministerio de Defensa.

Un portavoz del departamento que dirige Morenés ha reconocido a EL PAÍS que “los altos cargos militares son los únicos que está nombrando el Consejo de Ministros” y ello se debe a que “son puestos relevantes en la estructura militar, en los que quien los ocupa cesa por imperativo legal al pasar a la reserva y es imprescindible cubrirlos tanto por la importancia de las funciones que desarrollan como por ser las Fuerzas Armadas una estructura jerarquizada”.

Puestos militares

El mismo portavoz aseguró que “en anteriores legislaturas se ha hecho lo mismo cuando se ha producido algún cese [de un alto cargo militar] y nunca ha habido problemas”. Además, agregó, “aunque están equiparados a altos cargos por su procedimiento de nombramiento [real decreto], no son puestos políticos sino militares y todos los casos se corresponden con puestos de la estructura de las Fuerzas Armadas”. El único cargo ajeno a los ejércitos, el de director del Ceseden, “requiere una continuidad académica en sus actividades docentes y forma parte también de la estructura militar, dependiente del Jemad [Jefe del Estado Mayor de la Defensa]“, según dicho portavoz.

Defensa aduce que paralizar los ascensos tendría un efecto tapón y bloquearía la promoción en las escalas inferiores y agrega que no se han hecho nombramiento en la estructura directiva del Ministerio. Tanto el responsable de Reclutamiento y Enseñanza como el de Asuntos Económicos, ambos militares, se han mantenido en su puesto pese a pasar a la reserva, ya que al ser directores generales no cesan automáticamente.

Lo cierto es que hubiera sido posible dejar vacantes algunos de esos puestos, de forma que las funciones del jefe habrían sido asumidas por el oficial más antiguo (como ocurre ya en caso de enfermedad o ausencia de este), pero Defensa no ha querido perjudicar la carrera de los mandos militares paralizando los ascensos y provocando el pase anticipado a la reserva de quienes no ascendieran. Así ha actuado desde primera hora, pues el primer nombramiento se produjo el 8 de enero de este año, mucho antes de que se prolongara excepcionalmente la situación de interinidad del Gobierno.

Lo que Defensa no ha hecho hasta ahora es “acreditar expresamente” las razones de interés general que justifican esta actuación, como le exige la ley.