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El juez prohíbe al expresidente del PP de Palma acercarse al Ayuntamiento

El fiscal pide la declaración del diputado y edil Álvaro Gijón como investigado en el caso de corrupción policial

El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en una foto de archivo. Ampliar foto
El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en una foto de archivo. EFE

El expresidente del PP de Palma José María Rodríguez no podrá acercarse a menos de 300 metros del departamento de actividades del Ayuntamiento de Palma y del cuartel de la Policía Local. El juez que instruye el caso de presunta corrupción en el seno del cuerpo municipal ha tomado esta decisión después de que Rodríguez declarara como investigado y tras constatar que por los cargos que ha ostentado "goza de una notable ascendencia sobre funcionarios del Ayuntamiento de Palma".

En la orden de alejamiento, el juez también le prohíbe acercarse a tres testigos que han declarado en la causa y un imputado, todos ellos policías locales, y le advierte de que si incumple esta medida será encausado por un delito contra la administración de justicia. Rodríguez está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos, participación en extorsión, tráfico de influencias, asociación ilícita y pertenencia a organización criminal.

El que fuera presidente del PP de Palma se vio obligado a dimitir de sus cargos el pasado mes de julio tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de la causa, que se instruye desde hace más de tres años. El juez le apunta como uno de los políticos que maniobró para crear un cuerpo policial con agentes afines al partido y a través de grupos policiales presionó a los empresarios que no se sometían a su voluntad.

Tras la declaración del expresidente del PP de Palma, el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la comparecencia como investigado del diputado popular en el Parlamento autonómico Álvaro Gijón, que actualmente también es concejal en el Consistorio de la capital balear. En la época en la que sucedieron los hechos, Gijón era edil de Turismo y Coordinación Municipal, del cual dependía el área de Seguridad Ciudadana y la Policía Local.

El fiscal le acusa de crear "con arbitrariedad" y para atender intereses privados del partido y empresariales una unidad en la Policía Local con miembros seleccionados en función de su pertenencia a determinados sindicatos y formaciones políticas. El diputado dimitió de sus cargos en la junta del PP de Palma el pasado mes de julio tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de la causa, donde algunos testigos apuntaban a maniobras supuestamente irregulares del entonces concejal renovar el cuerpo de policía, aunque mantiene sus actas de diputado y concejal.

"Jamás he exigido dinero por favores"

Durante su comparecencia como investigado ante el juez, Rodríguez ha negado la exigencia de dinero a cambio de facilitar trámites administrativos, licencias o favores. En la declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expresidente del PP de Palma ha manifestado que "nunca jamás" se le ocurrió crear una unidad especial en la Policía Local para servir a sus intereses políticos y a determinados empresarios. El fiscal ha insistido en los presuntos favores que hizo a algunos empresarios, a quienes se eliminaba la competencia a base de inspecciones, un extremo que Rodríguez ha negado con rotundidad. "No lo concibo", ha dicho.

El ex alto cargo popular también ha desmentido relaciones con empresarios del ocio nocturno, rechazando su participación en las supuestas fiestas que se realizaban en locales de alterne a las que asistían cargos públicos y policías. "Nunca he estado en un club de alterne ni he pasado por delante de la puerta", ha señalado Rodríguez, que también ha negado influir sobre los funcionarios del Ayuntamiento para favorecer a determinados ciudadanos con algunos trámites administrativos.

Rodríguez fue delegado del Gobierno en Baleares en 2012, hasta que se vio obligado a dimitir tras su imputación en una pieza del caso Palma Arena, y consejero de Interior del Ejecutivo de Jaume Matas entre 2003 y 2007. Durante estas etapas tenía encomendada la supervisión de las policías locales y la coordinación como delegado del Gobierno de las fuerzas de seguridad del Estado en las islas. A pesar de ello, ha manifestado que "jamás" se le ha pasado la cabeza hacer seguimientos a personas "y mucho menos a jueces y fiscales". "Si hubiera tenido conocimiento de algo así me habría opuesto", ha remarcado, después de que el fiscal le preguntara por ello tras la declaración de un testigo que apuntó que el expresidente popular utilizó a agentes para realizar seguimientos a rivales políticos.

A su salida del juzgado, Rodríguez ha criticado las medidas cautelares que le han impuesto y que ha anunciado que recurrirá porque las considera "injustas". "He intentado siempre actuar de forma honrada", ha dicho el ex alto cargo, que no cree que su declaración "tenga que salpicar a nadie".

Tres años de investigación

El sumario ha desvelado la creación de grupos policiales que tenían montados auténticos negocios que utilizaban para chantajear a empresarios del ocio nocturno de Palma y Calviá, a quienes supuestamente obligaban a contratar a sus empresas de seguridad, limpieza o tapicería bajo la amenaza de sufrir inspecciones o multas si no lo hacían. La investigación también ha puesto sobre la mesa el trato que favor que algunos propietarios de establecimientos dispensaban a ciertos grupos de agentes, a quienes permitían disfrutar gratis de alcohol y sexo en sus locales a cambio de recibir información sobre futuras inspecciones laborales y redadas.

Los más de 24.000 folios, sobre los cuales ya no pesa el secreto de sumario, han desvelado episodios de palizas a prostitutas, connivencia de algunos agentes con bandas de carteristas y el menudeo de droga, sanciones reiteradas e inexistentes a locales que terminaban en la ruina, cambios de destino a los agentes que intentaban denunciar estas prácticas y filtraciones interesadas en los exámenes internos de ascenso.

El caso se ha llevado por delante a dos jefes de la Policía Local de Palma, Joan Mut y Antoni Morey, que esta semana han sido suspendidos de empleo y sueldo después de que el juez les prohibiera acercarse a menos de 300 metros del cuartel. El jefe de Policía de Calviá, José Antonio Navarro, estuvo más de un mes en prisión preventiva después de ser detenido por su implicación en la causa. Más de una quincena de agentes locales han pasado por la cárcel de Palma de forma preventiva para evitar que influyeran en los testigos o destruyeran pruebas, aunque la mayoría de ellos han ido saliendo después de pagar las fianzas impuestas por el juez.

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