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El PP y Ciudadanos discrepan sobre los tipos de contrato y los autónomos

Los equipos negociadores aparcan ambas cuestiones y alcanzan un principio de acuerdo sobre el IRPF

Martínez-Maillo y Báñez, este lunes, en la reunión con Ciudadanos.

Los tipos de contrato laboral y la reforma del régimen de los autónomos suponen las mayores discrepancias hasta el momento en la negociación que el PP y Ciudadanos han abierto para lograr un pacto de investidura. Los populares se niegan a aceptar el contrato único que plantea el partido de Albert Rivera, algo a lo que esta formación ya renunció en su pacto con el PSOE de febrero. El PP ve “serias discrepancias” en el documento de 100 medidas que Ciudadanos le remitió el sábado, pero, al tiempo, “ningún obstáculo insalvable”. En cualquier caso, avisa, como hizo tras la firma del pacto anticorrupción, que el pacto depende de que Rajoy salga investido. Ambos partidos han alcanzado un principio de acuerdo sobre el IRPF.

El PP está dispuesto a “mejorar” o “revisar” su reforma laboral porque se aprobó en una coyuntura económica más dura que la actual, pero no piensa derogarla y ayer se negó en rotundo a aceptar una de las propuestas estrella del programa de Ciudadanos: el contrato único. Argumentan miembros del equipo negociador que Rivera ya renunció a esa medida en su pacto de Gobierno con el PSOE el pasado febrero.

De salida, en el modelo laboral, Ciudadanos plantea un contrato único con indemnizaciones crecientes por despido en función de la antigüedad. No obstante, el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, admitió en el receso del mediodía de la reunión que su pretensión de una “modificación sustancial de los tipos de contratos” se mantenía “como aspiración”, dando la impresión de que ya no sería una línea roja, a las que de entrada han renunciado. Pero el portavoz señaló que el desacuerdo no solo era por su contrato único. “En la parte de empleo todavía nos queda mucho que hablar”, dijo.

Principio de acuerdo sobre el IRPF y el modelo austriaco

El PP y Ciudadanos lograron este lunes algunos consensos. Fuentes de la negociación aseguran que existe un principio de acuerdo en reducir el IRPF cuando el déficit se sitúe por debajo del 3% y, mientras tanto, dejarlo como está y en ningún caso subirlo.

Su bajada fue una promesa de ambos partidos en las pasadas elecciones. La última propuesta fiscal de Ciudadanos incluía recortar el IRPF en 2018 aproximadamente un 3% en tipos marginales y medios. En el caso del PP, el tipo mínimo pasaría del 19% al 17%, y el máximo del 45% al 43%.
Las dos formaciones también están de acuerdo en implantar en España la llamada mochila austriaca, un modelo por el que el trabajador dispone de una especie de seguro a cuenta de su empresa en caso de despido. Ambos equipos tienen previsto ratificar hoy ese acuerdo y otros sobre políticas de empleo, como el Plan Prepara, la ayuda de hasta 450 euros para desempleados que hayan agotado su prestación o subsidio.

El PP introdujo en su contestada reforma laboral un nuevo tipo de contrato de emprendedores en el que el trabajador puede ser despedido sin indemnización tras un año de prueba. En el pacto que el PSOE y Ciudadanos firmaron en febrero Sánchez y Rivera establecieron, además de los contratos de relevo y para formación, el indefinido y el temporal, denominado “contrato estable y progresivo”, este último con un régimen parecido al que quería Ciudadanos para su contrato único. Esto es, con una duración general no superior a dos años y una indemnización creciente por finalización del contrato de trabajo, con un coste de 12 días el primer año, 16 el segundo y la conversión en contrato indefinido a partir del tercer año. Al no llegar a un acuerdo, este lunes tras seis horas de reunión en el Congreso, los equipos negociadores del PP y Ciudadanos decidieron aparcar este asunto para más adelante.

La otra gran discrepancia que ha surgido en la negociación tiene que ver con los autónomos. Ciudadanos plantea que no paguen cuota quienes no lleguen al salario mínimo, y que el resto paguen una cuota variable en función de los ingresos. Al PP le preocupa el coste de esta última medida. También han aparcado esta cuestión hasta más adelante.

De los más de tres millones de autónomos que hay en España, la mitad no se sabe a ciencia cierta cuánto ganan porque declaran por módulos, son autónomos societarios o son familiares colaboradores. Y esta medida fácilmente podría implicar una subida de cuotas para muchos de ellos. Además, Hacienda teme que esta iniciativa incentive a los autónomos a que declaren menos ingresos.

La solución para sortear este escollo podría residir en remitir este asunto al marco del Pacto de Toledo, donde se concretará el detalle, como pactaron también el PSOE y Ciudadanos en su fallido pacto de gobierno del pasado febrero. En todo caso, ya hay una sentencia del Supremo que exige que se exima de pagar la cuota a aquellos autónomos que no ingresan lo suficiente para abonarla, recuerdan en el PP. Así que en ese marco se clarificarán las condiciones para que no pague aquél que de verdad no tenga los beneficios suficientes.

Respecto a la medida de que los autónomos paguen en línea con sus ingresos, todos los partidos podrían mostrarse abiertos a establecer alguna base de cotización más alta para aquellos que ganen más. Pero siempre de una forma progresiva y que no provoque una huida de ingresos fiscales hacia la economía sumergida, señala el PP. Los populares quieren vender como un éxito sus tarifas planas para autónomos. Por tanto, tratarán de introducir en el acuerdo un nuevo paquete de medidas que suponga reforzarlas y mejorarlas.

A pesar de los escollos, las dos partes se mostraron ayer optimistas. Su reunión se alargó durante seis horas. “Estamos avanzando. No vemos ningún obstáculo insalvable”, resumió el vicesecretario de Organización de los populares, Fernando Martínez-Maillo.

El equipo negociador del PP dijo haber encontrado, aun así, “serias discrepancias” en el documento de medidas que Ciudadanos les envió este fin de semana, pero ambos consensuaron dejar lo más complicado “para el final”. Hoy, a las 11.00, reanudan las conversaciones, ratificando los acuerdos de ayer para inmediatamente después comenzar con el bloque de sociedad del bienestar. Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, auguró una “semana frenética e intensa de trabajo”.

Ambas formaciones señalaron que el acuerdo es a todo o nada —es decir, que no sería suficiente un pacto limitado a algunos bloques— y que por eso no pretenden informar de los pactos puntuales a los que van llegando en la escasa semana de negociaciones que tienen hasta el 30 de agosto, fecha del debate de investidura.

Si esta no fructifica, nada de lo acordado —ni siquiera las seis medidas firmadas ya para abrir las negociaciones— tendrá validez. Preguntado por cuándo entraba en vigor el cese de los cargos públicos imputados por corrupción del documento ya suscrito, el vicesecretario de Organización popular se mostró tajante: “Para que entre en vigor ese documento tiene que haber Gobierno. Si no hay investidura ni Gobierno, no existe ni este ni otros acuerdos”.

El documento firmado por los respectivos portavoces parlamentarios establece que las condiciones “se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura”.

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