Solo cinco países de la UE tienen reválidas en secundaria

Casi medio millón de alumnos de secundaria y Bachillerato se enfrentan a partir del curso que viene a una novedad: las reválidas. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), España se suma a un grupo reducido con solo cinco países de la Unión Europea —Portugal, Reino Unido, Italia, Estonia y Malta—.

En la etapa siguiente sí son pruebas generalizadas. España tendrá una nueva prueba que sustituye la Selectividad. En 23 sistemas educativos europeos, los estudiantes deben pasar un examen obligatorio que sirve tanto para la entrada al campus como para conseguir el título de estudios secundarios postobligatorios. Las primeras reválidas españolas no serán vinculantes. Será en 2018 cuando los alumnos de 4º de la ESO (15 y 16 años) y 2º de Bachillerato (17 y 18 años) deberán aprobarlas para obtener un título que les permita seguir sus estudios.

En Europa, es más común no pasar ninguna evaluación externa al acabar la secundaria obligatoria, como ocurre en 13 países. Otros ocho realizan pruebas que los alumnos no necesitan aprobar para poder seguir en las aulas y cinco usan reválidas. 

Mayoritario en Bachillerato

En la siguiente etapa, la tendencia es justo la contraria. Hay un pequeño grupo de países sin exámenes externos (Suecia y parte de Bélgica) mientras Polonia y Grecia funcionan como España hasta ahora, con una prueba similar a la Selectividad que solo afecta a los que quieren proseguir sus estudios en la Universidad pero que no es necesaria para conseguir el título de Bachillerato. En los otros 23 países, los jóvenes se examinan tanto para obtener el certificado como poder ir a la facultad (ver gráfico). Estas conclusiones se obtienen tras combinar datos del informe ‘PISA 2012: Resultados: ¿Qué hace que las escuelas tengan éxito?’ de la OCDE, con otros más recientes de la red Eurydice y la recopilación directa en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Finlandia.

En España, este tipo de pruebas llegan rodeadas de controversia. La rechazan la oposición política, los principales sindicatos docentes, la principal asociación de directores y, según un informe reciente de la Universidad Autónoma de Madrid, hasta el 80% de los profesores. El Consejo de Estado cree que la regulación se ha hecho "con poca participación de los afectados".

El riesgo de preparar solo el examen

El Ministerio de Educación defiende que servirán para “introducir elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados”, según señala en el real decreto que las regula, y para “orientar e informar a alumnos y familias”. La analista de políticas educativas de la Comisión Europea Isabelle de Coster ve ventajas similares. Obtener unos resultados equiparables en todo el país “permite conocer de forma objetiva las desigualdades existentes entre estudiantes y escuelas y poder remediarlas”. Miyako Ikeda, analista educativa de la OCDE, añade que hay estudios que avalan que estas pruebas pueden mejorar el rendimiento de los estudiantes aunque “no existen remedios mágicos, por lo que es difícil creer que una sola práctica pueda conducir automáticamente a la mejora”.

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Entre los efectos negativos, De Coster advierte de un asunto que ya preocupa en España con la Selectividad: el riesgo de que los profesores se vuelquen en enseñar a los alumnos para pasar la prueba “disminuyendo el tiempo dedicado a competencias más amplias” o que excluyan a aquellos con “peores resultados” para que la nota final del centro mejore.

En Reino Unido, por ejemplo, los estudiantes dedican dos años a obtener el certificado final de secundaria y, si quiere ir a la universidad, pasarán otros dos preparando las pruebas de acceso. Francia hace un examen no vinculante en secundaria y después el Baccalauréat, creado en 1808, que valida la secundaria general y da acceso a la enseñanza superior.

Los sindicatos docentes franceses, como la Sgen CFDT, consideran que también allí la enseñanza está demasiado centrada en esta prueba final, en detrimento de la evolución de los alumnos en los tres años previos. El sindicato de directores de centros escolares SNPDEN calcula además que esa evaluación, sumando la organización y las tres semanas de clases perdidas durante el año escolar, supone un coste anual de 1.500 millones de euros. El Ministerio de Educación español ha estimado que la reválida de secundaria costará 2,3 millones de euros y que no habrá costes añadidos con la que sustituye la selectividad.

El papel del profesor

España, como ya hacen otros países como Alemania e Italia, tendrá en cuenta para la nota final tanto el resultado del examen como, en mayor medida, las notas del alumno durante los años previos de formación. Para poder hacer esa media, no obstante, habrá que sacar al menos un 5. En el caso italiano, cuyos exámenes externos están recogidos en la Constitución, no basta el aprobado. Allí se necesita un 60 sobre 100 (o 6 sobre 10 en escala española) para continuar.

La normativa española otorga un papel secundario en la elaboración de la prueba a los profesores directos de los alumnos, mientras los italianos consultan a los tutores. “Estas pruebas son muy útiles para descubrir los problemas de los centros y es absolutamente necesario implicar a los profesores en ellas”, añade Carmela Palumbo, directora general de Ordenamiento Escolar en Italia. Asegura que hace mucho que estos exámenes, instaurados en 1948, ya no son polémicos en su país. O casi: “La discusión de cada año es sobre si han sido más fáciles o más difíciles que el anterior”.

Con información de Enrique Müller, Ana Teruel y Patricia Tubella.