Bankia y el enigma 6.913

El misterio de las provisiones de 6.913 millones de euros en Bankia sigue en pie. Las declaraciones de cinco funcionarios del Banco de España en calidad de testigos ante el juez Fernando Andreu (imagen) han dejado sin aclarar al menos uno de los grandes misterios del caso de la salida a Bolsa de Bankia: los 6.913 millones de euros de provisiones (fondos que reservan las entidades bancarias para cubrir insolvencias/pérdidas) que anuncia el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 29 de junio de 2011.

Los peritos judiciales, inspectores del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez, han calificado esos 6.913 millones como inexistentes, vaya, una invención. 

Busquets, señala en su informe entregado al juez Andreu el 31 de marzo pasado lo siguiente: "La salida a Bolsa fue fraudulenta porque los estados financieros incumplían la normativa contable...El folleto informaba de la existencia de unas provisiones para insolvencia de 6.913 millones que eran falsas. Esta información se utilizó por Bankia como argumento comercial para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión".

 Busquets incluye en su informe las notas técnicas elaboradas en el Banco de España por las direcciones generales de Regulación y de Supervisión.

Y subraya: "La Dirección General de Regulación ratifica lo que ya indicaba en diciembre de 2010, que las provisiones por insolvencia de las cajas se consumieron a valor razonable [precio de mercado] y que no se traspasan ni se incorporan en los estados financieros, públicos o reservados de BFA, esto es, que no tienen impacto patrimonial ni económico".

¿Qué quiere decir? Las provisiones de las siete cajas que se fusionaron para crear Bankia no eran "traspasables" a la nueva entidad. Que si había, como dice el folleto, provisiones por valor de 6.913 millones, debían figurar en los libros de Bankia.

Precisamente: el perito Sánchez sugiere en su informe que para conocer si existieron o no estas provisiones fantasma hay que determinar la fecha y el importe del cargo en la cuenta de resultados de Bankia a 31 de marzo de 2011. Es decir: hay que ir al libro diario donde presuntamente deberían figurar.

Desde el que fuera director general de Supervisión de Bankia en el momento de la salida a Bolsa, Jerónimo Martínez Tello, hasta el actual, Mariano Herrera, pasando por el subdirector, Pedro Comín, el que fuera director general de Regulación, Julio Durán, y los inspectores Pedro González y Pedro Bravo, todos, han asegurado que esas provisiones existían. Hombre, si son las llamadas coloquialmente pepas. Las provisiones específicas pendientes de asignar.

Pero, ¿de dónde salen las pepas? Y ¿dónde están registradas esas pepas por 6.913 millones de euros?

El grupo de los cinco aseguró, en apoyo del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, responsable del seguimiento de Bankia, que en efecto esas provisiones existían. Aunque se leyó en alguna de las declaraciones la circular 4/2004 del Banco de España, donde brillan por su ausencia, los cinco no dudaron de su existencia legal ni real. En algún lugar debían estar. Se dijo que estaban en los "inventarios" y que eran un colchón suficiente.

Esto de las pepas fue incluido en un informe que la comisión rectora del FROB (Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria), el organismo creado durante la crisis financiera para canalizar las ayudas a las entidades financieras, solicitó al Banco de España en febrero de 2015, después que los peritos Sánchez y Busquets cuestionaran su existencia, en sus primeros informes, en diciembre de 2014. La comisión gestora del FROB, presidida por el subgobernador, Fernando Restoy, pedía un informe para contrarrestar los argumentos de los peritos. Como esto debía solicitarlo, en todo caso, al juzgado, ya que era y es acusación particular en la causa, resolvió hacerlo de manera "discreta": "Hay que mantener la menor visibilidad o injerencia del Banco de España". Eso dice el acta de la reunión del 24 de febrero de 2015.

Los argumentos aportados por el Banco de España al FROB -de cuya existencia advirtió la defensa de Rodrigo Rato al pedir que se enviara al juzgado- eran contradictorios. La dirección general de Supervisión decía una cosa y la de Regulación, otra. La primera, que las pepas existían. La segunda, que no tenían impacto económico. Es la nota técnica que cita Busquets en su informe.

El juez Andreu consideró durante las declaraciones de la semana pasada, sin entrar al fondo del asunto, que los directores generales que formaban parte de la comisión gestora del FROB (Durán y Herrera, por ejemplo), es decir, peticionantes del informe técnico al Banco de España, y a la sazón participaron en la elaboración del mismo desde el Banco de España, habían incurrido en un conflicto de interés.

Preguntó, por ejemplo, a Julio Durán, director general de Regulación en aquellos días y miembro de la comisión gestora del FROB, si no se había planteado abstenerse por ese conflicto, y preguntó de manera retórica si la conducta le parecía "moralmente admisible". El juez elevó el tono al plantear si "se podía instrumentalizar las instituciones para beneficio propio".

A Herrera, Andreu le espetó que se trataba de una "artimaña".

Bien.

Si bien los hechos hablan por sí mismos, y como dijo el juez a Durán, no se necesita ser experto jurídico para saber que había un flagrante conflicto de interés y que se estaba utilizando las instituciones (FROB y Banco de España) para beneficio propio, esto es, en defensa de una actuación, el misterio de los 6.913 millones de euros sigue ahí. Esta cifra del folleto no disuadió en febrero pasado a la sala civil del Tribunal Supremo para calificarlo como un instrumento para engañar a los pequeños inversores.

Las declaraciones no han desvelado, pues, el misterio que podríamos llamar el enigma 6.913. 

Los funcionarios han echado una mano al socio auditor Francisco Celma y a Deloitte. Tanto el socio como la empresa habían insistido en sus declaraciones como imputados/investigados una y otra vez que actuaron en función de lo que los altos cargos del Banco de España les sugerían -excusa el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) desestimó, y que el Ministerio de Economía acaba de confirmar, al sancionar al auditor por falta muy grave y otras dos infracciones-, pero no han ayudado a identificar los 6.913 millones de euros, ese pretendido colchón para cubrir insolvencias de Bankia que, han asegurado, estaban en los "inventarios".

Las declaraciones testificales continuarán en septiembre próximo. El día 5 prestará declaración José Antonio Casaus, jefe de equipo, lo que en la jerga llaman cabecera, de Bankia durante la salida a Bolsa del 20 de julio de 2011 y durante la reformulación de las cuentas posterior a la quiebra de 2012. 

Y last but not least, el juez Andreu ha solicitado al Banco de España todas las comunicaciones (notas, agendas y comentarios, reuniones periódicas) que mantuvieron los equipos de inspección con los ejecutivos de Bankia en 2011. El abogado Andrés Herzog solicitó también, entre el material, los correos electrónicos intercambiados, un sistema habitualmente utilizado por los inspectores, y los ejecutivos.

La caja negra, vaya.