Asistentes personales al margen de la ley

En la plaza del Conde del Valle de Suchil se divisa un semicírculo de sillas de ruedas. Varias mujeres acomodan en torno a dos bancos a los dependientes a los que asisten, en su mayoría ancianos y personas con diversidades funcionales. Ellas se reparten las plazas bajo los árboles, el banco y los contratos. "Aquí cotizar, casi solo cotiza la sombra", bromea Patricia, colombiana de 46 años. Hace cerca de dos que acompaña a "la señora Lola", y se califica como una de las afortunadas de la plaza. Trabajó en negro casi una década cuidando a pacientes de esclerosis múltiple y otras enfermedades degenerativas, pero ahora ha logrado el alta en la Seguridad Social y un contrato como interna por 700 euros. Alejandra, en cambio, continúa "por su cuenta y riesgo", como ella lo llama, engrosando esa parte del colectivo que trabaja irregularmente y que el caso del dirigente de Podemos Pablo Echenique ha traído a primera línea del debate público.

Conoce el caso vagamente, aunque los detalles le son familiares: "También trabajo por horas, y así es mucho más difícil conseguir que te regularicen, aunque tengas los papeles", explica. Asiste de nueve a cinco a Mari Luz, una mujer de 88 años enferma de Alzhéimer que vive con su marido, de 93. Desconoce si el matrimonio recibe prestación por la Ley de Dependencia, pero aventura que la negativa a hacerle contrato no responde a motivos económicos. "Podrían permitírselo porque están en buena posición. Querían pagarme 650 euros al mes, pero logré que subieran a 800. Tenemos que hacerlo así, por lo menos que nos paguen algo más si no estamos dadas de alta, es la única forma de luchar por nuestros derechos ", explica.

En otras ocasiones, quien rechaza la regularización es el propio asistente. "Cuido a un enfermo de distrofia muscular dos horas al día. Si me diera de alta por esas 14 horas semanales, perdería la prestación por desempleo y no puedo permitírmelo", reconoce David, de 38 años. Cobra 10 euros la hora, un precio estándar para quien trabaja en negro, que puede escalar hasta los 12. Cuando perdió su trabajo en una empresa de logística, la posibilidad de asistir a un conocido fue su tabla de salvación, valiéndose de ciertos conocimientos en geriatría y su corpulencia. "Como él [Echenique], también sé que hago mal, pero no tengo otra salida", aduce. Una de las páginas web de oferta y demanda de empleo que utiliza para encontrar un contrato con otros dependientes, da buena cuenta de que la economía sumergida está en la superficie del sector. "Se busca asistente o cuidador para trabajar sin contrato por horas", es uno de los reclamos más recurrentes.

"Yo podría dar perfectamente de alta a la cuidadora de mi madre, porque recibo en torno a 300 euros por la Ley de Dependencia, aunque no cubriría todo el sueldo. Fue ella quien me pidió que no lo hiciera, porque prefería cobrar un poco más por hora, en lugar de que invirtiera yo esa cantidad en pagarle la Seguridad Social", revela Laura. Su caso expone la problemática que a la larga acaba arrinconando a este tipo de trabajadores. "Me explicó que aunque le diera de alta, después de tantos años en negro, ya no llegaría al mínimo de cotización. A mí al principio me daba reparo, pero accedí porque a fin de cuentas yo invierto exactamente lo mismo", justifica.

En realidad, según Iñaki Martínez, de la Asociación Española de Asistencia Personal (ASAP), el color en el que se desenvuelven los asistentes personales se enmarca más en la escala de grises, que en el negro. Describe la tesitura actual como una "lucha por la supervivencia, una sucesión de apaño tras apaño", en la que asistentes y asistidos se ven forzados a sortear la legalidad para salir adelante. Alternan el blanco y el negro, la economía doméstica y la sumergida. "Llevamos tanto tiempo trabajando en estas condiciones que al final se ha convertido en la normalidad el hecho de 'búscate la vida y negocia con tu asistente'", apunta. Señala tres asuntos nucleares que provocan que el trabajo en negro esté a la orden del día: la escasa dotación económica de la Ley de Dependencia, la falta de profesionalización de la figura del asistente personal y la nula regulación.

¿Cuidadores o asistentes?

"¿Qué más da que sea cuidadora o asistente? Al fin y al cabo, hago el mismo trabajo", responde Lili, mientras le recoloca las gafas de sol a Daniel, de 89 años, que sufre demencia senil. La mayoría no ve más allá de un matiz semántico entre ambas denominaciones porque, cuando todo es negro, las categorías profesionales se difuminan. "Hay muchísima confusión respecto a esto, y un cuidador no es un asistente personal ni viceversa, cubren necesidades y competencias distintas", aclara Iñaki Martínez.

La figura del asistente personal nace del modelo social de la discapacidad, no del modelo médico rehabilitador. Es la única que promueve la autonomía de las personas, no la dependencia. "Por ejemplo, la mujer de Echenique, aunque al principio lo llamó así, nunca puede ser un asistente personal. Va mucho más allá de manejar una grúa, de poner un pañal, de dar de comer o del aseo personal, que también lo hacemos", apostilla. Esta figura, ya existente en EE UU y Europa, desembarcó en España en 2001 y se incorporó al artículo 19 de la Ley de Dependencia en 2006. "Pero es insuficiente, porque no se ha regulado, solo hay borradores. No tenemos cualificación, ni formación reglada, porque no tenemos categoría profesional. No somos ni ayuda a domicilio ni cuidadores de residencia", denuncia.

Desde la Federación de Vida Independiente (FEVI) también llevan años abogando por una regulación específica, desligada de la Ley de Dependencia. "Si no se tipifica, los problemas de contratación continuarán", aventura Ismael Llorens, su presidente. Asegura que los trabajadores sociales desconocen al asistente personal y no suelen recomendar su contratación. "De las casi 900.000 prestaciones reconocidas por la ley, solo 1.300 se van a la asistencia personal, que corresponden la mayoría a un programa de San Sebastián enfocado a la gente mayor. Quitando esos casos, en España solo hay 200 prestaciones por asistencia personal, y eso es también porque parte de nuestro colectivo desconoce la figura", revela. Cerca de 445.000 personas con discapacidad están aún a la espera de recibir la ayuda prometida en la ley.

No salen las cuentas

Ambas asociaciones coinciden en que las dotaciones contempladas en la ley son insuficientes para cubrir la demanda. Las cuentas no salen. Ismael ilustra que en su comunidad, Valencia, el máximo que se recibe por asistencia personal es de 1.300 euros. "Si resto la cuota de autónomo para el asistente, se quedan en 1.000. Lo percibo en 12 pagas, y a él se lo tengo que pagar en 14 y cubrir un mes de vacaciones, las bajas... Y estamos presuponiendo la cuota máxima", valora. A eso se añade el difícil acceso al mercado de trabajo de las personas con diversidad funcional, como él: "Puedes cobrar pensiones no contributivas que no van más allá de los 450 euros. Dime tú cómo salen las cuentas, porque además, muchos de nosotros necesitamos más de un asistente, no basta con las 40 horas semanales de uno solo", apunta.

Claudio necesitó dos durante los últimos años de su vida antes de que sus familiares le internaran en una residencia. Sufría párkinson, Alzheimer y esquizofrenia, era dependiente de Grado II. Le asistieron durante nueve años Amparo y su hija Isabel, pero la prestación solo alcanzaba para costear el alta en la Seguridad Social de la primera, que le atendía por las mañanas en media jornada. "Por la tarde iba yo otras tres o cuatro horas, pero me las pagaban en negro a un precio más bajo. Pude hacerlo porque ya tenía un trabajo estable el resto del día", explica Isabel. La legislación vigente contempla los servicios de asistente personal durante un máximo de 190 horas al mes, lo que lleva a los asistidos a buscar otras fórmulas. El propio Iñaki Martínez lleva más de 13 años en el oficio, y también tiene que recurrir al gris. "Por una jornada completa me pagan 850 euros, y con eso no vivo. Tengo que hacerlo a media jornada para tener más flexibilidad y poder trabajar con otras personas", explica.

Los intentos de profesionalizar la figura del asistente personal llevan tiempo estancados. ASAP protesta por haber sido excluido del grupo de trabajo creado hace un año para estudiar la cualificación profesional, y rechaza la opción de que el asistente tenga que darse de alta como autónomo. FEVI denuncia que el cambio de Gobierno ha dejado paralizado el borrador del Comité Técnico de Cualificaciones (INCUAL), donde comenzaban a esbozarse nuevas vías que tampoco iban bien encaminadas. Ambos esperan que el ruido provocado por el caso del número tres de Podemos opere como excusa y facilite mejoras para los profesionales y asistidos, impulsando la transición. Aunque sea al gris claro. "No debería ser tan difícil ni vivir con esto, ni vivir de esto", convienen.