Interior aprecia un “posible” caso de conflicto de intereses en la actuación de Seguí

El Ministerio del Interior ha concluido que existió un "posible" caso de conflicto de intereses en la actuación de la exdirectora general de la DGT, María Seguí, que se encontraba al frente de Tráfico cuando este financió tres proyectos universitarios en los que participó su marido. Según la investigación interna abierta por el departamento encabezado por Fernández Díaz, antes de que Seguí dimitiese la pasada semana, la exdirectora incurrió en un "posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de altos cargos".

Los resultados de esta investigación se van a trasladar ahora a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que los estudie. Y ponga en marcha, "en su caso", el correspondiente expediente, según detalló Interior a través de un comunicado, donde daba a conocer algunas claves de estas pesquisas que abrió para aclarar si la DGT concedió de manera regular, entre 2012 y 2014, tres proyectos al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba la pareja de Seguí, Francisco López Valdés.

Interior ha concluido que Tráfico adjudicó y formalizó estos tres proyectos, por un valor total cercano a los 50.000 euros, de manera regular y conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. "No se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados públicos de la DGT que intervinieron en las distintas fases del procedimiento de contratación", subrayó ayer el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz, que sí apunta, en cambio, a la "posible" responsabilidad de Seguí por incumplir en este caso la Ley de Incompatibilidades.

Fuentes de la Oficina de Conflictos de Intereses ya explicaron la semana pasada a EL PAÍS que no existe ninguna normativa que obligara a Seguí, que no formaba parte de la mesa de selección, a avisar de que el grupo de trabajo de su pareja optaba a esos proyectos. Aunque esas mismas fuentes se refirieron al artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe a los cónyuges contratar con un organismo público "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación". El entorno de Seguí asegura, por su parte, que solo espera ahora que "la oficina emita su informe pronto".

La DGT ha defendido desde el principio que estos tres contratos no se dieron de forma arbitraria y que, "desde 2012, se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades con más de 900 investigadores nacionales". Un portavoz de la Universidad de Zaragoza detalló, por su parte, que López no consta en la documentación que se trasladó a Tráfico para la concesión: el responsable y encargado de gestionar la financiación era otro profesor, Juan José Alba. Pero, eso sí, en los documentos publicados por la DGT una vez acabado el trabajo, el marido de Seguí aparece en la ficha técnica como uno de los autores de las investigaciones