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La doctora Pinto pide reabrir la causa contra López Madrid y el comisario Villarejo

La aparición de nuevos hechos ha provocado nuevas alegaciones de la dermatóloga

El comisario José Manuel Villarejo en una imagen de archivo.
El comisario José Manuel Villarejo en una imagen de archivo. EFE

Elisa Pinto, la dermatóloga que acusó al empresario Javier López Madrid de acoso, ha solicitado al juzgado que reabra la causa, archivada provisionalmente en marzo, por la aparición de hechos nuevos que provocan nuevas alegaciones. Entre estos destaca la declaración de un testigo que niega la coartada esgrimida por el comisario José Manuel Villarejo, acusado por la doctora de haberla apuñalado en presencia de su hijo. En el escrito se vuelve a pedir la rueda de reconocimiento que el policía logró eludir por el archivo de la causa.

La abogada Ana Blanco Vázquez de Prada presentó el 20 de julio un escrito ante el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, planteado como un complemento al recurso de reforma presentado el 17 de marzo y que todavía no ha sido resuelto por la juez. Se solicita la revocación del auto de archivo de la causa y que se realicen un total de 10 diligencias de investigación.

El caso de la doctora Pinto y el empresario López Madrid ha estado rodeado de una enorme polémica, desde el momento en que ambos se denunciaron mutuamente por acoso y amenazas, e incluso por agresión en el caso de Pinto contra López Madrid. Se abrieron dos procedimientos en los juzgados 26 y 39 de Madrid. Mientras la denuncia del empresario ha seguido adelante, la de la doctora fue archivada.

El escrito presentado la semana pasada alega la existencia de una grabación entre el periodista Eduardo Inda y el comisario de policía Jaime Barrado, del día 1 de marzo pasado, en la que Inda reconoce que no estuvo reunido con Villarejo el 10 de marzo de 2014 entre las siete y las ocho de la tarde (fecha y hora del apuñalamiento de Elisa Pinto) en el Hotel Holiday Inn Bernabéu, como declaró el comisario por escrito, porque en ese momento estaba comprando camisas en la tienda de Hermès de Madrid. La abogada afirma que esa declaración inhabilita la coartada de Villarejo.

Denuncias cruzadas de acoso y amenazas

El caso de la doctora Pinto y el empresario López Madrid se ha tratado en dos juzgados diferentes, el 39 y el 26 de Madrid. En el primero, la dermatóloga Elisa Pinto demandó al empresario por acoso. En el 26, es el empresario quien demanda a la doctora por acoso.

El juzgado número 26 ha seguido con el procedimiento, mientras que la juez del 39 resolvió el archivo.

La abogada de la dermatóloga presenta un escrito para que se vuelva a abrir el caso y se realicen un total de 10 diligencias de investigación. Se solicitan nuevos testimonios y una rueda de reconocimiento.

Contacto telefónico

Las alegaciones se refieren también a la declaración de López Madrid, en la que reconoció haber mantenido algún contacto telefónico “por razones de cortesía” con el citado comisario (cuando previamente había negado conocerle), que se contradice con el hecho de que existen más de 65 conversaciones telefónicas entre ambos, según información aportada por las compañías telefónicas. Hay llamadas del empresario a otros dos comisarios, Conde y García Castaño, y al despacho de abogados propiedad de Villarejo.

El documento presentado ante el juzgado 39 de Madrid se refiere también a errores relevantes en los informes policiales “que denotan espurios intereses y grave manipulación de los datos”. La investigación la realizó el inspector Alberto Carba que, según el escrito, jamás interrogó a la doctora Pinto ni revisó los soportes digitales de los informes presentados ni comprobó los soportes documentales existentes. Además, a instancias suyas se elaboró un informe de conducta sobre Pinto, en la que la tachaba de “psicópata de manual”. El informe fue realizado por la esposa de Carba.

Por todo ello, la abogada de Pinto ha pedido la reapertura de la causa y la práctica inmediata de hasta 10 diligencias. Se solicitan los testimonios de Eduardo Inda y Jaime Barrado y la convocatoria de la suspendida rueda de reconocimiento de Villarejo, con objeto de corroborar en los juzgados el reconocimiento fotográfico que se practicó en la comisaría de Chamartín por parte de la doctora Pinto, en el que reconoció sin lugar a dudas al comisario como autor del apuñalamiento.

La dermatóloga advierte de una “íntima conexión” con el ‘caso Nicolay’

En el escrito presentado por la abogada de Elisa Pinto ante el juzgado 37 se dedica un capítulo a lo que denomina “la íntima conexión entre los hechos investigados en el caso Nicolay y el caso de la doctora Pinto”. Se refiere, en concreto, a las actuaciones realizadas en ambos casos por los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, a toda la parafernalia de grabaciones, seguimientos y filtraciones a los mismos medios de comunicación y al intento de excluir de la investigación a los policías que la realizaban.

En el caso de la doctora Pinto, la Dirección General de la Policía consiguió apartar del proceso al comisario Jaime Barrado, llegando a aducir “hiperactividad en la investigación”. Sin embargo, en el caso Nicolay, los intentos desde el Ministerio del Interior y desde la propia fiscalía para acabar con la comisión judicial que lleva la investigación han sido rechazados por el juez instructor del juzgado 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, apoyado por la Abogacía del Estado.

También en ambos casos, el Ministerio Fiscal ha sido especialmente tajante en sus actuaciones. Fue el fiscal el que solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a López Madrid y Villarejo. Y fue también el fiscal (en este caso, Alfonso San Román), el que se opuso a buena parte de las diligencias solicitadas por la comisión judicial de la Policía Nacional y se sumó dos veces a la petición de la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias de echar de esa comisión a los policías que la formaban.

En este caso, la actitud del fiscal San Román cambió de un día para otro, ya que fue él quien ordenó investigar la grabación y divulgación de la conversación entre policías y miembros del CNI y ha estado informado puntualmente de todas las diligencias practicadas desde el 20 de octubre de 2014. Sin embargo, en abril de 2016 se empezó a oponer a las actuaciones solicitadas por la comisión judicial y en junio se opuso radicalmente a las medidas propuestas contra diversos miembros de la cúpula policial y el comisario Villarejo.

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