Las investigaciones por delitos urbanísticos en Cádiz se triplican

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El ladrillazo de la autoconstrucción al margen de la ley recupera el pulso en uno de sus bastiones, la provincia de Cádiz. Al menos así lo asegura la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, que en su informe anual de 2015 alerta de un significativo incremento de los delitos urbanísticos y ambientales. Así, en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico, la provincia ha triplicado sus investigaciones y ha pasado de las 44 actuaciones de 2014 a las 143 registradas en 2015. Eso supone un incremento de un 225% en unas actuaciones que siguen centrándose mayoritariamente en delitos contra la ordenación del territorio.

“La Ordenación del Territorio continua siendo (…) el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de la urbanización ilegal aislada como de la realizada de manera masiva omitiendo todo acatamiento a la normativa urbanística”, reconoce en su informe Patricia Navarro, la fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia. Así, ha sido la construcción ilegal la que “ha experimentado un aumento considerable” que se ha traducido en un cambio en la tendencia de descenso.

En los últimos años, el boom urbanístico y la permisividad de muchos Ayuntamientos con las construcciones ilegales llevaron al aumento de medidas sancionadoras. Ese miedo a multas o a procedimientos penales, sumado a la crisis, llevó a un destacado descenso de las investigaciones de este tipo de delitos. Sin embargo, esta caída de las investigaciones ha terminado en 2015, según reconoce la memoria: “Debemos destacar que se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal como denota el notorio incremento de las diligencias de investigación penal”. El pasado año se celebraron 42 juicios; 37 de ellos versaban sobre delitos contra la ordenación del territorio. De ellos, solo cuatro acabaron con sentencias absolutorias.

De este aumento, la Fiscalía de Cádiz destaca las construcciones ilegales que “se llevan a cabo tanto en suelo no urbanizable común como en suelos no urbanizables especialmente protegidos”. Es el caso de las investigaciones que se han abierto por edificar en espacios naturales como Parque Natural del Estrecho o el Parque Natural de Los Alcornocales. Por su trascendencia, la fiscal habla de una de las localidades gaditanas en las que más viviendas irregulares existen, Chiclana. Hace referencia a la Operación obra nueva, en la que “se investiga una amplia trama de delincuencia urbanística y que ya alcanza una gran dimensión que ha motivado su desglose en varias diligencias”.

“Desidia” municipal

La Memoria de la Fiscalía es especialmente dura con el papel que juegan los Ayuntamientos en el control urbanístico. “A veces, se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial, ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporación local. Las razones aducidas por los Ayuntamientos para no haber aplicado la Ley en este sentido son el exceso de trabajo”, denuncia el informe. A eso se suma “la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización” que suelen ser incumplidas y dan lugar a un delito añadido de desobediencia.

Aunque desde la fiscalía notan que el ciudadano tiene un mayor temor a la denuncia penal por construcciones ilegales, advierten la escasa incidencia que tienen las sentencias de demolición. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, no todas las condenas obligan a la demolición, pese a que, a juicio de la fiscalía, “es lo único que garantizaría realmente la reparación del daño causado”. Por otro, el incumplimiento de las penas en aquellos casos en los que sí tiene que intervenir la piqueta: “Es especialmente lamentable la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme”. De hecho, en 2015 tan solo se han ejecutado tres derribos y quedan 70 pendientes de ejecución que se arrastran, en algunos casos, desde 2008.

En esta dejación acusa la Fiscalía a dos causantes: el penado que “se hace el sordo” para ejecutar la sentencia y los Ayuntamientos que tampoco las aplican. “Esa misma actitud renuente, la misma desidia, se observa en los Ayuntamientos cuando subsidiariamente deben proceder a la misma, estos terminan alegando insuficiencia presupuestaria”, denuncia la fiscalía. De hecho, en más de una ocasión los Ayuntamientos aducen “que el concurso de adjudicación de las obras resulta desierto” cuando dada la cuantía de las obras de demolición “no sería necesario acudir a este procedimiento de ejecución externo”. Un “giro de tuerca más” de unos Consistorios que benefician al particular que “sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, del propio Ayuntamiento”.

Durante el pasado 2015, la fiscalía ha actuado también en un caso de vertidos de lixiviados en el arroyo Chorreón y el río Guadacorte (Los Barrios), con origen en instalaciones de tratamiento de residuos. Además, se han producido dos pronunciamientos condenatorios en delitos contra el patrimonio histórico, uno por sustraer tallas religiosas de valor artístico (en Medina y en San José del Valle) y por la demolición no autorizada de una casa burguesa del siglo XVIII (en Cádiz).